
La acusación por la compra de helicópteros MI-17 llevó a juicio a cuatro exfuncionarios del Ministerio de Defensa de Colombia por presuntas irregularidades en un contrato de USD 32.000.000 para el mantenimiento de esos helicópteros. La Fiscalía General de la Nación sostiene que el proceso se habría direccionado a favor de Vertol Systems Company Inc. y que incluyó un anticipo de USD16,2 millones.
El escrito de acusación de 73 páginas al que accedió Semana señala que, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, varios funcionarios y particulares habrían orientado de manera ilícita el proceso contractual para beneficiar a Vertol Systems Company Inc. También sostiene que se cambió la fórmula de pago contra entrega por un anticipo y que el 31 de diciembre de 2024 se presentó una “autocertificación” para habilitar a la empresa, aunque un estudio previo había rechazado ese documento.
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Los llamados a juicio son el exviceministro Luis Edmundo Suárez; el exsecretario general Hugo Alejandro Mora; el exdirector de Logística Herbert Arnulfo Buitrago, y el coronel Julián Ferney Rincón, excomandante de la Brigada de Aviación n.º 32 del Ejército Nacional.
El ente acusador ubica a Suárez como “el eje de articulación y determinación de un plan criminal estructurado, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025”. Según esa tesis, el exviceministro usó su jerarquía dentro de la cartera, pese a que no tenía competencia funcional para ordenar el gasto, tramitar o celebrar contratos.

La acusación señala que en septiembre de 2024 Suárez ordenó de manera verbal que el futuro proceso para el mantenimiento de la flota “se debía tramitar bajo la modalidad de selección directa reservada con la empresa Vertol System Company Inc.”. Además, le atribuye la coordinación de la etapa precontractual y la orden de flexibilizar requisitos cuando se conoció que la firma no tenía las acreditaciones técnicas.
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Cómo habría operado el direccionamiento del contrato
Entre los hechos que la acusación resalta aparece lo ocurrido el 31 de diciembre de 2024. Ese día se presentó un documento para habilitar a Vertol Systems Company Inc., aunque el estudio previo había rechazado ese soporte.
El expediente publicado por el medio citado describe como una “autocertificación” elaborada por uno de los integrantes de la empresa estadounidense. Sin embargo, horas antes un informe de evaluación técnica advertía que la compañía no cumplía los requisitos.

El escrito también recoge expresiones atribuidas a Suárez para impulsar el trámite. Allí se afirma que el exviceministro pidió no ser “tan legalistas”, que había que “ser creativos”, “buscar soluciones”, “tener una mente abierta” e incluso que calificó a algunos de ser “más papistas que el papa”.
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La Fiscalía también le atribuye haber contactado al entonces director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Sergio París, para verificar con rapidez las capacidades técnicas de MI-Series Personnel & Parts, señalada como aliada de Vertol en ese negocio.
Otro de los ejes de la acusación se centra en la forma de pago. El ente investigativo sostiene que Suárez presionó una modificación para entregar los USD 16,2 millones como anticipo, pese a que en principio el esquema estaba diseñado para pago contra entrega y, según el expediente, el contratista no acreditó fortaleza financiera.
Los señalados y sus presuntos roles en el proceso
La acusación también amplía el foco hacia particulares y otros funcionarios. Según la síntesis del caso, entre septiembre y octubre de 2024 Carlos Martín Uribe, representante de MI-Series Personnel & Parts, y James Lester Montgomerie habrían cohesionado a servidores públicos del Ministerio de Defensa para encaminar el contrato hacia Vertol System Company Inc.
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En el caso del coronel Julián Ferney Rincón, la Fiscalía afirma que, como gerente del proyecto y comandante de la Brigada de Aviación del Ejército No. 32 de Apoyo y Sostenimiento de Aviación, insistió al menos tres veces para que la empresa presentara cotización, aunque había otros interesados.

El expediente añade que esos requerimientos se hicieron pese al incumplimiento de plazos, que fueron ampliados de manera oficiosa. Igualmente, sostiene que otras compañías sí presentaron cotizaciones, pero solo se tuvieron en cuenta para dar apariencia de legalidad a la elección de Vertol Systems Company.
Sobre Herbert Arnulfo Buitrago, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio, la acusación dice que actuó como facilitador en el trámite de documentos y cotizaciones por orden de Suárez. A Hugo Alejandro Mora, director de Contratación, le atribuye la firma de la minuta contractual del 31 de diciembre de 2024 pese a conocer, según el órgano acusador, que Vertol Systems no cumplía los requisitos.
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La colaboración con la justicia y la defensa del exviceministro
El expediente, documentado por la Fiscalía y la Contraloría General de la República, cuenta con la colaboración de Diego Alejandro Manrique, exasesor del sector Defensa adscrito al despacho del viceministerio e integrante del Comité Estructurador y Evaluador Económico. Manrique se acogió a un principio de oportunidad y entregó voluntariamente su celular para extraer conversaciones de WhatsApp sobre la coordinación de lo ocurrido.
Suárez rechazó su vinculación al caso con un argumento centrado en la firma del contrato. “Yo no estuve en esa firma del contrato porque yo no participé en él, yo no firmé ese contrato”, dijo.
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