Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) entregó balance de su gestión: indicó que el rediseño institucional permitió la creación de 6.870 empleos permanentes

Augusto Rodríguez dejó la Unidad Nacional de Protección (UNP) con una defensa cerrada de su gestión y una admisión acotada de fallas. Sostuvo que, durante sus cuatro años al frente del organismo, avanzó cerca del 80% del proceso de modernización, amplió la cobertura de protección y dejó en marcha una reforma laboral que, afirmó, deberá ejecutar el gobierno entrante desde la medianoche del 6 de agosto de 2026, momento en que el presidente Gustavo Petro aceptó su renuncia.

En su mensaje de despedida, aseguró que la entidad registró un aumento del 312% en comunidades protegidas por la ruta colectiva y un incremento del 30% en personas amparadas por la ruta individual destinada a líderes sociales, grupos étnicos y funcionarios.

Rodríguez destacó la formalización laboral como uno de los ejes de su administración. Indicó que el rediseño institucional permitió la creación de 6.870 empleos permanentes y que la UNP cuenta actualmente con cerca de 12.000 escoltas vinculados por tercerización a través de empresas contratistas.

Presentó su balance como una ruptura con la entidad que recibió al inicio de su mandato. “No entregamos la misma UNP que recibimos”, afirmó al destacar cambios en capacidades institucionales, infraestructura, herramientas tecnológicas y condiciones laborales.

Enfatizó que la transformación administrativa quedó avanzada, pero no concluida. Sostuvo que la implementación de los nuevos cargos permanentes quedará “a cargo del gobierno entrante”, al que, según dijo, se le dejan “los recursos necesarios” para continuar esa labor. Vinculó la reforma a una decisión de Estado y no a una medida transitoria, señalando el apoyo de ocho asociaciones sindicales y haciendo énfasis en que la formalización “no fue un regalo ni una decisión improvisada”.

Rodríguez afirmó que deja una entidad con mayor cobertura de protección, una modernización avanzada y una planta rediseñada para formalizar empleos. Su balance incluyó la convivencia con denuncias de corrupción, cuestionamientos sindicales y una defensa explícita de los procedimientos usados para asignar esquemas de seguridad.

Insistió en que la ampliación del sistema de protección respondió al mandato de fortalecer una institución cuya “principal responsabilidad es proteger la vida”. Destacó la expansión de la ruta colectiva sobre comunidades, en especial étnicas, como respuesta a agresiones de grupos armados y al impacto de economías ilegales en los territorios.

Junto con el repaso de resultados, Rodríguez dedicó una parte central de su declaración a responder por los escándalos que atravesaron su administración. Dijo que enfrentó “acusaciones, señalamientos, calumnias” de algunos jefes sindicales, a quienes vinculó con denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en la historia de la entidad.

Según su versión, esas actuaciones ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y acusó a esos sectores de obstaculizar la modernización y la lucha contra la corrupción.

Se refirió a “maridajes” entre algunos dirigentes y empresas tercerizadoras para explicar la resistencia a modificar la situación laboral de miles de escoltas contratados bajo esquemas externos.

En su intervención, rechazó una denuncia de Wilson Devia, al que describió como dirigente sindical cuestionado y exfuncionario del DAS. Negó una “supuesta falsedad en documento público y tráfico de influencias” en relación con la protegida Juliana Guerrero.

Argumentó que en la UNP los esquemas de protección dependen de estudios de riesgo y procedimientos formales, no de decisiones personales. Mencionó el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo (Cetra) y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) como instancias responsables de consignar decisiones en actas.

Sobre Guerrero, señaló que informó al presidente sobre la posibilidad de que perdiera las medidas al dejar de ser funcionaria del Ministerio del Interior, salvo que acreditara pertenencia a un grupo protegido mediante un nuevo estudio de riesgo. Explicó que ese procedimiento se aplica cuando una persona protegida deja un cargo público y surgen nuevas circunstancias.

Rodríguez aceptó que durante su gestión pudieron haberse cometido errores, aunque enmarcó esa admisión en una defensa de su administración. “Seguramente cometimos algunos errores. Sin embargo, cuando fue necesario rectificar, lo hicimos”, afirmó.

Concluyó reivindicando la continuidad institucional y afirmó que deja “las bases fundamentales”, junto con recursos, cupos y decretos para completar la reforma, y sostuvo que la transformación debería continuar en el próximo gobierno si existe “deseo social” para hacerlo.