Disidencias de las Farc estarían imponiendo restricciones para el fin de semana electoral en Nariño: “Que no haya excusa de que no salí a votar”

Las disidencias de las Farc en la subregión de La Cordillera, en el departamento de Nariño, intensificaron recientemente su control sobre la población rural, imponiendo restricciones de movilidad para asegurar la asistencia a las urnas en la próxima jornada electoral del 21 de junio de 2026.

Según la información entregada por Semana, en un audio difundido por el grupo armado, un cabecilla del frente Franco Benavides, que hace parte del Estado Mayor Central, reconoció la veracidad de las medidas y advirtió sobre multas económicas para las personas que decidan no votar.

Organizaciones de derechos humanos han señalado que el constreñimiento electoral en Nariño y otras zonas de influencia armada es tan evidente que, en comicios recientes, fueron las disidencias quienes custodiaron los votos en las zonas rurales lo que confirmaría la presión directa sobre campesinos y trabajadores agrícolas.

De acuerdo con lo divulgado por el medio de comunicación, la situación en el departamento es grave: grupos armados como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra ejercen violencia y amenazas sobre comunidades campesinas, quienes viven bajo un régimen de miedo y sanciones impuestas fuera de la ley. Los habitantes temen represalias si no cumplen con las órdenes dadas por los comandantes.

El mensaje del cabecilla, dirigido a la población de la cordillera nariñense, especifica que la restricción laboral aplica desde el jueves previo a la elección y está dirigida principalmente a quienes deben desplazarse largas distancias para votar.

Afirma en la grabación: “El tema principalmente es para las personas que deben salir a votar por fuera y que se gastan de pronto un día para ir y otro día para venir. Por esa razón se va desde el día jueves, ya se deshabilitan esos trabajos laborales para que no haya excusa de que no salí a votar porque no tuve tiempo”.

En la información revelada, la finalidad de las restricciones es eliminar cualquier justificación laboral para la abstención, obligando a los campesinos y jornaleros a presentarse en los puestos de votación. El cabecilla deja claro que empleadores en fincas y plantaciones no podrán impedir que sus trabajadores participen en la jornada electoral.

El comandante detalla que aunque el transporte público y los comercios seguirán funcionando, la medida afecta sobre todo a los habitantes rurales. Menciona específicamente el corregimiento de La Esmeralda, donde, según su relato, en elecciones pasadas hubo quienes se excusaron en compromisos laborales para no votar.

Esta situación responde a una estrategia de control social y político que limita las libertades civiles y pone en riesgo la integridad de las comunidades campesinas.

La amenaza de castigos económicos fue explicitada por el comandante: “Ya sabemos obviamente que las personas que no salgamos a votar vamos a tener multa. Obvio que la vamos a tener, eso lo sabemos todos perfectamente”. Esta declaración constituye, según líderes sociales, una prueba más de la coacción ejercida por actores armados para incidir en la vida civil y democrática de las regiones.

El propio comandante reconoce que la orden de imponer multas es reciente y que por ello no se había informado previamente a las comunidades: “Esa información solo llegó el día de ayer. No se había dicho más antes esta información”.

La presión sobre la población rural de Nariño se suma a un contexto nacional donde las autoridades, junto a defensores de derechos humanos, han denunciado la creciente injerencia de estructuras armadas ilegales en los procesos electorales.

La presencia y control territorial de estos grupos ha permitido que impongan normas, limiten la movilidad y condicionen la participación democrática con amenazas y sanciones que están fuera de cualquier marco legal.