Ministerio de Comercio le pidió a la Dian reglamentar la prohibición del trabajo forzoso ante implementación de aranceles de Estados Unidos

La reglamentación para prohibir la importación y exportación de bienes elaborados con trabajo forzoso, que el Ministerio de Comercio pidió expedir antes del 6 de julio de 2026, quedó en manos de la Dian y no estuvo lista a tiempo, en vísperas de que Estados Unidos activara un arancel adicional del 12,5% a varios productos colombianos dentro de una medida que abarca a cerca de 60 países.

La sobretasa comenzó a regir desde el viernes 24 de julio y fue oficializada el jueves 23 de julio por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la Ustr, como resultado de investigaciones adelantadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La secuencia le dio un peso distinto a una carta enviada un mes antes por la ministra de Comercio, Diana Morales, al director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano.

Según información divulgada por Blu Radio, la comunicación del 22 de junio advertía sobre la necesidad de expedir, antes del 6 de julio, la reglamentación de una disposición ya incorporada durante la discusión del régimen sancionatorio aduanero. Esa norma buscaba establecer una prohibición expresa para la importación y exportación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.

Es decir, que la entidad que debía reglamentar esa prohibición era la Dian, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La cartera sostuvo en su carta que esa implementación era estratégica para la relación comercial bilateral y pidió acelerar los trámites para que la norma entrara en vigor dentro del plazo previsto.

En la carta, el Ministerio explicó que la medida respondía a compromisos internacionales asumidos por Colombia para combatir el trabajo forzoso, fortalecer los controles aduaneros y proteger la integridad de las cadenas de suministro. También señaló que atendía requerimientos formulados por Estados Unidos en el marco de la relación comercial entre ambos países.

Morales recordó que, en reuniones de coordinación interinstitucional, la Dian había manifestado su disposición de liderar la expedición de la norma. La ministra añadió que el Ministerio brindaría acompañamiento técnico y jurídico para culminar el proceso.

La regulación, pese a esa solicitud, no fue expedida dentro del plazo planteado por la cartera. Semanas después, la USTR confirmó el gravamen adicional del 12,5% para determinadas exportaciones colombianas.

El documento remitido por el Ministerio incluyó dos anexos: un proyecto normativo y una comunicación del Consejo Gremial Nacional fechada el 9 de junio de 2026.

En ese mensaje, el sector empresarial pidió prohibir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso y acompañar la medida con criterios objetivos de riesgo, mecanismos de investigación, estándares probatorios, competencias institucionales definidas y garantías de debido proceso.

De acuerdo con la cartera, expedir esa reglamentación habría fortalecido el marco institucional colombiano, mostrado el compromiso del país con la protección de los derechos laborales y consolidado la confianza de los socios comerciales en las cadenas de suministro nacionales.

El Ministerio avanzó con un borrador ante la falta de resultados

Fuentes consultadas por Caracol Radio señalaron que, ante la falta de acciones concretas por parte de la Dian, el Ministerio decidió avanzar por su cuenta y publicar un borrador de resolución. Esa propuesta fijaba lineamientos generales para que los operadores de comercio exterior identificaran y gestionaran de manera autónoma los riesgos asociados al trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.

El proyecto también asignaba a la Ventanilla Única de Comercio Exterior la tarea de recibir, analizar y evaluar denuncias, reportes e información sobre mercancías que pudieran haber sido producidas bajo condiciones de trabajo forzoso u obligatorio. La idea era reforzar los mecanismos de control antes de que venciera el plazo planteado por la cartera.

La carta de junio volvió a adquirir relevancia porque muestra que el Ministerio había advertido con anticipación sobre el riesgo comercial de no expedir la reglamentación. La actualización normativa buscaba servir como una estrategia preventiva frente a exigencias internacionales crecientes sobre derechos laborales y trazabilidad de las cadenas de suministro.

La medida adoptada por Estados Unidos afectó a Colombia dentro de un grupo de cerca de 60 países. Según el texto conocido, el aumento arancelario hace parte de una política orientada a restringir el acceso de mercancías vinculadas, directa o indirectamente, con trabajo forzoso.

La prohibición de importar bienes fabricados con ese tipo de prácticas, de acuerdo con la explicación del Ministerio y el respaldo del sector empresarial, apuntaba a tres efectos: reforzar el control aduanero, dar mayor transparencia a las cadenas de suministro y responder a compromisos internacionales en materia de derechos laborales. La reglamentación no alcanzó a entrar en vigor antes del plazo solicitado por la cartera.