Congresistas electos Hernán Cadavid y Ariel Ávila afirmaron que la Paz Total del Gobierno Petro fue “un fracaso”

El anuncio de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, sobre el plazo de 30 días para que los grupos criminales se sometan a la justicia, reavivó el debate sobre la eficacia de las políticas frente a la criminalidad y el legado de la Paz Total.

En los últimos años, la política de sometimiento a la justicia ha sido presentada como la única vía legal vigente para los grupos armados ilegales en Colombia. Este enfoque parte de la experiencia reciente y de la percepción de que las concesiones amplias a estos grupos no han resuelto el problema de fondo, sino que han generado nuevas dificultades políticas y económicas para el país.

Por eso, el presidente electo ha dado este plazo para que las organizaciones criminales tomen una decisión sobre su futuro judicial.

Debate sobre el sometimiento y la Paz Total

Frente al tema, Hernán Cadavid, senador electo del Centro Democrático, y Ariel Ávila, congresista reelecto, dieron su punto de vista sobre esta política de Estado del gobierno de Gustavo Petro.

Cadavid fue enfático al calificar la política de Paz Total como “un fracaso”. “Hoy el único camino, y por eso también votaron los colombianos, es que los grupos armados al margen de la ley se sometan al único camino legal que hoy existe, que es el sometimiento al Código Penal”, sostuvo.

Para el congresista electo, la experiencia demuestra que los beneficios y concesiones a estos actores solo han traído más inseguridad.

Según dijo, el Acuerdo de Paz de La Habana permitió la desmovilización de 13.000 guerrilleros, de los cuales 8.000 estaban en armas, pero “el país sigue pagando en términos políticos y económicos” por esas concesiones. El senador agregó: “Aquí lo que ha habido siempre es un cóctel de beneficios jurídicos para todas esas estructuras”.

En contraste, Ávila señaló que la única forma realista de sometimiento es que los integrantes de los grupos armados se entreguen voluntariamente o se acojan al principio de oportunidad. Reconoció: “La Paz Total estuvo muy mal manejada desde el principio”, debido a que se firmaron ceses al fuego sin protocolos claros para su verificación.

Para quienes preguntan si las políticas de ‘mano dura’ han dado resultados, Cadavid defendió su utilidad durante gobiernos anteriores: “El presupuesto básico para poder avanzar en una política de paz tiene que ser que haya una seguridad estable y que demuestre confianza a los colombianos, pero no al revés”.

Obstáculos jurídicos y reconocimiento político

Ávila explicó que la Corte Constitucional exige un marco jurídico para el sometimiento, que actualmente no existe, lo que convierte cualquier acercamiento en “humo”. “La ley permite entablar acercamientos y diálogos, pero la Corte Constitucional dijo que se requería un marco de sometimiento, cosa que no existe, así que todo lo de Medellín, todo lo del Clan del Golfo, pues es literalmente como humo porque, como no hay marco jurídico, no se podía dar”, afirmó.

En cuanto al reconocimiento político de las disidencias, Ávila puntualizó: “A la Segunda Marquetalia y al Estado Mayor, que son disidencias, no se les debió dar un reconocimiento político porque ya se había negociado con las Farc”. El senador consideró que solo el ELN tendría sentido como interlocutor político en este momento.

La discusión dejó en claro que la ausencia de un marco legal sólido y consensuado limita la efectividad de cualquier estrategia de sometimiento. Mientras tanto, la cifra de personas en armas sigue siendo elevada y la inseguridad persiste, alimentando el debate sobre la mejor vía para lograr la paz y la legalidad en Colombia.

El reciente anuncio presidencial subraya la urgencia de definir un enfoque claro frente a los grupos armados ilegales. Las posiciones enfrentadas dentro del Congreso reflejan la falta de consenso sobre los mecanismos más adecuados para enfrentar la criminalidad, así como las dificultades para implementar medidas efectivas sin un marco jurídico robusto.

Esta situación evidencia la complejidad del problema y la necesidad de que las futuras políticas combinen realismo, legalidad y legitimidad social para avanzar hacia una solución sostenible.