Grupo de los 38 juristas pidió proteger la confianza en la justicia tras la indagatoria a Álvaro Uribe por la masacre de El Aro y La Granja

El denominado Grupo de los 38 hizo público un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por la decisión de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de abrir instrucción y vincular mediante diligencia de indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en 1996 y 1997, así como por el homicidio de Jesús María Valle.

En el documento, el colectivo dejó claro que su posición no busca interferir en el proceso judicial ni emitir un juicio sobre la eventual responsabilidad penal del exmandatario, sino llamar la atención sobre el contexto en el que fue adoptada la decisión y el impacto que, según considera, podría tener sobre la confianza ciudadana en las instituciones.

“No nos pronunciamos sobre su responsabilidad penal, que corresponde exclusivamente a la justicia, sino sobre las condiciones en que la decisión se adopta y los riesgos que, para la confianza ciudadana, entraña su coincidencia con el cierre de la contienda electoral”, señaló el grupo.

En su pronunciamiento, el Grupo de los 38 recordó que la apertura de instrucción constituye una etapa procesal prevista en la Ley 600 de 2000 y no representa una declaración de culpabilidad ni una decisión definitiva sobre el proceso.

Los firmantes subrayaron que, durante esta fase, el procesado conserva plenamente las garantías constitucionales y convencionales, entre ellas el debido proceso y la presunción de inocencia. “La apertura de instrucción no es una condena ni una declaración de responsabilidad penal. Es apenas el acto que inicia la etapa de instrucción (…) y el procesado es vinculado mediante indagatoria y amparado, en todo momento, por la presunción de inocencia”, indicó el documento.

El colectivo sostuvo además que es fundamental que la opinión pública diferencie entre una actuación preliminar y un fallo judicial, con el propósito de evitar que el desarrollo del proceso sea interpretado anticipadamente como una declaración de responsabilidad.

Cuestionamientos por el momento procesal

Uno de los principales argumentos expuestos por el Grupo de los 38 hace referencia a la oportunidad en la que fue adoptada la decisión de la Fiscalía. Según el documento, la investigación tiene antecedentes que se remontan al año 2000, por lo que el inicio formal de la instrucción después de un periodo prolongado plantea interrogantes sobre el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

El colectivo señaló que esta garantía no solo protege a la persona investigada, sino también a las víctimas y a la sociedad, al contribuir a que los procesos judiciales avancen de manera oportuna y generen confianza en las instituciones.

Asimismo, manifestó preocupación porque, según afirma, al momento de abrir la instrucción aún permanecían pendientes varias pruebas decretadas dentro de la investigación.

La coincidencia con el proceso electoral

El pronunciamiento dedica un apartado a la coincidencia temporal entre la decisión judicial y el cierre del proceso electoral presidencial. Para los firmantes, la legitimidad de la administración de justicia depende tanto de la independencia efectiva de jueces y fiscales como de la percepción que la ciudadanía tenga sobre esa independencia.

“La confianza en la justicia no depende solo de la independencia real de jueces y fiscales, sino de que resulte creíble ante los ciudadanos, pues las apariencias también cuentan”, afirmó el Grupo de los 38.

En esa línea, el colectivo hizo referencia al concepto de lawfare, entendido —según expuso— como la utilización de procesos judiciales con fines de desgaste o afectación política. También recordó que anteriormente había planteado ante instancias internacionales la necesidad de evitar tanto la instrumentalización política de la justicia como la criminalización de la actividad política.

No obstante, el grupo enfatizó que la defensa de las garantías procesales no debe confundirse con una postura favorable a la impunidad. “El esclarecimiento de hechos graves y los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia reclaman una actuación judicial independiente y alejada de cualquier sospecha de cálculo político”, señaló el documento.

En la parte final del pronunciamiento, el Grupo de los 38 hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia para que el proceso continúe con apego al debido proceso, transparencia e independencia.

Igualmente, pidió a los medios de comunicación, a los actores políticos y a la ciudadanía distinguir entre una actuación procesal y una decisión definitiva sobre la responsabilidad penal del expresidente. “Que no conviertan una actuación preliminar en un veredicto anticipado y distingan entre la justicia y el espectáculo”, concluyó el colectivo.