
Colombia elegirá el domingo 21 de junio a su nuevo presidente, en una jornada a la que están convocados un total de 41.421.973 ciudadanos. Entre el senador oficialista Iván Cepeda y el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, saldrá el sucesor de Gustavo Petro Urrego, que tendrá como uno de sus principales desafíos la recuperación de un sistema que, según expertos, está en ‘cuidados intensivos’: el de la salud.
Aunque la promesa del actual jefe de Estado fue la de llevar una reforma integral, su iniciativa no convenció en el legislativo y, tras dos intentos, naufragó lentamente su tránsito. En respuesta, el primer mandatario intentó una serie de intervenciones por vía administrativa; pero en vez de mejorar la situación de miles de pacientes, la realidad indica que la atención empeoró y el suministro de medicamentos es deficiente.
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En ese sentido, la discusión sobre cómo mejorar el sistema se debate en la diferencia de fondo entre dos modelos, y en especial, en el papel que deben cumplir las Entidades Promotoras de Salud (EPS): entre si deben eliminarse y transformarse en gestoras, en lo que sería la ‘estocada’ a la intermediación, a los o fortalecerse a través del apoyo del Estado y lograr, de esta forma, una estabilidad en la atención.
En líneas generales: dos sistemas de salud, un país a la espera
El primer modelo, el oficialista, continuaría sobre las reformas que ya adelantó la administración Petro y desmontaría la lógica de negocio que, a su juicio, instaló la Ley 100 de 1993 y movió el sistema hacia una rectoría pública, preventiva y territorial. Mientras que la iniciativa opositora se enfoca en sostener el esquema mixto con EPS, pero con una inyección inicial de $10 billones para evitar el colapso y atender la crisis.
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Esta disparidad de enfoques no se limita a la arquitectura del sistema. Mientras Cepeda buscaría el fortalecimiento de la red pública como eje de transformación y la integración del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural y la incorporación de agua potable, saneamiento y atención a víctimas dentro de la política sanitaria. De la Espriella, por su parte, haría una intervención inmediata que pague deudas y garantice medicinas.
Visiones opuestas también marcan distancia en la forma en que se debe hacer esta necesaria intervención. El senador oficialista, si bien no descarta las medidas a corto plazo, defiende la necesidad de una reforma estructural democrática para revertir la privatización del sistema; en tanto que su contradictor cree que en los primeros 90 días serán claves para reactivar la viabilidad en atención, con un plan de choque ambicioso.
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Y aunque ambos coinciden en mencionar la apuesta a la prevención y atención primaria a los pacientes, difieren en el punto central de la cadena de mando: para Cepeda, el problema nace en la intermediación privada, contrario a lo que considera De la Espriella, que está convencido de que el sistema puede seguir funcionando con EPS si se les impone liquidez, auditoría y límites a los gastos administrativos.
Iván Cepeda: la salud reordenada desde el concepto de lo público y con intervención a las EPS
En el robusto documento programático presentado a los colombianos, que consta de 421 páginas, Cepeda esbozó una crítica al modelo actual se formula de manera directa y que no dudó en relacionar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Requerimos una reforma a la salud que deje de convertir la atención médica de las personas en un negocio como la convirtió Uribe Vélez con la Ley 100”, expresó el candidato.
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Con base en esa idea, el congresista del Pacto Histórico desarrolla el resto de su propuesta, que podría considerarse como una segunda fase de lo adelantado por Petro. El punto central gira en torno a considerar la salud como derecho fundamental y no como servicio condicionado por capacidad de pago o por la intermediación de aseguradoras privadas; lo que determina una serie de acciones enfocadas en ese ítem.

El objetivo es que la inversión y la infraestructura hospitalaria se orienten a la red pública y que la atención deje de depender de intereses privados o clientelistas. “No basta con diseñar mejores programas; debemos asegurar que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan, sin burocracia, desviaciones, sin pérdidas, sin intermediarios que pretendan quedarse con lo que pertenece al pueblo”, indicó.
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Así pues, el planteamiento del congresista se traduce en lo que sería una apuesta por el giro directo de recursos hacia hospitales y prestadores, a través de un gran pagador como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), con la intención de asegurar liquidez y reducir la retención de dineros en la cadena de aseguramiento al paciente; en una fuerte oposición al papel de las EPS.
En efecto, bajo esa lógica las entidades promotoras perderán centralidad como intermediarias financieras y será entonces cuando el Estado asuma un papel más fuerte en conducción, financiación y control. No será solo como una reforma institucional, sino el enfoque en un modelo de prestación basado en la presencia directa del sistema en los territorios, con equipos básicos de atención y programas de salud comunitaria.
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La cobertura territorial y la atención preventiva: así se desarrollaría el nuevo sistema de salud en el plan de Cepeda
En el plan de Gobierno, de hecho, se mencionó un antecedente concreto para esa orientación preventiva: según se expuso, durante el Gobierno Petro desplegaron 10.000 equipos básicos de atención que, en la actualidad, llegan a 7,5 millones de hogares y se fortaleció la infraestructura hospitalaria con más de 1.300 proyectos, lo que sería muestra de la manera en que la estrategia territorial se podría profundizar.

La intención es clara: defender una medicina menos concentrada en la enfermedad ya instalada y más enfocada en prevención, promoción y búsqueda temprana de riesgos, tal y como lo ha afirmado el actual jefe de Estado; en la que además, se cumpla con la promesa de cierre de brechas en la atención, pues se llevará el servicio a zonas históricamente excluidas, como en comunidades indígenas y afrodescendientes.
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Asimismo, la política en materia de salud iría más allá de los hospitales, pues uno de sus componentes es la implementación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (Sispi) como parte integral de la política pública nacional, con reconocimiento de la diversidad cultural en la atención; aparte de garantizar el acceso a programas especializados en salud y física a las víctimas del conflicto armado en el país.
Se impulsarán, de esta forma, programas de educación que “desarrollen conocimientos técnicos o universitarios para vincular a las víctimas a proyectos de desarrollo y empleos formales“. A su vez, se garantizaría el acceso al agua potable y al saneamiento básico como base de la salud pública, con planes nacionales y territoriales priorizados para municipios rurales y periferias urbanas.
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Por último, el congresista también le haría frente a la corrupción en el sector, que es a su juicio otro de los problemas estructurales por los cuales el sistema estaría desfinanciado. Esto iría de la mano de que los recursos recuperados de actos ilícitos se inviertan en el sector, a través del Sistema Integral Anticorrupción; y se estimule la veeduría y participación comunitaria en la planeación y evaluación de los servicios.

De la Espriella: rescate financiero del sistema de salud actual, sin desmontar el aseguramiento
Entretanto, la fórmula de Abelardo de la Espriella, aunque es más concreta, parte de una premisa distinta a la de su adversario, tal y como se ha podido conocer en la exposición que tanto él como su fórmula, José Manuel Restrepo, han hecho. En lugar de desmontar la estructura de aseguramiento, propone conservar el sistema mixto y corregir sus fallas con una intervención inmediata sobre la caja y sobre el funcionamiento de las EPS.
Su plan está enfocado en la inversión inmediata de $10 billones de pesos en los primeros 90 días. Con esto, el monto se distribuiría en $4 billones para el pago a hospitales, clínicas y prestadores; $3 billones para saldar deudas y garantizar medicamentos; $2 billones para atender pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo; y $1 billón para la intervención y fortalecimiento del Invima y otras entidades regulatorias.
En síntesis: su campaña no apunta a cambiar de raíz el sistema de aseguramiento, sino a estabilizarlo y regularlo, con la intervención del modelo desde tres frentes: un necesario rescate financiero ante las deudas acumuladas del sistema, por intermedio de un ajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el Estado colombiano le paga a las EPS para asegurar la salud de cada persona.
A lo que se suman dos más: el control a las EPS, con la ayuda de Inteligencia Artificial para auditar las cuentas médicas y vigilar su funcionamiento; y recuperación del acceso; que no es más que la eliminación de las barreras burocráticas que impiden que los ciudadanos reciban atención médica y medicamentos de forma eficaz. Esto lo ha llamado Restrepo como una “cirugía inmediata” al sistema para la su estabilización.

El ‘Tigre’ promete mayor control sobre las EPS y atribuye la crisis al mal uso de recursos
A través de su fórmula vicepresidencial, la aspiración opositora tiene claro de dónde saldrían los recursos que se requieren para esa intervención oportuna. Una parte, como se expuso anteriormente, saldrá del reajuste a la tarifa de la UPC, que a juicio de Restrepo ha sido mal invertida y que ha formado una crisis autoinducida que se ha transformado en una “crisis humanitaria”, como lo mencionó a diferentes medios.
En ese camino, esta aspiración se ha fijado en la tarea de hacer más eficientes las entidades promotoras, sobre todo en servicios especializados. A su vez, la campaña de De la Espriella no propone eliminar a las EPS, sino someterlas a auditorías y con ello establecer topes estrictos a sus costos administrativos para que una mayor proporción del dinero llegue al paciente, que también tendría beneficios en el suministro de medicinas.
Una de las iniciativas es la de subsidiar a los pacientes que requieran tratamientos costosos, en especial afiliados al Sisbén, junto con una regulación de precios para fármacos críticos y un esquema de seguimiento digital a tiempos de espera y entrega de medicinas: con esta medida se busca frenar la crisis de escasez que, según el candidato, se ha registrado en la administración Petro, con casos que han terminado en decesos.
Por último, la propuesta del aspirante de ultraderecha también ha planteado la discusión hacia factores externos al sistema asistencial, pues identifica los accidentes de tránsito, en específico los vinculados con motocicletas, como una de las fuentes de congestión hospitalaria y presión financiera; por tal motivo, fomentará un seguro más económico que amplíe cobertura y una infraestructura vial exclusiva para motos.
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