
A menos de 15 días para que el presidente de la República, Gustavo Petro, abandone la Casa de Nariño, se conoció una denuncia que dejó en evidencia la presunta entrega de un millonario contrato a Alejandro Carranza, abogado del mandatario saliente.
Andrés Forero, senador del Centro Democrático, publicó en sus redes sociales el documento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en el que se oficializó el vinculo laboral. Además, reveló que el contrato tendrá una duración de seis meses por un valor de $80.000.000 mensuales.
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“¡Vergonzoso! A 2 semanas del cambio de gobierno el Dapre le da un contrato de $88 M por 6 meses a Pedro Alejandro Carranza Cepeda, uno de los abogados de Gustavo Petro. Esta degradación de lo público no tiene precedentes”, escribió Forero en su cuenta de X.
La lista de funciones que ejecutará el togado incluye asesorar al Dapre en materia normativa y de estudios juridicos.

“Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar en la elaboración y estructuración de los informes exigidos por los organismos de control y en la proyección de análisis normativos, estudios jurídicos, conceptos y documentos de respuesta que se deriven de los asuntos competencia del Despacho de la Directora / Secretaría General", puntualiza el contrato.
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Contratación de bufete de abogados para sacar a Gustavo Petro de la Lista Clinton
Esta no sería la primera vez que el presidente Gustavo Petro hace contrataciones dudosas de abogados; cabe recordar que la Presidencia de la República destinó fondos públicos a la contratación del abogado Daniel Kovalik y su firma con el fin de sacar al saliente presidente de la Lista Clinton.
De acuerdo con El Colombiano, el contrato fue firmado de manera directa tras una reunión extraordinaria convocada en la madrugada del 8 de enero de 2026. Tampoco hubo un proceso licitatorio abierto, pese al monto pactado por los honorarios. En la denuncia citada por el diario quedó consignada esta frase: “Nos dijeron: la orden viene directamente del presidente Petro”.
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El vínculo contractual incluyó el pago ya conocido, cláusulas de “consultoría estratégica”, gastos adicionales y honorarios por éxito. El acuerdo también estableció que los desembolsos se hicieran en libras esterlinas, un punto que generó nuevas dudas sobre la gestión y el control de los recursos públicos.
La contratación, según el medio regional, se realizó sin estudios previos exhaustivos y sin exigir la póliza de seguro habitual en este tipo de procesos. Ese conjunto de elementos reforzó los cuestionamientos sobre la transparencia de la operación.
Tras conocerse la polémica, el gobernante de los colombianos argumentó que, en su función como jefe de Estado, tiene “el derecho de defenderme como servidor público”.
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“En acciones de la presidencia protegidas por leyes internacionales y nacionales del país donde se me asignan la comisión de irregularidades, tengo el derecho de defenderme como servidor público”, escribió el mandatario.
Las declaraciones del jefe de Gobierno generaron polémica, sin embargo, el Dapre prorrogó contrato por $10.000.000.000 para los abogados hasta el 30 de junio de 2026.
La Presidencia de la República justificó la prórroga, señalando que la defensa internacional del gobernante de los colombianos exige continuidad y acompañamiento permanente por la complejidad de los trámites y procedimientos ante autoridades extranjeras. El Dapre agregó que se trata de una estrategia progresiva que requiere seguimiento técnico constante.
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El acuerdo se firmó el 9 de enero de 2026 y mantiene el monto inicial de 2.000.000 de libras esterlinas, equivalentes a cerca de $10.000.000.000. Según Blu Radio, el contrato tenía vigencia hasta el 30 de abril de este año y ahora continuará por más de un año adicional sin importar que Petro ya haya salido de la Casa de Nariño.
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