Abogado de Petro cuestionó los $10 billones anunciados por el nuevo gobierno para la salud: “La infidelidad no se cura vendiendo el sillón”

El abogado Alejandro Carranza, identificado como defensor del presidente Gustavo Petro, publicó un extenso pronunciamiento en su cuenta de X en el que formuló una serie de interrogantes sobre el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de destinar $10 billones para enfrentar la crisis financiera del sistema de salud.

En su mensaje, sostuvo que esos recursos no constituyen una inyección de dinero nueva y planteó que las autoridades deben establecer qué ocurrió con los recursos que previamente ingresaron al sistema.

En su publicación, el abogado manifestó que “Los 10 billones de pesos que hoy se anuncian para atender la crisis financiera de las IPS no constituyen un recurso nuevo para el sistema de salud”.

Añadió que, en su criterio, “en esencia, corresponden a dineros que los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado ya financiaron mediante cotizaciones, aportes y recursos públicos destinados constitucional y legalmente a garantizar el derecho fundamental a la salud”.

Carranza aseguró además que la discusión debe enfocarse en establecer qué sucedió con esos recursos y escribió: “La discusión jurídica y política no puede limitarse a cómo conseguir otros 10 billones, sino a establecer qué ocurrió con los recursos que ya ingresaron al sistema y que, en numerosos casos, no llegaron oportunamente a las IPS, generando una cartera insostenible, deteriorando la prestación de los servicios y comprometiendo la vida y la salud de millones de pacientes”.

En otro apartado de su mensaje cuestionó el tratamiento que, según él, han recibido quienes habrían ocasionado afectaciones al sistema de salud y señaló: “Será que para los que han ocasionado más muertes que el conflicto armado por desatención y por haberse robado la plata de la salud no merecen mano dura, medidas cautelares sobre sus bienes y condenas ejemplares en vez de darles otros 10 billones para cubrir el hueco que abrieron?”.

Asimismo, sostuvo que si los recursos hubieran sido desviados o utilizados para fines distintos a los previstos por la Constitución y la ley, correspondería a las autoridades establecer las responsabilidades fiscales, disciplinarias, administrativas y penales, además de adoptar medidas cautelares para proteger el patrimonio público.

Los interrogantes dirigidos a la Fiscalía y al manejo del presupuesto

En su publicación, Carranza planteó varias preguntas que calificó como de interés público. Entre ellas, cuestionó el origen de los $10 billones anunciados y preguntó si esos recursos serían asumidos nuevamente por los contribuyentes y usuarios del sistema de salud o si implicarían trasladar partidas desde otros sectores del Presupuesto General de la Nación.

También preguntó cuáles serían los rubros afectados en caso de que el dinero proviniera del presupuesto nacional y mencionó como posibilidades la inversión social, la educación, la seguridad, la infraestructura u otros programas prioritarios del Estado.

Otro de los interrogantes estuvo dirigido a la Fiscalía. El abogado preguntó: “¿Cuál ha sido el resultado concreto de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía para recuperar los recursos públicos presuntamente desviados del sistema de salud?”.

Además, solicitó información sobre cuántos procesos de extinción del derecho de dominio se encuentran en curso, cuántos bienes han sido cautelados y cuántos recursos han sido efectivamente recuperados para el sistema, así como los avances en investigaciones relacionadas con casos que han sido objeto de cuestionamientos públicos, entre ellos los aproximadamente $200.000 millones vinculados con la intervención de Coosalud.

Carranza también preguntó cuál sería el mecanismo jurídico, financiero y de control que impediría que una nueva inyección de recursos volviera a generar acumulación de cartera, desviación de dinero o utilización de recursos públicos para finalidades distintas a la atención en salud.

Al finalizar su publicación, sostuvo: “La verdadera solución no consiste únicamente en aportar nuevos recursos. También exige recuperar los que ya salieron del sistema de manera presuntamente irregular, establecer las responsabilidades correspondientes y adoptar controles eficaces que impidan que una nueva inyección de recursos termine reproduciendo las mismas fallas estructurales que hoy tienen a las IPS al borde del colapso y ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud”.

Su mensaje concluyó con la frase: “Como dice el dicho, la infidelidad no se cura vendiendo el sillón, ni en este caso, pagándolo dos veces”.