Con la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia, se comienza a definir cuál será su hoja de ruta para presentar sus proyectos ante el Congreso de la República.
Uno de ellos es la posible radicación de una reforma tributaria estructural, una iniciativa recomendada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) al sostener que el mandatario electo recibirá una presión fiscal que obligaría a recortar gasto y revisar subsidios.
El dato más delicado del diagnóstico es la brecha frente al cálculo del Ejecutivo: el centro de estudios estima un desbalance de al menos $63 billones respecto del escenario oficial.
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Según el documento La bomba de tiempo fiscal que recibe el Gobierno de Abelardo de la Espriella, si el nuevo Gobierno quiere mantenerse dentro de la desviación permitida por la cláusula de escape de la regla fiscal, tendría que rezagar ese monto y trasladar el problema a 2027.
Frente a la propuesta oficial de una reforma tributaria por $30,2 billones, la entidad sostiene que la ley “debe estar enfocada en ampliar la base tributaria y reducir la evasión”.
No obstante, la tesis planteada por el centro de estudios generó todo tipo de reacciones en el país. Uno de ellos fue Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo, al mencionar que esa posible reforma fiscal no pretendería la eliminación de beneficios tributarios sino que podría incluir cargas tributarias hacia productos de la canasta básica de los colombianos.
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“Va a empezar a hablarse muy pronto de que hay que ‘eliminar beneficios tributarios’. Pero tengan en mente que el principal ‘beneficio’ que se tiene en la mira es que hoy en día no se le cobra IVA a bienes básicos de consumo como el arroz, la papa y la carne”, escribió el exdirector de la Dian en su cuenta de X.
Posteriormente, el exjefe de cartera compartió un ‘meme’ (imagen de humor) en la que enfatiza en su punto sobre la posible ley de financiamiento, algo que generó diferentes reacciones, tanto a favor como en contra.
A su vez, desde la bancada oficialista también expresaron su desacuerdo con la propuesta de la Anif, asegurando que, de ser aprobada en el legislativo, afectaría los intereses de los colombianos.
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“Se acabó la campaña. Ya hablan de subir el ACPM, hacer que más personas paguen impuesto de renta y recortar programas sociales. Otra vez, el ajuste se lo quieren cobrar a la clase media y a quienes viven de su trabajo”, indicó el senador Alex Flórez del Pacto Histórico.
Es importante recordar que, durante el gobierno de Gustavo Petro, fueron tramitadas tres iniciativas económicas, de las cuales, una fue avalada pero con varios artículos excluidos por la Corte Constitucional, y las otras dos fueron archivadas en su trámite legislativo.
Detalles de la propuesta de la Anif
En su análisis, la Anif señala que el cumplimiento de las metas oficiales depende de supuestos macroeconómicos y de ejecución que hoy aparecen bajo presión.
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Según los datos estimados, entre enero y mayo de 2026, los recursos comprometidos del Presupuesto General de la Nación aumentaron 18,1% en términos nominales y, si esa trayectoria continúa sin rezago del gasto, el déficit primario podría superar 4% del PIB.
“Por el contrario, si el Gobierno quiere cumplir con la desviación permitida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) bajo la cláusula de escape de la regla fiscal, que permite máximo un déficit primario de 2,1% del PIB, se deberían rezagar al menos $63 billones, los cuales se tendrían que pagar en el 2027, heredando el problema a la nueva administración”, explicó José Ignacio López, presidente de la asociación.
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El análisis también pone la lupa sobre la deuda. El Ejecutivo apuesta por operaciones que permitirían ahorrar hasta un punto del PIB en intereses, pero Anif sostiene que las dificultades de caja elevan el riesgo de que esa estrategia no se concrete.
Por el momento, el presidente electo no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la tesis planteada por el centro de estudios.
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