Suspender los nuevos puntos de fotomultas en Bogotá, esta es la propuesta del concejal Julián Forero, “Fuchi”

La Secretaría de Movilidad de Bogotá avanzará con la instalación de cámaras de fotomultas en tres de los corredores viales más transitados de la ciudad, como parte de una estrategia destinada a reducir la siniestralidad vial y proteger la vida de quienes circulan por la capital.

Las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado fueron seleccionadas como puntos prioritarios para la implementación gradual de los dispositivos, en línea con una política que busca mitigar riesgos en entornos donde confluyen instituciones educativas, hospitales y otros focos de alta afluencia.

La entidad sostiene que cumplir el límite de velocidad de 50 km/h en estos puntos podría evitar cerca de 50 muertes y reducir hasta 900 lesiones en los próximos cuatro años. La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, expresó la meta de la administración: “Ninguna muerte en la vía es aceptable.

Por eso, fortaleceremos nuestra estrategia de seguridad vial para salvar 50 vidas y evitar 900 lesionados con nuestras nuevas cámaras salvavidas”. Ortiz explicó que la selección de los corredores se realizó bajo criterios estrictos de seguridad vial y que la instalación será progresiva, priorizando zonas de mayor riesgo.

El anuncio desató un debate en el Concejo de Bogotá. El concejal Julián Forero, conocido como Fuchi, pidió una suspensión inmediata de los 18 nuevos puntos de cámaras, a la espera de una revisión integral por parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de Transporte.

Forero argumentó que el sistema se ha transformado en un mecanismo de recaudo sin garantías suficientes para quienes conducen. En sus palabras, “las cámaras se volvieron un sistema de recaudo y un abuso sin garantía para los conductores”.

Las cifras presentadas por el cabildante reflejan su preocupación: en 2020 el recaudo por concepto de fotomultas alcanzó 6.700 millones de pesos; para 2024, la cifra subió a 251.000 millones, y en 2025 fue de 244.000 millones.

En lo corrido del 2026, el monto ya supera los 100.000 millones de pesos. Forero advirtió que este incremento no se ha traducido en una reducción efectiva de la siniestralidad: “En este año, en el primer trimestre, se aumentó la siniestralidad en, en un veintiún por ciento. ¡En un veintiún por ciento los fallecidos este año! O sea que aquí vemos claramente con datos que no están cumpliendo su misionalidad”.

Debate sobre el funcionamiento y la legalidad de las cámaras

El cabildante recalcó la falta de garantías para los ciudadanos en el proceso de validación de las fotomultas. Según su denuncia, existen fallos en la calibración de los dispositivos que pueden generar comparendos injustificados para conductores que circulan dentro del límite permitido: “Un conductor que va a cuarenta y nueve kilómetros por hora cumpliendo la norma, le están llegando fotomultas a cincuenta y dos o cincuenta y tres por culpa de los márgenes de error que tienen las cámaras”.

Forero cuestionó además la transparencia del proceso de revisión de las imágenes capturadas por las cámaras, señalando que “quienes validan una fotodetección es un agente de tránsito en una oficina dándole check a una foto”.

El concejal aseguró que existen denuncias sobre posibles irregularidades en la manipulación de resultados y en la legalización de comparendos, además de señalar que a los conductores no se les proporciona suficiente evidencia, como videos, ni acceso a los formatos de calibración, para defenderse ante una sanción.

La polémica se intensificó tras la intervención de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial la suspensión de tres cámaras nuevas en la vía Barranquilla-Cartagena, como medida para revisar la legalidad y el sustento técnico de estos mecanismos.

El presidente Abelardo de la Espriella respaldó la postura de la ministra, declarando: “Estos mecanismos deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial y no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni un negocio a costa de su bolsillo”.

Durante su intervención, Forero destacó que en algunos corredores, como la Avenida Boyacá, los resaltos parabólicos han demostrado mayor eficacia en la reducción de accidentes. Según datos de la Secretaría de Movilidad, estos dispositivos disminuyeron en un cien por ciento las muertes y lograron una reducción del 78 a 70% en el número de lesionados.

El concejal destacó la diferencia de costos: “Un resalto vale 36 millones, una cámara vale 300 millones de pesos. Una cámara pone fotomultas, comparendos, un resalto no. Y al parecer, según lo que ustedes nos dicen, los resaltos sí están salvando vidas”.

Para Forero, este contraste entre dispositivos evidencia la necesidad de replantear la estrategia de seguridad vial: pidió retirar las cámaras de la Avenida Boyacá y priorizar medidas que realmente protejan la vida sin afectar económicamente a la ciudadanía.