
El congresista Simón Molina Gómez radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exministro de Hacienda y Crédito Público Germán Ávila por la formulación, revisión y radicación del Presupuesto General de la Nación para 2027. La denuncia también incluye a otros exfuncionarios de la cartera que hayan participado en el proceso de formulación del presupuesto.
El representante a la Cámara, que funge como vicepresidente primero de la corporación, cuestionó el hecho de que el Gobierno anterior, en cabeza del expresidente Gustavo Petro, haya presentado un presupuesto desfinanciado, que requería de un recaudo tributario para poder completar los recursos faltantes.
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“Un presupuesto no puede construirse con plata que no existe. El Gobierno Petro presentó un proyecto por $575,6 billones que incluía $30,2 billones condicionados a una ley de financiamiento que ni siquiera había sido aprobada”, detalló Molina, citado en un comunicado.

Los análisis adelantados hasta el momento indican que el proyecto contiene posibles inconsistencias. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), por ejemplo, advirtió que el gasto primario superaba en $20,7 billones el límite establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Además, hay información poco clara relacionada con $12,6 billones en recursos de balance y se detectó una brecha de $8,3 billones entre los ingresos esperados y la reforma tributaria que propuso la administración.
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De igual manera, indicó que hay una presunta subestimación de obligaciones en $9,6 billones correspondientes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), gas, salud, pensiones y subsidios de energía.
En ese sentido, con su denuncia penal, el congresista espera que el ente acusador adelante una investigación en la que se determine si las inconsistencias que se identificaron en la propuesta –que también fue revisada por la nueva administración, liderada por Abelardo de la Espriella– corresponden a errores técnicos o si constituyen delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y fraude procesal.
En la acción legal que adelantó el congresista también solicitó recolectar toda la documentación que se requirió para la formulación del presupuesto. Esto incluye las actas del Confis, memorandos técnicos del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, documentos del proceso de empalme y soportes.
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“Esto no es un descuadre menor. Colombia merece saber si esto fue un error o si deliberadamente maquillaron las cifras y le presentaron al país como ciertas unas cuentas que no lo eran (...). Vamos a llegar hasta el fondo para que Colombia conozca qué pasó con sus cuentas, pues de comprobarse los hechos denunciados, estamos ante una gran operación criminal para encubrir malos manejos”, aseveró.
El presupuesto para 2027 que presentó De la Espriella
Ahora bien, el Gobierno de De la Espriella revisó el proyecto de presupuesto que presentó la administración Petro, hizo cambios y radicó una nueva propuesta. El nuevo presupuesto, que deberá ser discutido por el Congreso de la República, supera en $58 billones el que planteó el expresidente Gustavo Petro; el monto que estableció es de $634,9 billones.
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Al respecto, el congresista Simón Molina aseguró que el presupuesto terminó siendo más alto porque la nueva administración incluyó rubros que la anterior pasó por alto. Estos son:
- $6,5 billones por concepto de pensiones
- $2 billones para la salud
- $4,5 billones en salarios públicos
- $0,7 billones de universidades
- $9,6 billones del Fepc
“A eso se suma un salto de $37,4 billones en servicio de la deuda. El déficit que anunciaron en 2,1% del PIB quedó, al sincerar cifras, en 4,4%. Es el costo de haber presentado ingresos contingentes sin ley aprobada y gasto obligatorio por fuera del techo. Por eso pedí a la Fiscalía investigar”, precisó el legislador en X.
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