Sube a 99 el número de municipios en riesgo electoral para la segunda vuelta presidencial, según el director de la Policía

El panorama de seguridad previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se agudizó luego de que la Policía Nacional reportara que el número de municipios en riesgo electoral ascendió a 99, según confirmó el director de la institución, general William Rincón Zambrano.

El nuevo mapa de riesgos, presentado en la Sala Estratégica de la Dirección General de la Policía, fue uno de los principales puntos abordados durante la activación anticipada del Puesto de Mando Unificado (PMU), evento encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La reunión, en la que participaron también la cúpula militar, delegados de la Registraduría Nacional y representantes de organismos de control y observación electoral, marca la primera vez que el PMU se instala con varios días de antelación frente a una elección presidencial.

La decisión responde a la necesidad de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante amenazas de violencia y constreñimiento al electorado, en un contexto en el que los reportes de inteligencia dan cuenta de escenarios complejos en distintas regiones del país.

Aumentan las alertas: 99 municipios bajo vigilancia especial

El general Rincón Zambrano detalló que el nuevo mapa de riesgos identifica 50 municipios donde existen riesgos vinculados a la transparencia electoral, principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca.

De manera paralela, explicó que 49 municipios figuran como prioritarios por la posibilidad de acciones violentas, concentrándose las alertas en Cauca, Tolima y Antioquia. “Hemos recibido 21 amenazas en contra de los candidatos presidenciales y ya se han abierto diez investigaciones criminales en coordinación con la Fiscalía General”, puntualizó el oficial.

La estrategia también incluye el monitoreo de diez cuentas en redes sociales que, de acuerdo con la Policía, están siendo judicializadas por su rol en la propagación de amenazas y desinformación. Las autoridades identificaron 535 puntos críticos distribuidos en 94 municipios y 13 ciudades capitales, donde se desplegaron operativos preventivos.

Además, se mantiene bajo observación la presunta carnetización en el departamento de Caquetá, atribuida a grupos armados ilegales que utilizan estos mecanismos para la extorsión y presión sobre la ciudadanía, según explicó el ministro tras conversaciones recientes con autoridades locales.

Despliegue total de la fuerza pública

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la totalidad de la fuerza pública estará operativa en la jornada electoral. “Habrá 248.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en funciones directas y 160.000 en tareas de apoyo, sumando un total de 408.000 uniformados”, afirmó el funcionario.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, informó que más de 128.000 efectivos ya se encuentran desplegados en todo el territorio para anticipar cualquier eventualidad, con la Troncal del Caribe como la única zona que, hasta el momento, reporta alteraciones de orden público.

La protección de los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales incluye cuatro esquemas mixtos de seguridad integrados por 112 hombres, de los cuales 62 pertenecen a la Policía Nacional y 50 a la Unidad Nacional de Protección.

Las autoridades realizaron más de 300 acompañamientos a actividades de campaña, con la participación de 9.700 uniformados. Para la jornada de votación, la Policía Nacional tendrá presencia en más de 106.000 mesas instaladas a lo largo del país.

La Policía Nacional y las Fuerzas Militares orientaron el despliegue de sus capacidades operativas en los puntos críticos identificados, con el objetivo de anticipar y neutralizar cualquier intento de constreñimiento al electorado o sabotaje de la jornada.

Finalmente, las autoridades reiteraron la invitación a denunciar cualquier delito electoral a través de la Línea 157, como parte de la estrategia para preservar la seguridad y transparencia del proceso.