La MOE solicitó al Congreso impulsar leyes que reglamenten la participación en política de funcionarios públicos en las elecciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) pidió al Congreso de la República que tramite una ley estatutaria para reglamentar la participación en política de los funcionarios públicos, con el objetivo de cumplir la Constitución Política de 1991 y brindar seguridad jurídica.

Conforme a lo expuesto, la norma permitiría delimitar el alcance de esa participación, fijar límites para la actuación de los servidores públicos durante los procesos electorales y fortalecer las garantías de transparencia y equidad en futuras elecciones.

“La MOE hace un llamado al Congreso para que reglamente la participación en política de los funcionarios públicos mediante una ley estatutaria, en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución”, señaló la entidad.

La veeduría advirtió que la falta de una regulación clara puede alterar el desarrollo de las contiendas y crear ventajas indebidas.

“La ausencia de reglas precisas sobre esta materia puede generar desequilibrios en la competencia democrática, especialmente cuando se involucra el uso de investiduras, recursos públicos o canales institucionales para influir en las decisiones del electorado”, señaló durante la presentación de su informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial.

La segunda vuelta presidencial trasladó la confrontación del debate programático a los tribunales y las redes sociales

La organización advirtió una tendencia sostenida a mover la disputa política desde los escenarios tradicionales hacia controversias jurídicas de alto impacto mediático. Ese desplazamiento, según el informe, se produjo en el periodo entre la primera y la segunda vuelta.

“Durante el periodo entre la primera y la segunda vuelta se evidenció el uso recurrente de acciones judiciales y la formulación de denuncias como herramientas de proselitismo, con un efecto significativo en el debate público al amplificar la confrontación política en medios de comunicación y redes sociales”, señaló Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE.

Ese diagnóstico se enlazó con lo registrado en la conversación digital. A partir de una revisión automatizada de publicaciones recolectadas por el sistema eMonitor+, implementado por la MOE, PNUD Colombia y la FLIP, el monitoreo detectó un deterioro progresivo durante la segunda vuelta presidencial.

Según advirtió Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE, “en los días previos y durante la jornada electoral, la hostilidad escaló del insulto y la descalificación hacia narrativas de criminalización, deshumanización y estigmatización del adversario, incluidas expresiones constitutivas de discursos ofensivos o de odio por razones de género y pertenencia étnico-racial”.

El informe agregó que se intensificaron narrativas de fraude y desconfianza electoral. A criterio de la organización, ese fenómeno reforzó un clima de polarización y presentó la contienda como una disputa existencial entre sectores políticos, atravesada por cuestionamientos generales a la legitimidad del proceso y de sus resultados.

La violencia política alcanzó 29 departamentos y la MOE condenó el asesinato del periodista Cristian Herrera

La MOE también identificó afectaciones violentas contra liderazgos en 29 departamentos. La concentración principal se registró en Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá.

En ese panorama, la organización condenó “de forma particular y vehemente” el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta, ocurrido el 6 de junio de 2026. En efecto, determinó que ese hecho expuso el riesgo para el libre ejercicio periodístico en el país.

En materia de observación con enfoque diferencial, la MOE indicó que, salvo algunos casos puntuales, la jornada ofreció condiciones para que personas trans y personas con discapacidad ejercieran el derecho al voto. Sepúlveda precisó que ese piso operativo no cerró las brechas pendientes.

“Persisten retos que requieren atención por parte de la organización electoral, especialmente en la inclusión de estos sectores en la organización del proceso, el fortalecimiento de la capacitación sobre trato digno en los puestos de votación y la garantía efectiva de medidas que permitan votar sin barreras ni discriminación”, concluyó.