Estos son los cargos que les serían imputados a exmiembros del gobierno Petro por la muerte del niño con hemofilia Kevin Acosta

La Fiscalía General de la Nación imputará por homicidio culposo a cinco funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Petro por la muerte de Kevin Acosta, un niño con hemofilia cuyo fallecimiento, según la investigación divulgada por Blu Radio, estuvo precedido por una presunta cadena de errores y omisiones en la atención médica, el suministro de medicamentos y la respuesta tras un accidente que agravó su estado.

La audiencia fue fijada para el 2 de septiembre y se concentrará en la actuación de directivos de la Nueva EPS y de profesionales de la salud vinculados al tratamiento del menor. La Fiscalía sostiene que, tras el accidente del 8 de febrero de 2026, en el que el menor se cayó de una bicicleta, el traslado a Bogotá tardó más de 22 horas y que el hospital que lo recibió primero no tenía factores de coagulación.

Kevin Acosta recibía tratamiento domiciliario para la hemofilia en el departamento de Huila. Después de que su familia pidiera portabilidad hacia Santander, la entrega de medicamentos siguió en Charalá hasta que el 31 de diciembre de 2025 la madre fue informada de que la IPS Medicarte dejaría de prestar el servicio desde el 1 de enero de 2026 por falta de contrato con la EPS.

Desde entonces y hasta el 25 de enero, la familia hizo múltiples solicitudes para mantener la continuidad del tratamiento. Ese día, la madre recibió una llamada de la IPS Integral Solutions, que le asignó una cita en Neiva para el 27 de enero.

Durante esa consulta, la madre le informó al médico hematólogo Nelson Ramírez Plazas que Kevin no había recibido la dosis profiláctica correspondiente al 12 de enero. Según el ente acusador, pese a ese dato, el especialista ordenó únicamente exámenes de laboratorio y programó el medicamento para febrero, aunque la condición del niño exigía la aplicación inmediata de la dosis pendiente.

Entre los imputados también figuran Jessika Paola Triana Sagastuy, directora de la cohorte de Alto Costo; Diana Marcela Caballero Arias, gerente de Atención Complementaria; Efret Enrique Morales Murgas, coordinador de Gestión de Atención Complementaria en Huila, y Luis Óscar Galves Mateus, interventor de la Nueva EPS. La audiencia revisará el alcance de sus responsabilidades médicas y administrativas en la secuencia de hechos que terminó con la muerte del menor.

Los cargos alcanzan decisiones médicas, fallas de gestión y el control de la EPS intervenida

Sobre Efret Enrique Morales Murgas, la Fiscalía afirmó que la Nueva EPS no tenía un auditor de concurrencia destinado al hospital y que esa función le correspondía. En el caso de Triana Sagastuy, el ente investigador señaló que debía garantizar el suministro del medicamento previsto para el 12 de enero y que esa obligación no se cumplió.

Diana Marcela Caballero Arias, de acuerdo con la investigación, tenía a su cargo asegurar la contratación de atención especializada y la cobertura de servicios integrales, pero no verificó la continuidad del tratamiento.

Sobre Luis Óscar Galves Mateus Galves Mateus, la Fiscalía indicó que, como interventor, debía garantizar la calidad y la oportunidad de los servicios médicos ofrecidos por la entidad.

La tesis del ente acusador quedó condensada en una frase citada por el medio: “El suministro oportuno del medicamento el 12 de enero, durante la consulta del 27 de enero o la entrega del factor de coagulación tras el accidente del 8 de febrero pudo haber mantenido el riesgo de sangrado dentro de lo jurídicamente permitido”.

En el mismo expediente, la Fiscalía compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que investigue al entonces presidente Gustavo Petro por homicidio culposo, en calidad de garante tras la intervención de la EPS, y por violación agravada de datos personales.

Ese último señalamiento se relaciona con declaraciones públicas del mandatario el 17 de febrero de 2026 en Uribia, La Guajira, cuando habría divulgado partes de la historia clínica del menor sin autorización.

El 8 de febrero de 2026, Kevin cayó de una bicicleta desde una altura aproximada de 1,50 metros en Palestina, Huila. Sufrió sangrado por oído y nariz, fue llevado a un puesto de salud y luego trasladado al Hospital de Pitalito.

La Fiscalía advirtió que ese centro asistencial no contaba con los factores de coagulación requeridos. Kevin murió el 13 de febrero en el Hospital de la Misericordia, en Bogotá.