Caso Miguel Uribe: abogado de la familia del senador asesinado rechazó insubsistencia del juez que precluyó investigación al jefe de escoltas

Un nuevo giro tuvo la investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto de 2025 tras ser víctima de un ataque sicarial en un mitin político en el occidente de Bogotá.

La novedad del caso tiene como protagonista al mayor (r) Javier González Gutiérrez, que se desempeñaba como Juez 1202 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, quien había declarado la preclusión de la investigación contra S.C Víctor Gómez, jefe de escoltas policiales de Uribe Turbay.

Sin embargo, 90 minutos después de concluida la audiencia, fue declarado insubsistente en su cargo como juez de la Justicia Penal Militar y Policial, mediante la Resolución 000487 del 19 de junio de 2026, expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

Según el acto administrativo, citado por Semana, la medida respondió a necesidades del servicio, a la facultad discrecional para remover funcionarios de libre nombramiento y remoción y a controversias administrativas arrastradas desde 2025.

Ante esta situación, la firma Víctor Mosquera Marín, que representa a la familia del fallecido congresista Miguel Uribe Turbay rechazó la declaratoria de insubsistencia del juez, al considerar que la medida compromete la seguridad jurídica y la independencia judicial en un proceso que calificaron como un magnicidio.

“Como apoderados estamos plenamente comprometidos en adelantar todas las acciones tendientes al esclarecimiento y determinación de los responsables de este magnicidio. No obstante, resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidad”, mencionó la firma jurídica en un comunicado a la opinión pública.

En el comunicado, la firma citó dos apartes de la audiencia para explicar el alcance de la decisión judicial. Según el texto, el juez fue claro al señalar que “el oficial desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las limitaciones operativas, la escasez de personal y un esquema reducido”.

La misma comunicación añade que el togado también sostuvo que “la responsabilidad principal recae sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), al evidenciar dificultades logísticas y limitaciones en los recursos asignados al esquema, responsabilidad que debe ser definida por la justicia ordinaria”.

Adicionalmente, la firma recordó que la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por prevaricato por omisión contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez.

“Proceso dentro del cual, coincidencialmente fue retirada la imputación el mismo día en que se presentó la solicitud y a la fecha no ha sido programada nuevamente”, añadieron.

Para los abogados, ese dato agrava el contexto de la salida del juez, ya que consideran que fue de “especial gravedad que el magistrado asegurara la existencia de una relación directa entre la decisión judicial y la medida administrativa que determinó su insubsistencia”.

La firma cerró su pronunciamiento con una doble posición: insistió en que no dará tregua en la defensa de la memoria y el legado de Uribe Turbay, y remarcó que esa actuación debe mantenerse “dentro del respeto por las garantías y la independencia de los servidores judiciales”.

Postura del juez

En declaraciones a Semana, el mayor retirado Javier González Gutiérrez afirmó que el proceso contra el jefe de escoltas del senador asesinado llegó a su despacho por reparto ordinario.

“Soy juez de conocimiento especializado de la Justicia Penal Militar y Policial. Ese cargo implica conocer los casos de mayor complejidad o sensibilidad institucional”, precisó al medio citado.

En cuanto a su decisión final, el juez sostuvo que, tras revisar el material probatorio, concluyó que el uniformado no incurrió en prevaricato por omisión ni dejó de cumplir de manera deliberada funciones orientadas a evitar el atentado.

“Se estableció que el oficial desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las limitaciones operativas. Tenía escasez de personal, escoltas en franquicia y un esquema reducido”, mencionó.

También aseguró que durante la investigación se determinó que las versiones sobre una supuesta complicidad de policías eran falsas y formaban parte de la estrategia usada para convencer al menor que ejecutó el atentado. Esa valoración fue uno de los elementos que sustentaron la preclusión.

El exjuez insistió en que al policía investigado no se le podía atribuir responsabilidad penal porque el delito imputado exigía dolo.

En cuanto a la declaratoria de insubsistencia de su cargo, González Gutiérrez relató que quien le notificó el fallo fue una funcionaria de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y Policial, una secuencia que el propio funcionario vincula con el sentido de su decisión.

“La decisión pudo haberse tomado antes o después, pero ocurrió inmediatamente después de finalizar una audiencia de alto impacto nacional. Por eso considero que no es una coincidencia”, expresó.

El mayor retirado sostuvo que lo ocurrido afecta la autonomía e independencia judicial. “Considero que se está afectando la autonomía e independencia judicial. Los jueces, independientemente de la jurisdicción a la que pertenezcan, deben poder tomar decisiones conforme a la ley y las pruebas sin presiones externas”.

De acuerdo con su versión, fue trasladado al Cauca y pasó de ejercer como juez a desempeñarse como fiscal. Tras ser declarado insubsistente, González anunció que acudirá a todas las instancias jurídicas disponibles para controvertir la medida.