El dilema de las urnas: Paz integral con diálogo o mano dura contra el crimen; lo que proponen en materia de seguridad Cepeda y De la Espriella

Un viejo, pero impostergable anhelo parece atravesar la historia reciente de Colombia, en medio de fallidos intentos de hacerlo realidad. Décadas de conflicto armado, que han dejado cientos de miles de víctimas, episodios que han puesto en jaque la institucionalidad y el reclamo constante de seguridad, justicia, verdad y reparación, no son ajenos a la contienda que se adelantará el domingo 21 de junio en el territorio nacional.

El incremento desmesurado en flagelos como el secuestro y la extorsión durante el último cuatrienio; a lo que se suma un escalamiento progresivo de las acciones terroristas, las masacres y los asesinatos de líderes sociales, ha configurado una visión general del fracaso de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro: que quiso adelantar procesos de negociación paralelos, pero que sigue sin dar resultados.

Las cifras son contundentes. Según datos del Ministerio de Defensa, de 223 víctimas del secuestro reportadas en 2022, el país pasó un alarmante repunte de 701 casos documentados en 2025. A su vez, el Centro de Paz de la Universidad Externado reportó que en el periodo 2023-2025 se registraron 40.663 homicidios, frente a los 37.795 ocurridos en el periodo de Iván Duque (2019-2021); a manera de ejemplo.

Sin duda, el hecho que mayor impacto generó en la opinión pública fue el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El crimen del congresista bogotano, a sus 39 años, reavivó la época más oscura del país en materia política, equiparable a lo ocurrido a finales de la década de los 80 e inicios de los 90, cuando diferentes personalidades fueron silenciadas por el poder de las balas.

Dos modelos, frente a frente: las generalidades de las propuestas de Cepeda y De la Espriella en seguridad y procesos de paz

En ese escenario, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella presentan visiones opuestas sobre cómo lograr una paz sostenible y garantizar condiciones de vida seguras para la población. El plan de acción de uno y otro no gira solo en torno a instrumentos distintos, sino sobre dos definiciones opuestas del Estado, que parten de su concepción ideológica y tienen directa influencia en sus métodos y los resultados que podrían preverse.

Mientras el senador oficialista, que ha sido bautizado como el ‘arquitecto’ de la fallida propuesta de Paz Total, plantea medir la acción pública por la reducción de violencias y blindar los diálogos con las estructuras al margen de la ley con resultados verificables, su adversario quiere cerrar toda negociación con grupos criminales, destruir 330.000 hectáreas de coca y reforzar la coerción estatal como eje de gobierno.

La disparidad también afectaría el organigrama institucional y legal que soportaría estas negociaciones. El programa de De la Espriella es claro: recortará en un 90% el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la meta de cerrarla en 2030, además de eliminar o absorber entidades nacidas de los procesos de paz; a diferencia del plan de Cepeda, que buscará honrar el acuerdo firmado con las Farc.

El congresista pedirá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una prórroga de cuatro años para implementar los compromisos establecidos con el grupo armado. Y es que aunque ya no habla de Paz Total, sino de Paz Integral, en esencia el objetivo es el mismo: continuar con los diálogos, que según explicó “no serán ejercicios retóricos ni procesos indefinidos que el país ya ha visto demasiadas veces”.

De la Espriella, en su programa País Milagro, parte de una premisa radicalmente contraria a la de su contendor y sus diálogos verificables. “Con los criminales no habrá negociación”. Su propuesta rechaza cualquier mesa con guerrillas, grupos paramilitares o bandas de alto impacto y fija como única salida el sometimiento incondicional a la justicia penal ordinaria, sin concesiones políticas ni beneficios extraordinarios.

¿Qué propone Iván Cepeda? Seguridad territorial con inteligencia, protección de la vida y una línea roja en los diálogos

En el apartado de seguridad, Cepeda descarta que el éxito se mida por capturas o bajas y plantea una estrategia territorial diferenciada según la región. Para ello, implementará una estrategia de seguridad territorial diferenciada, en la que se reconozcan, en primera medida, que las dinámicas de violencia, criminalidad y control ilegal varían entre regiones y exigen, así pues, respuestas específicas del Estado.

Ese enfoque se complementa con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la inteligencia estatal y la investigación criminal para perseguir el lavado de activos y debilitar las finanzas ilegales. El programa también vincula la seguridad con programas de empleo y educación, como Jóvenes en Paz y el Servicio Social para la Paz, en pro de frenar el reclutamiento forzado en las regiones.

“Impulsaremos una respuesta tecnológica que complemente las capacidades institucionales más allá del enfoque exclusivamente militar, asegurando que estas herramientas se utilicen para prevenir la violencia y desarticular el crimen, y no para perseguir la diferencia ni vigilar a quienes defienden sus territorios”, expresó el congresista en su plan de Gobierno, modificado a 11 días de los comicios presidenciales.

En suma, la iniciativa es fortalecer medidas de bienestar para la fuerza pública: nivelación salarial, fortalecimiento técnico del subsistema de salud militar, cobertura del 100% en educación superior para hijos de uniformados caídos o inválidos en servicio y un fondo descentralizado de vivienda preferencial.Del mismo modo, planea robustecer las rutas de seguridad para frenar los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo.

En su política de paz, Cepeda ha hecho advertencias sobre los límites de cualquier negociación, para evitar el duro revés sufrido por Petro: o como él mismo lo denominó, una línea roja que es irrenunciable. “El respeto a la población civil, a la niñez, a los liderazgos sociales, a las defensoras y defensores de derechos humanos y a quienes ya firmaron la paz en procesos anteriores”, afirmó el candidato de izquierda.

Y dejó en claro que no se permitirá que los diálogos sean utilizados como estrategia para el fortalecimiento militar o económico de las organizaciones armadas, pues reiteró que “la paz se construye con hechos verificables, no con promesas vacías”. En síntesis, habrá negociación diferenciada: diálogo político con organizaciones con origen político y sometimiento colectivo para bandas dedicadas al narcotráfico y la extorsión.

De la Espriella propone desmontar la negociación, militarizar el territorio y endurecer el sistema penal

Por su parte, el programa de De la Espriella organiza la seguridad como una doctrina de mano dura contra los grupos al margen de la ley. En sus posibles ejecutorias propone recuperar el control territorial para el Estado, reafirmar el monopolio estatal de las armas, desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos, fortalecer inteligencia, justicia y judicialización y respaldar las acciones de la fuerza pública.

En tanto, su política antidrogas pone sobre la mesa una hoja de ruta ambiciosa: destruir 330.000 hectáreas de coca con fumigación aérea, bombardeos en territorio, erradicación manual, persecución de capitales del narcotráfico, extinción de dominio exprés, sustitución y extradición. De esta forma, combatirá el crecimiento de grupos armados ilegales, el desplazamiento, el confinamiento, las extorsiones y los secuestros.

A su vez, en seguridad urbana, el programa contempla un Bloque de Búsqueda contra la extorsión y una Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas para labores de vigilancia barrial y coordinación civil con la Policía. También prevé redes de drones permanentes, el uso de cámaras con reconocimiento facial asistidas por inteligencia artificial y cero tolerancia contra bloqueos de vías públicas o corredores económicos.

Sin embargo, la iniciativa que mayor controversia ha causado es la de replicar el modelo carcelario desarrollado por Nayib Bukele en El Salvador: la construcción de al menos 10 megacárceles de máxima seguridad en zonas aisladas, con administración logística privada y sistemas de inhibición total de telecomunicaciones, en su objetivo de cortar de raíz las extorsiones y el crimen organizado.

Entonces, ¿qué hacer con la paz ya pactada y con los actores armados?

Como se esbozó, este es el gran punto de desencuentro de ambas candidaturas. Mientras abordó el concepto de una Paz Integral basada en resultados verificables, protección de civiles y extensión de cuatro años del cronograma del acuerdo de 2016 ante la ONU, De la Espriella, en cambio, no apostará por las mesas de diálogo y cerrará cualquier negociación en curso, con reducciones a la estructura de justicia transicional.

En ese asunto, la diferencia es radical. Del lado opositor se impulsará una reestructuración del Estado que incluye intervenir entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica; todo lo opuesto al continuismo que enarbola el senador, que impulsará la consolidación, entre otros, del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Aunque los dos proponen la dignificación de los integrantes de las Fuerzas Armadas, Cepeda lo hace basado en el criterio de protección de la vida y los derechos humanos; entre tanto, De la Espriella asocia esta necesidad a un fortalecimiento operativo, legal y financiero de las Fuerzas Militares y la Policía, que a su juicio viven la peor época de su historia, con lo que llamó el debilitamiento moral de la tropa.

Un aspecto no menor: el “Tigre” quiere elevar a rango constitucional la prohibición de la “combinación de todas las formas de lucha” como vía de acceso al poder y promover, en consecuencia, una “limpieza inmediata” en las cabezas de las instituciones públicas, en pro de erradicar lo que señala que son vínculos con narcotráfico, corrupción y mala gerencia. Así pues, alista un paquete de al menos 90 decretos para acelerar su plan de acción.