Vicepresidente de la ANI renunció tras solo dos días en el cargo y en medio de cuestionamientos políticos

La salida de Andrés Camilo Pardo Jiménez de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dejó en evidencia las tensiones que acompañan algunos de los primeros nombramientos del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El funcionario presentó su renuncia este 16 de agosto, dos días después de asumir la Vicepresidencia de Gestión Corporativa de la entidad.

Pardo llegó a la ANI para ocupar el cargo de Vicepresidente de Agencia, Código E2, Grado 05, dentro de la planta global. Sin embargo, su permanencia fue breve y terminó antes de que pudiera desarrollar las funciones para las que fue designado. En la carta mediante la cual comunicó su decisión, el ahora exfuncionario agradeció al presidente De la Espriella la oportunidad de servir al país.

“De manera atenta me permito presentar mi carta de renuncia a partir del día de hoy 16 de agosto de 2026 al cargo que ostento actualmente como Vicepresidente de Agencia, Código E2, Grado 05, adscrito a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, cargo perteneciente a la planta global de la Agencia Nacional de Infraestructura; cargo que he venido desempeñando con responsabilidad, entereza y compromiso”, dijo.

También expresó su disposición a mantener su compromiso con el país pese a dejar la responsabilidad que había asumido recientemente. “Me retiro con gratitud, y con el corazón lleno de esperanza por el futuro de nuestra Nación. La responsabilidad podrá terminar, pero el compromiso con Colombia permanece”, aseguró Pardo. El exvicepresidente de la ANI deseó éxitos a la entidad y a sus funcionarios frente a los desafíos del país. La dimisión se produjo después de cuestionamientos surgidos alrededor de su llegada al Gobierno.

La discusión se concentró especialmente en los vínculos que, según SEMANA, Pardo tendría con sectores relacionados con el petrismo. Entre los nombres mencionados aparece el del exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, con quien se le atribuye cercanía. El señalamiento generó reparos entre sectores próximos al abelardismo, que cuestionaron la conveniencia de que una persona considerada cercana a la administración anterior integrara el equipo del nuevo presidente. Esas inquietudes se hicieron visibles alrededor de un nombramiento que comenzó.

A esa controversia se sumó la situación de Íngrid Paola Ortiz, esposa de Pardo. El pasado 5 de agosto fue designada como notaria 74 de Bogotá, cuando todavía no terminaba el Gobierno de Gustavo Petro. La designación estuvo a cargo de Petro y de Cielo Rusinque, quien para ese momento se desempeñaba como ministra de Justicia encargada. El nombramiento de Ortiz pasó a formar parte de los elementos observados alrededor de la permanencia de Pardo en la administración que comenzó con De la Espriella.

Su salida ocurrió, además, cuando el Gobierno empezó a revisar los nombres que llegaron a distintas dependencias estatales. El caso guarda similitudes con otra renuncia registrada, aunque corresponde a una entidad diferente. Magda Yolima Amaya Arévalo también dejó su cargo pocos días después de ser nombrada secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Su permanencia en esa posición terminó en medio de la revisión de designaciones realizadas al comienzo de la nueva administración.

En ese caso, De la Espriella pidió a la ministra TIC revisar los nombramientos de su equipo, con el propósito de verificar los antecedentes y las actuaciones de las personas escogidas para ocupar cargos en la cartera. “Ministra @AlexandraFalla, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno. Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

La salida de Pardo se suma a las primeras decisiones que obligan al Gobierno a revisar nombramientos. Aunque el funcionario había agradecido la confianza depositada en él, su paso por la ANI terminó apenas dos días después de comenzar.