Canacol fue autorizada para cancelar contratos de gas en Colombia: 12 empresas y millones de personas en el Caribe se verán afectadas

La Corte de Alberta en Canadá validó la terminación de 19 contratos de suministro de gas que beneficiaban a Canacol Energy. La decisión preocupa en Colombia, ya que la empresa Cerro Matoso alertó sobre la posible inviabilidad de su operación si se interrumpe el suministro de gas, pero su aplicación en el país aún depende de la revisión de la Superintendencia de Sociedades. Si las autoridades colombianas la autorizan, el caso puede afectar la operación de Cerro Matoso, presionar las tarifas del servicio público y alterar un mercado en el que cerca de un tercio de la demanda proviene del exterior.

Como se recordará, Canacol entró en un proceso de reestructuración en 2025 para sanear sus finanzas y protegerse frente a sus acreedores. Y es que la compañía ya no cuenta con el gas natural necesario para cumplir sus compromisos.

Se debe tener en cuenta que la empresa es la mayor compañía privada de la industria del gas en el país y concentra 8% de la producción nacional del energético, según cifras de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Las 12 empresas mencionadas como afectadas son:

• Gases de La Guajira.
• Gases del Oriente.
• Cerro Matoso.
• Surtigas.
• Enel Colombia.
• Gases del Caribe.
• Petromil Gas.
• Atinkana.
• Grupo Energético de las Américas.
• Gas Hub.
• Promigás.
• Canaven.

Qué efectos tendría en Colombia la decisión de la corte canadiense

El aval de la justicia canadiense no produce efectos inmediatos en Colombia. La decisión de primera instancia deberá pasar por la revisión de la Superintendencia de Sociedades, que definirá si adopta o no esas medidas en el país. Según la firma Serrano Martínez CMA, ese examen local deberá hacerse bajo las normas colombianas. El análisis tendrá en cuenta la soberanía nacional, la seguridad energética y el orden público económico colombiano.

Al respecto, el socio encargado del área de energía de Serrano Martínez CMA, José Plata, dijo a Valora Analitik en mayo de 2026 que la Corte canadiense resolvió el caso sin considerar las condiciones del mercado colombiano ni los efectos sobre el servicio público. También sostuvo que “si la Superintendencia de Sociedades, rodeada de las autoridades del sector, no adopta la medida, Canacol seguiría obligada a cumplir con sus contratos”.

Plata agregó que la Superintendencia de Sociedades deberá apoyarse en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) e incluso la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Según él, uno de los riesgos es que Canacol venda gas a precios más altos, con efecto sobre las tarifas y sobre los subsidios que asume el Estado para los estratos uno, dos y tres.

Advirtió al medio que, si las autoridades autorizan la suspensión de los contratos, eso “podría generar una crisis de abastecimiento, suspensiones en el servicio público, aumentos en las tarifas y un impacto sobre la economía”. A ese escenario se suma un déficit estructural de gas en Colombia, donde cerca de un tercio de la demanda local proviene del exterior, según Naturgas.

Por qué Cerro Matoso dice que su operación está en riesgo

Cerro Matoso sostuvo que la aplicación de esa decisión en el país haría inviable su operación. La empresa señaló que Canacol le suministra 82% del gas natural que requiere para operar.

La minera afirmó que en las últimas semanas Canacol redujo de forma unilateral las entregas previstas en el contrato e impuso restricciones al flujo del combustible. La compañía añadió que el gas es esencial en su proceso industrial. “Este recurso es un insumo irreemplazable dentro del proceso productivo del ferroníquel, sin el cual resulta imposible mantener los equipos en funcionamiento”, señaló.

Si el suministro se interrumpe, la operación tendría que detenerse y apagar equipos críticos, en especial sus dos hornos. Cerro Matoso advirtió que esa parada causaría daños estructurales irreversibles. La recuperación de esos activos tardaría más de diez meses de inactividad.

El costo estimado oscila entre $550.000 millones y $730.000 millones por cada horno.

Costos sociales y económicos

Cerro Matoso también alertó sobre el efecto laboral y social de una eventual parálisis. Según sus cálculos:

• Más de 2.000 trabajadores directos e indirectos quedarían en riesgo y el impacto alcanzaría a cerca de 50.000 personas de 25 comunidades vecinas en el sur de Córdoba.
• Destinó más de $10.600 millones a inversión social durante 2025 en esas zonas.
• El país dejaría de recibir $3.000 millones diarios por impuestos, regalías y compras de bienes y servicios si su operación se detiene.

Sostuvo que la cancelación de contratos puede afectar el mercado regulado de la Costa Atlántica. Según su advertencia, la interrupción del suministro y del transporte hacia distribuidores podría traducirse en aumentos de tarifas para poblaciones de la región Caribe.

Después del fallo de primera instancia, la compañía disponía de 21 días para apelar ante la Corte canadiense en segunda instancia. Al mismo tiempo, pidió la intervención de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno Nacional. La solicitud apuntaba a que las autoridades colombianas actuaran antes de que el conflicto comprometa empleos, comunidades y terceros vinculados a la operación. También busca preservar la continuidad de una actividad industrial que completa 44 años en la economía de Córdoba.