
La Misión de Observación Electoral (MOE) y 51 organizaciones de la sociedad civil solicitaron a los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella manifestar un compromiso público de respeto a los resultados de la segunda vuelta presidencial, que se realizará el 21 de junio de 2026.
Las entidades pidieron que ambos aspirantes, sus campañas y los líderes políticos promuevan calma entre sus seguidores y aseguren el respeto institucional tras la jornada electoral.
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En su declaración, las organizaciones reafirmaron su adhesión a la democracia como sistema para la convivencia pacífica y la alternancia en el poder. Indicaron que “las elecciones son el mecanismo central en el desarrollo de la democracia y su legitimidad depende de que todos los actores políticos y sociales las defiendan con coherencia y responsabilidad”.

El grupo de organizaciones reconoció que el sistema electoral colombiano presenta desafíos estructurales. Entre estos, mencionaron el “trasteo de votos”, el constreñimiento al elector y las condiciones de violencia que afectan a determinados territorios. Las entidades consideraron necesario identificar, denunciar y corregir estos problemas para fortalecer el ejercicio libre del sufragio.
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Las organizaciones señalaron que durante las semanas recientes circularon denuncias sobre posibles fraudes en la primera vuelta presidencial. Según el comunicado, estas acusaciones “no han sido respaldadas con evidencia sólida”. Añadieron: “Varias razones llevan a descartar que existiera una manipulación del preconteo y el escrutinio para alterar los resultados de la primera vuelta”.
En el documento se resaltó que tanto la MOE, como misiones de observación internacionales y nacionales, incluidas la Unión Europea y la OEA, coincidieron en que la jornada electoral del 31 de mayo se desarrolló de manera transparente y segura. Las organizaciones subrayaron que el sistema electoral colombiano cuenta con mecanismos de control y garantías que han permitido su adecuado funcionamiento en comicios presidenciales recientes.
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Entre los controles mencionados, las organizaciones destacaron que la ciudadanía vota en tarjetones físicos, y que al cierre de las urnas, jurados elegidos al azar cuentan uno a uno los votos y registran los resultados manualmente en los formularios E-14. Este proceso transcurre bajo la observación de testigos de los partidos y veedores nacionales e internacionales, y el escrutinio oficial es presidido por jueces de la República con base en los documentos físicos.
Las entidades firmantes informaron que en las elecciones legislativas han existido algunas diferencias entre el preconteo y el escrutinio oficial. Sin embargo, para las elecciones presidenciales recientes, los datos históricos han reforzado la confianza en el proceso.
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La declaración también aborda la importancia de la legitimidad del proceso y la necesidad de que todos los actores políticos y sociales actúen con responsabilidad. Las organizaciones señalaron que “la democracia depende de que los actores políticos y sociales defiendan las elecciones con coherencia y responsabilidad”. Añadieron que la legitimidad electoral está ligada al respeto de la voluntad popular.
La petición central de las entidades es que los candidatos y sus equipos se comprometan públicamente a reconocer el resultado electoral y a facilitar el paso hacia la siguiente etapa política en un ambiente de respeto institucional. El comunicado pide evitar cualquier acusación sobre la validez del resultado, salvo que existan pruebas contundentes de fraude.
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En palabras del comunicado: “Desde la sociedad civil seguiremos comprometidas con participar activamente en los controles que aseguran la transparencia y seguridad del sistema electoral”. El documento cuenta con el respaldo de organizaciones dedicadas a la justicia, transparencia, derechos humanos, academia, libertad de prensa, participación ciudadana y análisis fiscal, entre ellas Dejusticia, Transparencia por Colombia, FLIP, Cinep, Fundación Ideas para la Paz y Fundación Corona.

Las entidades insisten en que el reconocimiento público de los resultados por parte de los dos candidatos y sus equipos es una condición para la convivencia pacífica y la estabilidad institucional tras la segunda vuelta. La sociedad civil mantiene su vigilancia sobre el proceso, con el compromiso de preservar la confianza y la transparencia en el sistema electoral colombiano.
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