Con 3 menores muertos en operación militar del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, ya van 107 en los últimos tres gobiernos

La muerte de tres menores de edad durante una reciente operación militar en Guaviare volvió a poner sobre la mesa el debate por la presencia de niños y adolescentes en zonas de combate y por las condiciones bajo las cuales las Fuerzas Militares ejecutan bombardeos contra estructuras armadas.

Con los casos registrados el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, el número de menores fallecidos durante operaciones militares en los tres últimos gobiernos llegó a 107. El consolidado corresponde a 42 muertes durante la administración de Iván Duque, 62 durante el gobierno de Gustavo Petro y tres en los primeros días del mandato de Abelardo de la Espriella.

El episodio más reciente ocurrió durante el operativo Amón, dirigido contra tres zonas campamentarias del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de alias Calarcá. La acción dejó 10 integrantes de esa estructura muertos. Entre ellos estaban dos menores de 15 años y otro de 16. Además, las autoridades reportaron un capturado y la recuperación de otro menor.

Las Fuerzas Militares divulgaron imágenes de la operación, en las que se observa el despliegue de las aeronaves, el ingreso posterior de las tropas y el material de guerra encontrado en el lugar.

El Gobierno de De la Espriella defendió la actuación militar. A través de su cuenta oficial en X, el presidente manifestó su respaldo a este tipo de operaciones y sostuvo que deben realizarse contra los grupos armados dentro de las normas establecidas. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas (sic)”, señaló.

El mandatario también cuestionó a las organizaciones armadas por reclutar menores y utilizarlos dentro de sus estructuras. Según su posición, quienes recurren a estas prácticas deben responder por las consecuencias de incorporar a niños y adolescentes al conflicto. “Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario (sic)”, expresó.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, encabezado por Jorge Mora, aseguró que el operativo cumplió las condiciones legales previstas para la ejecución de bombardeos. La entidad indicó que durante la planeación y el desarrollo de la acción se observaron los estándares establecidos para este tipo de ataques.

“La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley. Entre ellos la entrega de los cuerpos a Medicina Legal para su respectiva identificación”, puntualizó el Ministerio.

El registro de los últimos gobiernos muestra que la presencia de menores en campamentos de grupos armados aparece en distintos momentos. Durante la administración de Iván Duque en operaciones militares entre 2018 y 2022.

Uno de los episodios que provocó mayor controversia ocurrió el 29 de agosto de 2019 en San Vicente del Caguán, Caquetá. Allí fue bombardeado un campamento de las disidencias de las Farc donde se encontraba alias Gildardo Cucho. Después se estableció que ocho de las personas fallecidas eran menores de edad. El caso fue revelado durante un debate de moción de censura y derivó en la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.

En marzo de 2021 ocurrió otro bombardeo, esta vez en Calamar, Guaviare, contra un campamento de las disidencias de alias Gentil Duarte. Tras conocerse que entre los muertos había menores reclutados, el entonces ministro Diego Molano defendió la operación y afirmó que las estructuras armadas los convertían en “máquinas de guerra”.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026. Uno de los casos más recientes ocurrió en noviembre de 2025, cuando un bombardeo en Guaviare contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ dejó 20 integrantes muertos, siete de ellos menores de edad. Petro confirmó entonces que autorizó la operación y explicó que la estructura se desplazaba hacia una posición de tropas del Ejército.