
La Fiscalía General de la Nación imputó, el 23 de junio de 2026, por homicidio culposo a la docente Emily Vivian Fuentes Hernández y a Danny Javier Ochoa, encargado de infraestructura del colegio Gimnasio Los Laureles de Cajicá, señalando que una cadena de omisiones en vigilancia y seguridad permitió la salida no detectada de Valeria Afanador, la niña de 10 años que luego apareció sin vida cerca del río Frío el 12 de agosto de 2025.
La investigación también derivó en una consecuencia administrativa para la institución: la Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento de la institución educativa, una medida que entrará en vigor cuando termine el calendario académico de 2026.
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Según el ente acusador, la menor estaba en horario normal de clases y no participaba en ninguna actividad externa ni tenía descanso autorizado cuando salió del salón. En efecto, precisó en audiencia que el recreo estaba previsto para las 10:05 a. m., pero la niña dejó el aula a las 9:54 a. m. mientras estaba bajo supervisión de la docente.
La secuencia temporal es uno de los ejes de la imputación. Las cámaras de seguridad registraron que a las 10:06 a. m. la estudiante caminó por un sector cercano a la cerca viva del plantel y después dejó de ser visible.
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Durante la audiencia, la Fiscalía expuso: “Los estudiantes tenían previsto su tiempo de descanso a las 10:05 de la mañana. Sin embargo, la menor salió del aula de clase a las 9:54, mientras se encontraba bajo la supervisión de la docente Emily Fuentes, quien tenía asignada su vigilancia, acompañamiento, supervisión y cuidado”.
El ente acusador determinó que la niña logró abandonar el establecimiento “a través de un espacio abierto existente en la malla perimetral , accediendo así a la zona exterior colindante con el cauce del río”. Esa salida, según la imputación, conectó de manera directa la ausencia de vigilancia en el aula con una falla física de seguridad en el perímetro.
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El deterioro del cerramiento, según la acusación, era conocido dentro del colegio
El otro punto central del caso es que la abertura en la malla perimetral no era, para la Fiscalía, un daño reciente ni imprevisible. Por esa razón fue imputado Ochoa, a quien la investigación ubica como responsable del mantenimiento de las instalaciones.
En la audiencia, el ente acusador aseguró que Ochoa “tenía conocimiento previo del deterioro y de la existencia de aberturas en la malla perimetral, situación que le había sido informada por el personal de seguridad, sin que se adoptara ninguna medida efectiva para su reparación, cerramiento o aseguramiento”.
Esa afirmación refuerza la hipótesis de que no se trató de un desperfecto súbito, sino de una condición persistente que, según el organismo, ya había sido advertida dentro de la institución. La imputación coloca en esa falta de corrección una parte de la responsabilidad penal por el desenlace.
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La causa de muerte y la clausura del colegio quedaron incorporadas al expediente

Las investigaciones establecieron que Valeria murió por insuficiencia respiratoria tras ingerir agua y barro luego de caer al río Frío, ubicado junto al perímetro del colegio. Ese dato fija el nexo entre la salida del plantel y el lugar donde ocurrió el hecho fatal.
En la sustentación de la imputación, la Fiscalía concluyó: “Tanto la docente Emily Vivian Fuentes Hernández en su calidad de garante respecto al cuidado directo de la menor, como el señor Danny Javier Ochoa, en su condición de garante de las condiciones de seguridad física del establecimiento, incurrieron en la infracción del deber objetivo de cuidado”.
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La decisión administrativa adoptada por la Gobernación de Cundinamarca cerró el alcance institucional del caso. La licencia de funcionamiento del Colegio Gimnasio Los Laureles fue cancelada y la medida se hará efectiva una vez concluya el calendario académico de 2026.
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