Piden auditar la Agencia Nacional de Tierras por resolución que facilitaría supuesta desaparición de documentos: “Presuntos delitos”

La expedición de una resolución interna de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) generó solicitudes públicas para que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación realicen una auditoría urgente sobre los procedimientos contractuales de la entidad.

El exasesor ministerial Indalecio Dangond Baquero cuestionó la medida y advirtió que decisiones de este tipo podrían ser utilizadas para eliminar documentos que involucren al director de la ANT en presuntos delitos.

“Señores de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación: solicito una auditoría urgente a la Agencia Nacional de Tierras. Resoluciones como esta generan serias dudas y podrían estar siendo utilizadas para desaparecer documentos que comprometan al director en presuntos delitos (sic)”, indicó.

Según el medio El Pilón, Indalecio Dangond Baquero es una de las figuras que podría liderar el Ministerio de Agricultura en el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Detalles de la resolución

La polémica surgió tras la publicación de la Resolución No. 202660000412476, firmada el 26 de junio de 2026, en la que la Secretaría General de la ANT declaró hábiles los días sábado 27 de junio, lunes 29 de junio y sábado 4 de julio para adelantar trámites administrativos y contractuales. El texto de la resolución señala que la decisión responde a la necesidad de procesar cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios que finalizan el 30 de junio, así como otras gestiones pendientes en la entidad.

La periodista Katia Ospino aportó detalles sobre el contexto y las posibles consecuencias de la resolución. En un hilo publicado en redes sociales, Ospino explicó que la ANT habilitó días no laborables con el argumento de gestionar la enorme cantidad de contratos pendientes.

“La justificación es impactante: cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios vencen el 30 de junio y deben tramitarse prórrogas, adiciones, nuevas contrataciones y otros procesos en cuestión de días (sic)”, indicó.

Ospino planteó interrogantes sobre la planeación institucional y la transparencia en los procesos de contratación pública.

“Si una entidad llega al punto de habilitar fines de semana por el volumen de contratos pendientes, la pregunta es inevitable: ¿falló la planeación o se está normalizando la contratación de última hora? (sic)”, señaló la periodista.

Además, advirtió sobre la necesidad de un escrutinio riguroso: “Mientras mayor sea la urgencia, mayor debe ser la transparencia. Cada contrato, prórroga y adición debe poder ser escrutado por la ciudadanía (sic)”.

En la resolución, la Agencia Nacional de Tierras justificó la habilitación de jornadas extraordinarias con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios y el cumplimiento de sus funciones misionales. El documento expone que los contratos a prorrogar o renovar corresponden a servicios profesionales, de apoyo a la gestión y arrendamientos para el funcionamiento de sedes, además de licitaciones en curso como el proceso para contratar transporte terrestre y fluvial.

La resolución destaca el carácter prioritario de estos trámites y argumenta que la magnitud de la carga administrativa exige medidas excepcionales. Según el texto, la ANT busca asegurar la continuidad operativa y el desarrollo de políticas públicas de acceso, ordenamiento y administración de tierras. Sin embargo, la justificación dada por la entidad no disipó las inquietudes de diversos sectores.

La periodista Katia Ospino insistió en la importancia de la vigilancia ciudadana y el acceso a la información en procesos de esta magnitud.

“El país merece respuestas. ¿Quiénes son los 5.000 contratistas? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cuántos contratos serán prorrogados, cuántos serán nuevos y bajo qué criterios? La publicidad de estos procesos no puede ser una formalidad (sic)”, puntualizó.

Ospino también remarcó el papel de los entes de control frente a este tipo de decisiones administrativas. “Los organismos de control tienen el deber de hacer seguimiento. Cuando el volumen de contratación es de esta magnitud y se requieren jornadas extraordinarias para sacarlo adelante, la vigilancia debe ser igualmente extraordinaria”.