Ciudades capitales propusieron paquete de medidas urgentes para la reconstrucción y reactivación económica tras el terremoto

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó al Gobierno nacional una agenda con seis propuestas prioritarias para acelerar la reconstrucción y proteger la economía de los territorios afectados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Colombia.

De hecho, se presentaron cuatro prioridades urgentes: liberar fondos propios actualmente inmovilizados, garantizar liquidez para obras, proteger los ingresos fiscales locales y ampliar los mecanismos de “Obras por Impuestos” y regalías.

El epicentro del terremoto que se registró el lunes 10 de agosto de 2026 fue en el municipio de San José del Palmar en el departamento de Chocó; sin embargo, en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Armenia, se concentró el mayor impacto en población, empleo e infraestructura productiva.

Por dichas razones, el núcleo de la propuesta consiste en doce medidas específicas, bajo dos ejes: conseguir más recursos inmediatamente disponibles y dar mayor capacidad a las ciudades para ejecutar la reconstrucción sin comprometer sus finanzas ni depender de nuevos impuestos nacionales.

Las iniciativas responden al Decreto 1261 de 2026, que declaró el estado de emergencia nacional y abrió la posibilidad de dictar posteriores decretos legislativos con efectos extraordinarios en materia fiscal, crediticia y de inversión pública.

Entre las principales propuestas, Asocapitales solicitó:

• Reorientar recursos propios inmovilizados por normas previas al desastre, permitiendo emplear excedentes financieros, utilidades no comprometidas y fondos municipales que actualmente no pueden usarse libremente, sin afectar rentas constitucionales ni derechos de terceros.
• Habilitar mecanismos para liberar fondos sin requerir transferencias nacionales adicionales ni generar costos fiscales para la Nación, citando precedentes de flexibilización transitoria durante otras emergencias.
• Establecer una regla fiscal de desastre, que permita flexibilizar temporalmente los límites de gasto y endeudamiento para evitar recortes en inversiones claves, sin afectar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
• Solicitar líneas de crédito de tesorería en condiciones especiales y reorientar rápidamente cupos de endeudamiento no comprometidos, para cubrir el desfase de caja entre las necesidades urgentes y la llegada de fondos nacionales.

• Redistribuir temporalmente rentas nacionales existentes, como asignar el 50% de la sobretasa al Acpm (hoy destinada al Ivías) a la rehabilitación y reconstrucción local, ajustando la distribución en el periodo excepcional.
• Acelerar trámites y ejecución de proyectos financiados con regalías, habilitando un régimen excepcional para la viabilización y desembolso inmediato de recursos asignados a la recuperación.
• Ampliar la cobertura de “Obras por Impuestos” a todos los municipios y distritos afectados, aunque no tengan condiciones ordinarias de Pdet o Zomac, y aumentar el cupo fiscal anual de $1,1 billones a al menos $2 billones, con reglas de priorización.
• Garantizar que la Nación habilite, compense y cofinancie, pero no sustituya la autonomía fiscal local, dejando que concejos y alcaldes decidan sobre el uso de herramientas fiscales.
• Focalizar los beneficios en territorios y personas efectivamente afectados, mediante censo o certificación de daños, evitando ayudas generalizadas solo por la condición de deudor.
• Crear un régimen tributario nacional especial y temporal para contribuyentes objetivamente afectados, con suspensión y diferimiento de obligaciones, reducción de intereses y sanciones, y facilidades extraordinarias de pago.
• Suspender términos y establecer un calendario especial de declaración y pago, así como garantizar la neutralidad tributaria de ayudas, subsidios o indemnizaciones recibidas por los damnificados.
• Otorgar subsidios temporales a salarios y aportes a seguridad social de micro y pequeñas empresas para evitar despidos, acelerar la recontratación y transformar la reconstrucción en ingresos directos para los hogares afectados.

• Facilitar subsidios de arrendamiento temporal y permitir el acceso renovado al subsidio familiar de vivienda para hogares damnificados que ya habían recibido ese beneficio.
• Promover mecanismos extraordinarios de crédito de emergencia, tasas subsidiadas, garantías nacionales y períodos de gracia a través de la banca de desarrollo y cooperativas locales.
• No crear nuevos impuestos nacionales, sino priorizar la coordinación Nación-territorio para eliminar barreras legales y procedimientos que impiden movilizar recursos, ejecutar obras y preservar el empleo.
• Utilizar activos gestionados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el FRISCO para soluciones habitacionales transitorias y como fuente de recursos para la reconstrucción, asegurando trazabilidad y derechos adquiridos.