
La Asociación Sindical de Empleados de la Protección (Asep) emitió la mañana del viernes 3 de julio un comunicado en el que se refirió a la petición elevada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, sobre la suspensión de nombramientos en la entidad durante el período de transición presidencial.
Desde la Asep se pidió instalar una mesa de trabajo que permita analizar a fondo el proceso de ampliación de la planta de personal y la futura vinculación de 6.870 nuevos cargos.
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Desde el sindicato se resaltó que la reestructuración de la UNP no puede reducirse a una discusión de simples nombramientos.
Por tal motivo, para la organización el debate debe centrarse en la garantía de un servicio de protección eficaz para los beneficiarios y en el respeto por la experiencia, la estabilidad y la igualdad de oportunidades de quienes, durante años, han arriesgado su vida protegiendo a miles de colombianos.
Asep reclama experiencia y mérito real como ejes de la protección
En su comunicado, la Asep advirtió que la construcción de un nuevo Manual de Funciones debe reconocer la educación formal, pero sin desconocer el valor irreemplazable de la experiencia real.
La organización remarcó que en Colombia no existe una carrera universitaria para formar escoltas o evaluadores de riesgo. “Estas competencias se adquieren mediante capacitación especializada, entrenamiento permanente y años de servicio”, insistió el gremio en el documento oficial.
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La asociación insistió además en la necesidad de fortalecer las áreas misionales y administrativas con personal idóneo, capaz de reducir los tiempos de respuesta y mejorar la asignación de medidas de protección.
El mensaje fue claro para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, según lo que reza en el mensaje oficial de la Asep: “El nuevo Gobierno debe impulsar la creación de un manual que mantenga como principio inrenunciable (sic) el mérito basado en la experiencia real en protección de personas para acceder a los cargos de Oficial de Protección”.

Llamado a la transparencia en los procesos de selección
Sumado a todo lo anterior, la Asep solicitó que se revise “con absoluta objetividad y transparencia” el proceso mediante el cual, en la administración saliente, se privilegiaron ciertos requisitos académicos por encima de la trayectoria de los trabajadores.
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El sindicato pidió establecer si existieron intereses particulares en la definición de esos requisitos, sobre todo ante iniciativas ligadas a convenios con la Universidad San José, señalada por ofrecer títulos académicos exprés que habrían favorecido determinados nombramientos, entre ellos uno de los más polémicos, el de Juliana Guerrero.
“Valoramos la formación profesional como un mérito adicional; sin embargo, ello no puede convertirse en un mecanismo para excluir a quienes han construido su trayectoria mediante años de experiencia”, puntualizó el comunicado.
La asociación reiteró que en Colombia ninguna universidad otorga títulos profesionales en protección de personas, formación de escoltas o evaluación de riesgos. “Esas competencias se adquieren mediante formación especializada y experiencia comprobada”, agregó el documento.
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El sindicato exige que el nuevo gobierno implemente la planta de personal
En el cierre del comunicado, ASEP consideró “indispensable” que la implementación de la nueva planta de personal corresponda al Gobierno que asumirá la dirección del Estado, y no a la administración saliente.
Para el sindicato, solo así se puede garantizar un proceso transparente y legítimo, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar la estabilidad institucional.
Al final, y como una pulla hacia el gobierno de Gustavo Petro, la Asep recordó que la gestión saliente deja una crisis profunda en el servicio de protección, evidenciada en reiteradas denuncias públicas sobre fallas que, según el sindicato, costaron la vida de varios protegidos. Entre los hechos más graves mencionaron el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.
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Petición de diálogo directo con el empalme y advertencia sobre el futuro
La asociación le pidió al presidente y al vicepresidente electos, así como al equipo de empalme, la instalación de una mesa de trabajo que permita exponer los alcances reales de la reestructuración de la UNP antes de cualquier decisión definitiva sobre la ampliación de la planta de personal.
El sindicato reiteró su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones que garanticen la calidad del servicio, la equidad y la protección de los derechos laborales de quienes integran la entidad.
En el comunicado del 28 de junio, Restrepo fundamentó su petición en la expedición del Decreto 0670 de 2026, que modifica los requisitos de estudios y experiencia para acceder a los empleos de Oficial de Protección, Código 3137.
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El vicepresidente electo reconoció la legalidad y vigencia del decreto, pero advirtió que su implementación inmediata, en la antesala de un cambio de gobierno, podría limitar la capacidad de la próxima administración para definir su política de seguridad.
“El Equipo de Empalme reconoce que dicho Decreto fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República… Por consiguiente, no es nuestro propósito cuestionar la validez jurídica del Decreto ni anticipar pronunciamiento alguno sobre su contenido”, expresó Restrepo en el documento enviado a la UNP.
Sin embargo, advirtió que la provisión de cargos en este contexto “exige una valoración especialmente cuidadosa de su oportunidad, necesidad y conveniencia institucional”.
Adicional a lo anterior, Restrepo insistió en que el gobierno saliente debe actuar bajo los principios de lealtad institucional y colaboración armónica que impone la Constitución, especialmente cuando se trata de decisiones que pueden tener efectos permanentes sobre la organización y el personal de la entidad.
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