Esposa de víctima de los falsos positivos, tras 20 años del crimen, aseguró que perdonó a militares involucrados

La audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a poner en el centro los testimonios de víctimas y comparecientes por los llamados falsos positivos en Casanare. En ese contexto, familiares de civiles asesinados relataron el impacto de años de estigmatización y silencio, mientras un oficial en retiro reconoció su responsabilidad en órdenes que derivaron en graves violaciones a los derechos humanos y en la exigencia de verdad y reparación para el territorio.

Carolina Casas, esposa de William Salamanca, dijo en conversación con Noticias Uno que decidió pasar página a nivel personal tras el asesinato de su esposo en 2006 a manos de militares en Casanare: “Yo a esos señores militares hace rato los perdoné. No por ellos, por mí, porque por 20 años cargué una maleta bastante pesada de estigmatización”.

Casas ubicó su testimonio en medio del proceso de lo que, según ella, vivieron las familias durante años: “Nosotros, los que por más de dos décadas, tuvimos que guardar silencio por amenazas del mismo ejército”.

Las declaraciones se conocen luego de que el coronel (r) Germán Alberto León admitiera ante la JEP su responsabilidad en órdenes que llevaron a su tropa a escoger civiles vulnerables para presentarlos como bajas en combate. “Lo único que me interesa es reparar todo lo que les he causado”, afirmó el oficial en retiro.

Según el reporte del medio de comunicación, entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006 “desaparecieron y se ejecutaron extrajudicialmente a treinta personas”, presentadas ilegalmente como muertas en combate en Casanare cuando León comandaba el batallón de infantería número 44 Ramón Nonato Pérez.

El coronel retirado se refirió a la orden que acató en ese periodo y a su posición actual frente a lo ocurrido: “Cumplir esa orden hoy en día me pesa y de la cual me arrepiento porque mi obligación moral y profesional era no acatarla”.

La Jurisdicción Especial para la Paz estableció que el compareciente ya había sido condenado a cinco años, nueve meses y un día de prisión por su responsabilidad en falsos positivos en Casanare y Boyacá, de acuerdo con la misma información.

En la audiencia, el magistrado de la JEP Gustavo Salazar explicó el alcance del reconocimiento: “León Durán reconoció de manera expresa, libre y detallada haber sido el engranaje que hizo posible los crímenes”.

Desde las organizaciones de víctimas, el presidente de la asociación Casa-Paz Wilmer Andrey Pérez pidió un compromiso que exceda los relatos individuales: “Deben tener un compromiso genuino con la verdad y no solo con la verdad de las víctimas, sino con la verdad para con el territorio”.

El caso también marcó, según el informe del noticiero, la primera vez que la JEP impone una sanción alternativa a un compareciente de la fuerza pública que al inicio no aceptó la imputación y luego, en etapa de juicio, decidió hacerlo.

La JEP responsabilizó a León Durán como coautor por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a tres generales retirados y a 22 militares más para que reconozcan su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate, especialmente en la región de la Costa Caribe.

Las audiencias públicas se llevan a cabo en Barranquilla y Valledupar, y los hechos investigados abarcan los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Según la JEP, se imputó a 28 comparecientes por su presunta responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas entre enero de 2002 y diciembre de 2008.

Entre las víctimas hay menores de edad, mujeres e integrantes de pueblos indígenas. La JEP ha recuperado 93 cuerpos y ha identificado 20 personas vinculadas a estos casos. El subcaso de la Costa Caribe se considera uno de los más relevantes dentro de las investigaciones nacionales sobre ejecuciones extrajudiciales en el país.