El Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, debe hacer frente a la emergencia derivada del terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto en Colombia. Según el reporte más actualizado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el sismo ya deja 312 personas fallecidas, 4.380 heridas, 29.680 viviendas destruidas y 134.282 averiadas.
En este contexto, Transparencia por Colombia presentó un documento a través del cual se lanza una alerta y se despliega un conjunto de recomendaciones para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción durante la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
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Bajo la premisa de que en las crisis de este tipo suelen incrementarse los riesgos de irregularidades en la gestión de los recursos, la organización advirtió sobre la urgencia de tomar medidas destinadas a garantizar la trazabilidad del dinero y la vigilancia sobre los procesos contractuales.
“En momentos de crisis, cuando se movilizan grandes cantidades de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales y se flexibilizan procedimientos administrativos y de contratación, resulta fundamental fortalecer las medidas de transparencia, integridad y rendición de cuentas de la gestión”, precisa Transparencia por Colombia en el documento.
Gobernanza institucional y coordinación
Uno de los puntos que aborda la organización es la necesidad de formalizar la estructura de dirección y rendición de cuentas para todo el trabajo que se lleve a cabo en pro de la reconstrucción de las zonas afectadas. Para esto, se deben definir con precisión los roles, competencias y mecanismos de supervisión que se tendrán. La articulación entre entidades nacionales y locales es vital para evitar la superposición de competencias.
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En ese sentido, plantea un sistema unificado de información pública. Se trata de una plataforma digital que recopile, en tiempo real, datos sobre planes y estrategias, fuentes de recursos, procesos de contratación, ejecución de obras y avances financieros.
“La claridad con respecto a los alcances y responsabilidades de las diferentes instancias previstas en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres contribuye a evitar zonas grises en la toma de decisiones”, indica la organización en el texto.
La asignación de recursos
Frente a la inyección de fondos nacionales, ayudas internacionales y donaciones, Transparencia por Colombia instó a la administración actual a dar a conocer los criterios bajo los cuales definirá la asignación de recursos y la elección de beneficiarios. De este modo, se busca impedir “el riesgo de clientelismo, soborno y favoritismo”.
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De igual manera, recomendó establecer procedimientos para garantizar un seguimiento completo del dinero desde su origen hasta su ejecución. Es una “trazabilidad que permita identificar el origen, destino y uso de los recursos en cada etapa”. Según la organización, solo así se puede reducir la discrecionalidad y facilitar el control del dinero.
Los procesos contractuales
Por otro lado, la organización aseguró que la urgencia que impone el desastre no debe justificar una reducción de los estándares de control sobre la contratación pública. Por eso, recomendó fortalecer los sistemas de información y trazabilidad desde la Agencia Nacional de Contratación Pública, incluyendo el uso de identificadores únicos para contratos y entidades.
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Por otro lado, recordó la obligación de publicar en el sistema Secop los contratos y toda la documentación vinculada a su ejecución, como informes de supervisión, alertas y estado de cumplimiento de las obras. Además, insistió en la importancia de reforzar la planeación anticipada de las grandes compras y obras, publicando planes anuales de adquisiciones y promoviendo que todas las etapas sean objeto de análisis.
La meta es “reducir progresivamente el uso innecesario de mecanismos excepcionales y favorecer condiciones de mayor competencia, eficiencia y transparencia”.
Participación ciudadana y control social
Por otro lado, Transparencia por Colombia abordó la participación y el papel de la ciudadanía en la vigilancia del proceso de reconstrucción. Al respecto, recomendó implementar “espacios permanentes de diálogo de doble vía con las comunidades afectadas”, para consulta y toma de decisiones.
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De igual manera, indicó que la rendición de cuentas debe abordar logros, dificultades, retrocesos y cambios, además de explicar públicamente las decisiones tomadas sobre cambios de rumbo o retrasos en las obras.
Órganos de control y vigilancia institucional
Transparencia por Colombia también asignó una responsabilidad específica a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, instando a un control “preventivo y concomitante” en los procesos precontractuales y a lo largo de toda su ejecución. Para evitar la “centralización excesiva”, recomendó reforzar las capacidades de vigilancia territorial, para evitar que se queden solo en Bogotá.
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Además, Transparencia por Colombia recomendó apostarle a la creación de herramientas digitales que permitan consultar advertencias, investigaciones y avances de las acciones de control.
Documento completo de recomendaciones
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