Denuncian que el Gobierno Petro estaría preparando una resolución para autorizar transferencias de activos energéticos

El senador del Centro Democrático Juan Espinal denunció en sus redes sociales la posible expedición de una resolución que el saliente ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, estaría preparando para permitir la transferencia gratuita de activos energéticos, al parecer, financiados con recursos públicos, a días del cierre del Gobierno de Gustavo Petro.

Según el congresista, la medida podría comprometer el patrimonio estatal y la seguridad energética del país.

Según Espinal, el proyecto de resolución se habría realizado “en silencio, con plazo hasta el domingo, 26 de julio, y a días de dejar el poder (...) para entregar GRATIS activos energéticos pagados por los impuestos de todos los colombianos”.

De hecho, el congresista sostuvo que “no es un trámite menor, sino una puerta que se abre a una cesión masiva del patrimonio público”.

Qué es lo que dice el borrador de la resolución

El documento que publicó el senador del partido uribista indica que se busca “reglamentar la transferencia de activos destinados a beneficiar Comunidades Energéticas”, con el principio constitucional de que “los servicios públicos son parte de la finalidad social del Estado” y que su prestación puede estar a cargo de comunidades organizadas, no solo del Estado directamente ni de empresas privadas.

En ese sentido, en el documento se expresa que la carta magna también prohíbe la entrega de donaciones del Estado a entidades privadas, pero aclara que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional que admite excepciones en el marco de un Estado Social de Derecho, especialmente cuando se busca proteger a los sectores más vulnerables o cumplir con objetivos estatales.

La eventual resolución cita además la Ley 142 de 1994, que habilita la celebración de contratos especiales para transferir la propiedad de bienes dedicados a servicios públicos.

De tal manera, se permitiría que entidades territoriales —como departamentos, municipios y comunidades energéticas— sean beneficiarias de activos energéticos en el contexto de proyectos de transición y renovación del sector.

Las observaciones del senador Juan Espinal

En primer lugar, Espinal aseguró que, pese a la justificación emitida en el borrador, los “activos financiados con impuestos y fondos públicos podrían terminar gratuitamente en patrimonios privados o empresariales”.

De hecho, aseguró que la propuesta estaría citando “erróneamente” el artículo 335 de la Constitución como prohibición de donaciones, cuando la norma aplicable sería el artículo 355 que, efectivamente, prohíbe al Estado otorgar auxilios o donaciones a personas naturales o jurídicas de derecho privado.

Además, denunció que el artículo cuatro de la resolución permite “cualquier modalidad contractual o negocial” y el 11, a su vez, establece gratuidad total, por lo que “por ningún motivo habrá cobros” en la transferencia de los activos.

El senador también cuestionó los requisitos mínimos exigidos para la transferencia de propiedad pública explicados en la iniciativa, que incluyen la personería de una JAC o JAL, un esquema básico de administración y la firma de un representante. “Para transferir propiedad pública, el estándar es sospechosamente débil”, afirmó.

Las transferencias se habilitarían un día antes del cierre del Gobierno Petro

Según el borrador publicado por Espinal, la resolución entraría en vigor al día siguiente de su publicación, lo que habilitaría transferencias rápidas antes del cambio de Gobierno el 7 de agosto. El texto no exige avalúo, convocatoria pública ni criterios competitivos claros para seleccionar a los beneficiarios.

Ante la situación, el senador instó a la Contraloría, la Procuraduría, medios de comunicación y al equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella a exigir una pausa y un inventario completo de activos, avalúos y solicitudes en trámite. “Petro y Edwin Palma deben responder”, concluyó.

De la misma manera, llamó a que “cada actuación sea revisada con total transparencia y rigor técnico para garantizar que responda al interés general y no comprometa la seguridad energética ni el futuro del sector”.