Álvaro Uribe insistió en criticar la reforma pensional tras aval de la Corte Constitucional: “Todos los riesgos de corrupción”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó fuertes críticas a la nueva ley pensional, luego de que la Corte Constitucional le diera un nuevo impulso al proyecto tras más de un año de debates y devoluciones al Congreso de la República.

Aunque en mensajes previos en redes sociales el líder del Partido Centro Democrático ya había expresado sus reparos frente a la Ley 2381 de 2024, a través de una publicación en su cuenta de X, Uribe reiteró que la iniciativa “marchita el ahorro, condena a los fondos de pensiones a desaparecer y anula las posibilidades de los jóvenes de construir mediante ahorro una buena pensión”.

De acuerdo con el exmandatario, la reforma entrega el 80% de los nuevos ingresos al sistema público, lo que, en su opinión, expone los recursos “a todos los riesgos de corrupción y politiquería”.

En contraposición, Uribe recordó que el sistema establecido por la Ley 100 permitió crear un ahorro de 500 billones de pesos propiedad de los trabajadores, considerado por él como un pilar para “el manejo macroeconómico del país”.

“La ley 100 tenía dos sistemas, el de prima media o estatal, con subsidios regresivos y el de capitalización individual”, dijo.

Es decir, que en su pronunciamiento, el líder político propuso como alternativa dejar un único sistema de capitalización individual administrado por los fondos privados, manteniendo la garantía de pensión mínima.

También planteó que el sistema público de prima media debería cerrarse a nuevas afiliaciones y continuar solo para quienes ya están vinculados, recibiendo aún sus cotizaciones, pero sin admitir nuevos traslados.

Según el exmandatario, los fondos privados podrían apoyar el financiamiento del déficit existente mediante créditos especiales a largo plazo, “esto para ayudar a pagar el déficit ya causado”.

El mensaje de Uribe también abordó el pilar semi contributivo para quienes no alcancen a la pensión, sugiriendo que siga bajo el modelo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPs), con la opción de acceder a una renta vitalicia o a la devolución del dinero, opción que, según él, la nueva ley eliminó. Además, propuso que el programa del Adulto Mayor dependa del presupuesto nacional, saneado con crecimiento económico, austeridad estatal y combate a la corrupción.

La nueva ley pensional

La intervención del exmandatario se conoce en un contexto de incertidumbre y ajustes en la reforma pensional. La Corte Constitucional declaró exequible la columna vertebral de la ley, que incluye un pago de pensiones a cargo del Estado hasta un máximo de 2,3 salarios mínimos, pero devolvió al Congreso diez proposiciones que no habían sido debatidas, otorgándole 30 días hábiles para su discusión. El alto tribunal fijó el 1.º de abril de 2027 como fecha de entrada en vigor de las disposiciones avaladas.

Esto implica que, durante los próximos años, coexistirán prestaciones reguladas por distintas normativas: regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, el esquema dual vigente desde esa ley y el nuevo sistema de pilares.

A partir del 1 de abril de 2027, quienes acrediten el número mínimo de semanas cotizadas –750 para mujeres y 900 para hombres– podrán conservar el régimen anterior, sea en Colpensiones o en una administradora privada, y no se verán afectados por las nuevas reglas. Para los nuevos afiliados, la ley establece un sistema de protección social integral con cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario

Expertos en pensiones y representantes de los fondos privados, como Andrés Velasco de Asofondos, advirtieron que la implementación del nuevo sistema requerirá desarrollos tecnológicos complejos y una reglamentación clara, además de advertir posibles diferencias en el trato a los cotizantes y un aumento en la litigiosidad.

“Aunque ocho meses parece mucho tiempo, el reto de atender a 25 millones de personas en un sistema totalmente diferente a partir del primero de abril es muy grande”, dijo Velasco, citado por Semana.

La reforma, que busca transformar el modelo dual público-privado vigente desde 1993, se encuentra aún en fase de ajustes técnicos y jurídicos. Mientras tanto, sectores políticos y económicos continúan debatiendo el alcance de los cambios y su impacto sobre el futuro de las pensiones en Colombia.