Procuraduría alerta abandono de 237 adultos mayores y 17.362 personas con discapacidad

Miles de personas mayores y personas con discapacidad permanecen durante meses, e incluso años, en hospitales, centros psiquiátricos y lugares de larga estancia porque no cuentan con una red familiar, comunitaria o estatal que les permita salir de esas instituciones y vivir en condiciones dignas. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo alertaron por el aumento de estos casos y pidieron una respuesta coordinada del Estado.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el informe ‘Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada de personas adultas mayores y con discapacidad’ fue elaborado en cumplimiento de la orden 15 de la Sentencia SU-367 de 2025 de la Corte Constitucional. El documento evidencia que 17.362 personas con discapacidad permanecen de forma permanente en instituciones de salud o cuidado, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana y por más de dos meses.

La situación es especialmente crítica para 12.184 personas con discapacidad que no tienen ninguna red de apoyo familiar o comunitaria, lo que las deja en riesgo directo de abandono. Además, un censo realizado en el 50 % de las alcaldías del país reportó 12.450 personas adultas con discapacidad psicosocial y 7.891 personas mayores en situación de abandono e institucionalizadas.

Abandono aumenta en hospitales

El informe también advierte que 4.941 personas mayores llevan más de un año internadas, pese a que muchas podrían requerir alternativas de cuidado distintas a la permanencia indefinida en instituciones. Para los organismos de control, el problema no se limita a la atención médica, sino a la falta de rutas de egreso, hogares de paso, apoyos comunitarios y servicios territoriales que permitan una vida digna fuera de hospitales o centros de larga estancia.

El abandono de personas mayores viene en aumento. Entre 2022 y 2025, el Instituto Nacional de Salud registró 10.942 casos de negligencia y abandono contra esta población, lo que representa un incremento acumulado del 87 % en cuatro años. Las personas entre 70 y 79 años son las más afectadas, con el 36 % de los casos, seguidas por quienes tienen entre 80 y 89 años, con el 34,5 %.

Uno de los datos más sensibles está dentro de las propias instituciones de salud. Los casos de personas mayores abandonadas en hospitales pasaron de 104 en 2022 a 237 en 2025. La Procuraduría y la Defensoría señalaron que este aumento muestra cómo hospitales y clínicas se están convirtiendo en lugares de permanencia prolongada para personas que no tienen familiares o redes que las reciban.

El reporte indica que los hombres representan el 60 % de estos casos, con 211 registros, mientras que las mujeres corresponden al 24 %, con 84. El informe relaciona esta diferencia con factores como la soledad no deseada, las rupturas familiares y la ausencia de redes de cuidado.

Bogotá y Valle concentran reportes

La problemática también presenta fuertes diferencias territoriales. Bogotá concentra 2.683 personas con discapacidad institucionalizadas, seguida por Valle del Cauca, con 2.381, y Cundinamarca, con 2.324. En cuanto a las notificaciones de negligencia contra personas mayores entre 2022 y 2025, Bogotá registra 3.169 casos; luego aparecen Cundinamarca, con 1.186; Huila, con 1.103, y Santander, con 1.059.

Para los organismos de control, estas cifras reflejan fallas estructurales en la política de cuidado. Entre los principales retos identificados están la falta de recursos, la poca oferta de servicios, la desarticulación institucional, las desigualdades entre territorios y la ausencia de un sistema nacional de información que permita saber con precisión cuántas personas están abandonadas o institucionalizadas.

La Procuraduría y la Defensoría pidieron fortalecer las políticas de cuidado, crear rutas de atención coordinadas y ampliar los servicios de apoyo. El llamado busca que hospitales y centros de larga estancia no sigan funcionando como destino permanente para personas que necesitan acompañamiento social, familiar, comunitario y estatal para recuperar una vida digna en comunidad.