Defensoría del Pueblo rechazó amenazas contra Hernán Penagos y funcionarios de la Registraduría: “Expresamos nuestra solidaridad”

La Defensoría del Pueblo advirtió, en una extensa comunicación el jueves 6 de agosto de 2026, a un día de que finalice la administración del presidente Gustavo Petro, que las amenazas contra el registrador Nacional Hernán Penagos y funcionarios de la entidad ya no se limitan al terreno del debate político, pues han empezado a replicar y promover hechos violentos en contra del funcionario y su equipo de trabajo.

La entidad, a cargo de Iris Marín, relacionó estas amenazas con mensajes en las redes sociales que estarían promoviendo represalias y hechos de violencia, y pidió activar medidas penales, de protección y de moderación digital para impedir una escalada que, a su juicio, pone en riesgo el ejercicio de los derechos políticos y no solo eso: pone en entredicho la legitimidad del sistema electoral colombiano.

“Rechazamos estos actos de amenaza y hostigamiento contra quienes integran la organización electoral y expresamos nuestra solidaridad con quienes cumplen funciones esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos”, expresó la entidad en su postura, que fue replicada desde la Registraduría y que recibió voces de respaldo en las plataformas digitales frente al clima polarizante.

El pronunciamiento llegó después de que Penagos desmintió en video las recientes denuncias de fraude formuladas por el presidente saliente Gustavo Petro y defendió, en consecuencia, la consistencia técnica del proceso electoral. Entre los datos que expuso, sostuvo que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio definitivo de la segunda vuelta presidencial de 2026 fue inferior al 0,04 %.

En su carta de respaldo, la Defensoría sostuvo que en las últimas semanas circularon en redes sociales y plataformas digitales mensajes intimidatorios contra Penagos, contra servidores de la Registraduría y contra sus instalaciones, difundidos desde cuentas anónimas. Con lo que se buscaría intimidad y restringir la labor liderada por la Registraduría como organismo garante de los comicios.

Defensoría pidió a la Fiscalía preservar evidencia digital e identificar responsables de las amenazas

En su mensaje de respaldo a Penagos, la Defensoría hizo énfasis en la presión sobre la autoridad electoral y el deterioro del debate público, lo que implica un riesgo directo para los que cumplen funciones en los comicios. Según su posición, los mensajes no solo afectan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, sino que también exponen a quienes participan en la organización electoral.

Y pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en las actuaciones que correspondan frente a amenazas y expresiones que, por no estar amparadas por la libertad de expresión, puedan constituir delitos. En ese sentido, también solicitó preservar la evidencia digital, establecer el origen de los contenidos e identificar a los posibles responsables de los actos que han causado alarma.

Del mismo modo, la entidad también reclamó la intervención de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para evaluar o reevaluar el riesgo del registrador nacional y del personal de la Registraduría. El pedido a esta entidad incluyó determinar el nivel actual de exposición y garantizar las medidas de seguridad que resulten necesarias para evitar que se registren agresiones contra el registrador.

Defensoría diferenció la “crítica legítima” de los mensajes que incitan a la violencia

En su pronunciamiento, la Defensoría hizo una distinción entre los cuestionamientos electorales y las conductas que desbordan la discusión democrática. “Las observaciones y los cuestionamientos sobre los procesos y resultados electorales son legítimos en una democracia, pero deben tramitarse de manera pacífica y mediante los mecanismos institucionales previstos para ello”, señaló la entidad.

Asimismo, remarcó que la Registraduría cumple funciones esenciales para garantizar derechos políticos por medio de la inscripción de ciudadanos, la organización de verificaciones, auditorías y observación electoral. A partir de ese punto, sostuvo que proteger a quienes ejercen esas tareas es una condición para el desarrollo libre del proceso electoral y para una democracia pluralista.

La Defensoría afirmó además que le preocupa la escalada de violencias en los entornos digitales porque genera riesgos para la vida, la integridad y la participación democrática y añadió que ese clima de estigmatización limita la posibilidad de expresar posiciones distintas. “Es urgente prevenir la normalización de estas conductas y evitar que escalen hacia formas más graves de violencia”, advirtió.