Perros de vigilancia privada tendrían los días contados en Colombia: así sería el retiro y adopción de los animales, según proyecto de ley

El uso de perros en labores de vigilancia podría tener los días contados en Colombia. Una iniciativa de la congresista Esmeralda Hernández plantea eliminar progresivamente esta práctica hasta prohibirla para las empresas y personas autorizadas que prestan servicios de seguridad privada.

La propuesta alcanzaría a las entidades públicas y a quienes, desde el sector privado, contraten o subcontraten este tipo de servicios. Si el proyecto obtiene la aprobación del Congreso, una vez concluya el periodo de transición no podrán contratarse servicios de vigilancia que involucren animales. El cambio no sería inmediato.

Durante la etapa previa, el Gobierno nacional tendría que establecer medidas para proteger a los perros que permanezcan en los puestos de trabajo y garantizar su retiro bajo condiciones de bienestar.

Entre las reglas planteadas aparece la eliminación de los turnos nocturnos, considerados aquellos que van desde las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Además, los animales solo podrían trabajar durante un máximo de cinco horas y no podrían permanecer confinados por más de cuatro horas consecutivas.

La iniciativa incorpora medidas frente a posibles afectaciones físicas. Las empresas tendrían que aplicar protocolos obligatorios para prevenir problemas osteomusculares y retirar de manera anticipada a cualquier perro cuya salud, integridad o calidad de vida estuviera comprometida. El entrenamiento también tendría nuevas restricciones. Durante la transición quedaría prohibido emplear métodos coercitivos para preparar a los animales destinados a estas funciones.

Para controlar las condiciones de trabajo, las empresas tendrían que instalar un sistema de monitoreo audiovisual en los puestos de vigilancia. A esto se sumarían inspecciones y auditorías externas realizadas por las autoridades competentes. El proyecto plantea además impedir la compra y venta de perros destinados a vigilancia mientras permanezca vigente el periodo de transición. La responsabilidad por el cumplimiento de las condiciones establecidas no recaería únicamente sobre las compañías de seguridad.

Las entidades públicas y las personas naturales o jurídicas que contraten estos servicios tendrían responsabilidad solidaria durante esta etapa. Esto significa que los contratantes también deberían responder por el cumplimiento de las medidas relacionadas con el bienestar animal. Otro componente de la propuesta apunta a organizar la información de los ejemplares que todavía hagan parte de estos servicios. Para ello se plantea crear un Plan Nacional de Registro, Retiro y Adopción de Perros de Vigilancia.

Mientras avance la eliminación de esta actividad, todas las empresas que tengan animales destinados a vigilancia deberán registrar y actualizar los datos correspondientes a cada perro. El sistema permitiría consultar información sobre su estado de salud, historial clínico, ubicación, empresa responsable, puesto de trabajo y fecha prevista para su retiro definitivo.

El plan contempla además un Programa de Retiro y Adopción Responsable. La propuesta establece que este proceso deberá incluir rehabilitación física y comportamental, con criterios para determinar qué animales deben salir primero de las labores de vigilancia. La prioridad estaría en los perros que presenten lesiones, enfermedades degenerativas, vejez, estrés crónico u otras condiciones incompatibles con su bienestar. De esta manera, el retiro no dependería únicamente de la fecha establecida para cada ejemplar, pues las condiciones de salud también serían determinantes.

Una vez retirados, los animales podrían ser entregados a hogares que demuestren condiciones de idoneidad, organizaciones dedicadas a la protección animal, hogares de paso o, cuando sea viable, a sus propios manejadores o cuidadores responsables. El proceso no terminaría con la entrega. La iniciativa contempla seguimiento institucional después de la adopción.

También se fijan límites sobre lo que podrá ocurrir con los animales una vez sean retirados. El proyecto señala que no podrán ser abandonados, sacrificados, comercializados, entregados sin control institucional ni destinados a actividades comerciales o de reproducción. Así, la propuesta combina la eliminación progresiva de los perros en vigilancia privada con reglas para la transición y un esquema sobre el destino de los animales retirados de estas funciones.

Su eventual aprobación implicaría cambios para las empresas de seguridad, los contratantes y las autoridades encargadas de supervisar el servicio. La iniciativa deja planteado que la salida de los perros de estas funciones tendría que estar acompañada de controles sobre sus condiciones de trabajo, retiro y posterior adopción.