Ministro Pedro Sánchez dijo que frenar operaciones, como sugieren audios entre Danilo Rueda y el Clan del Golfo, sería un delito

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este jueves 26 de junio de 2026 que, si se confirma la autenticidad de los audios atribuidos al excomisionado de Paz Danilo Rueda sobre conversaciones con el Clan del Golfo para disminuir la presión militar contra esa organización, no solo se trataría de una falta de respeto hacia la fuerza pública, sino de una conducta que podría constituir un delito.

Las declaraciones del jefe de la cartera de Defensa se produjeron luego de las revelaciones divulgadas por Noticias Caracol, que dio a conocer una serie de grabaciones en las que se mencionarían posibles acuerdos orientados a reducir operaciones ofensivas contra el grupo armado ilegal.

Según la información publicada por ese medio, en las conversaciones se habría hablado de medidas como el congelamiento de operaciones militares, la suspensión de bombardeos y eventuales cambios dentro de la fuerza pública con el propósito de evitar acciones contra la estructura criminal.

Una de las frases que más llamó la atención fue la expresión “jugar a los congelados”, atribuida a Rueda y relacionada con una eventual disminución de las acciones militares.

Frente a ese escenario, Sánchez sostuvo que cualquier valoración depende primero de establecer si las grabaciones son reales. No obstante, advirtió que, de comprobarse su autenticidad, la situación tendría implicaciones jurídicas.

“De llegar a ser ciertas esas afirmaciones, no es un irrespeto solamente con la Fuerza Pública. Es un delito. Se está promoviendo la acción criminal”, afirmó el ministro al referirse al contenido de los audios.

El funcionario aclaró que no corresponde al Ministerio de Defensa determinar la autenticidad de las grabaciones ni establecer las posibles responsabilidades penales derivadas de estas. Según explicó, esa tarea deberá ser asumida por las autoridades competentes.

“Serán las autoridades las que decidan la veracidad y confirmen los delitos en que se haya incurrido”, señaló.

Las declaraciones del ministro se conocieron en medio de una creciente controversia sobre los alcances de la política de Paz Total y los acercamientos adelantados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro con diferentes estructuras armadas ilegales.

La polémica se intensificó luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara la apertura de una indagación previa contra el exministro de Defensa Iván Velásquez y el exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda, por los hechos revelados en los audios.

La actuación disciplinaria también cobija al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y a Ricardo Rey Rosanía, quien para la época de los hechos se desempeñaba como jefe de contrainteligencia de esa entidad.

De acuerdo con las revelaciones conocidas, Lemus le habría pedido a Edward Ferney Rincón, alias ‘Boyaco Sinaloa’, que intercediera ante el Clan del Golfo. Además, le indicó que ya habían enviado un mensaje a la organización criminal a través de otro narcotraficante, Jorge Iván González Ramírez, alias ‘Jota Firma’.

La conversación incluyó otro elemento que ha generado controversia: una aparente solicitud de información para interceptar líneas telefónicas. La frase que quedó registrada fue: “A ver si aparece una liniecita y le hacemos”.

Esa expresión se conoció en el mismo video en el que altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia buscaban establecer acercamientos con el máximo cabecilla del grupo armado.

Rincón, por su parte, manifestó su disposición para colaborar. “En lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto”, afirmó. Incluso, señaló que estaba dispuesto a desplazarse hasta las zonas de influencia del Clan del Golfo para servir de enlace, siempre que recibiera autorización, pues, según dijo, “eso está infiltrado por todas partes”.

La controversia también se centra en el perfil del interlocutor escogido por la cúpula de inteligencia. Durante la reunión, Rincón reconoció que había sido narcotraficante, que trabajó en México con carteles de ese país y que fue investigado por agencias de seguridad de Estados Unidos.

Frente a estos hechos, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa con el fin de establecer la ocurrencia de las conductas denunciadas, identificar posibles faltas disciplinarias y determinar eventuales responsables.

“Se considera procedente el inicio de una indagación previa con el fin de identificar los hechos, conductas y posibles responsables de las acciones que reporta Noticias Caracol y que, a priori, se advierten como relevantes para el derecho disciplinario”, indicó el órgano de control.

Según las grabaciones divulgadas, funcionarios del alto Gobierno habrían planteado al Clan del Golfo la posibilidad de reducir operaciones militares, limitar bombardeos y revisar aspectos relacionados con la política de extradición de sus principales cabecillas.

Asimismo, en los audios se mencionaría la posibilidad de efectuar cambios dentro de la Fuerza Pública y adelantar acciones contra uniformados que no acataran las directrices relacionadas con el eventual freno de operaciones contra la organización criminal.