⁠¿Qué tan viables son las propuestas de salud de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?: Sociedades Científicas presentaron su análisis

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) presentó un análisis técnico comparativo de las propuestas de salud de los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en el que evaluó la viabilidad de sus programas de gobierno para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema sanitario colombiano.

El documento, denominado “Análisis Técnico Comparativo de Propuestas de Manejo de la Crisis de la Salud de las dos campañas presidenciales”, fue elaborado con base en los 14 consensos del sector salud promovidos por la organización y en una auditoría de las cifras de cierre de 2025.

Según la ACSC, el propósito es aportar elementos técnicos al debate público y analizar la capacidad de las propuestas para responder a los problemas financieros, asistenciales y de gobernanza que enfrenta el sistema.

De acuerdo con el informe, el sistema de salud colombiano cerró 2025 en un escenario que la asociación describe como un “colapso operativo y financiero”, pese a mantener una cobertura nominal del 99,56%. Entre los indicadores citados figuran 25 millones de usuarios en EPS intervenidas, un déficit técnico de la UPC estimado en $9,2 billones, una cartera vencida entre $20 y $27 billones, 13 millones de pacientes crónicos afectados por interrupciones en las rutas de atención y 2.436 fallecimientos asociados a enfermedades huérfanas registrados durante 2025 por barreras de acceso.

La ACSC también reportó otros hallazgos como interrupciones de hasta cuatro meses en tratamientos para pacientes hipertensos y oncológicos, coberturas inferiores al 67% en 225 municipios rurales, deudas hospitalarias cercanas a los $24 billones, debilidades en la trazabilidad de los recursos, dificultades de supervisión institucional y obstáculos de acceso reportados por el 83% de la ciudadanía.

La evaluación de la propuesta de Abelardo de la Espriella

Según el análisis, la propuesta de Abelardo de la Espriella se fundamenta en un modelo de aseguramiento social apoyado en tecnología y estructurado en siete ejes: saneamiento financiero y liquidez; estabilización y reajuste técnico de la UPC; fortalecimiento de la red prestadora; transformación institucional y regulatoria; acceso a medicamentos; gobernanza territorial y talento humano; y un modelo preventivo-predictivo basado en la Unidad Familiar de Salud.

La ACSC destacó que uno de los principales elementos de la propuesta es su implementación por etapas. El programa contempla una fase inicial de choque durante los primeros 90 días, una fase de consolidación entre los días 101 y 500 y una fase de transformación estructural hasta 2030.

El informe señala que “la principal fortaleza técnica del programa es su secuencia de implementación”, ya que diferencia entre medidas urgentes y transformaciones de largo plazo, priorizando inicialmente liquidez, pago de deudas, anticipos de UPC, giro directo y mecanismos de trazabilidad. Dentro de la primera fase, el documento identifica una inyección de recursos por $10 billones. De ese monto, $4 billones estarían destinados a nóminas e IPS, $1,5 billones a medicamentos y tratamientos, $1,5 billones a enfermedades catastróficas, $2,5 billones al flujo de UPC y presupuestos máximos y $500.000 millones al fortalecimiento institucional de entidades como ADRES, INVIMA y Supersalud.

La ACSC indicó que la propuesta incluye además la creación de una Mesa Técnica Nacional de UPC con criterios actuariales, territoriales y epidemiológicos, así como herramientas de analítica de datos, inteligencia artificial y trazabilidad para detectar fraude, anomalías de facturación y alertas sanitarias.

El análisis otorgó a esta propuesta una “concordancia estimada” entre el 85% y el 90% respecto a los consensos del sector salud. Entre sus fortalezas destacó la alineación con la estabilidad financiera y la gobernanza técnica. El documento señala que “coincide plenamente en la necesidad de un plan de choque de 90 días para contener la hemorragia financiera mediante una inyección de liquidez de $10 billones”.

No obstante, también identificó riesgos. Entre ellos, la dependencia de reasignaciones presupuestales provenientes de otros sectores para financiar el rescate inicial y la ausencia de una vinculación formal de las sociedades científicas dentro de la arquitectura propuesta.

Las observaciones a la propuesta de Iván Cepeda

En el caso de Iván Cepeda, la ACSC concluyó que su propuesta guarda una alta coincidencia con el Proyecto de Ley 410 de 2025 Senado y 312 de 2024 Cámara, correspondiente a la reforma al sistema de salud impulsada por el Gobierno nacional.

El análisis señala que el programa reproduce elementos centrales de dicha reforma, entre ellos el modelo preventivo, predictivo y resolutivo basado en Atención Primaria en Salud (APS), la rectoría estatal del Ministerio de Salud, la organización territorial mediante las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), el fortalecimiento de ADRES, el giro directo y los sistemas interoperables de información.

La asociación estimó una concordancia entre el 65% y el 75% con los consensos sectoriales. Entre las fortalezas destacó la coincidencia con la APS como eje integrador, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y el énfasis en la dignificación del talento humano.

Sin embargo, la ACSC advirtió diferencias frente a sectores que defienden un modelo mixto de aseguramiento. El documento señala que la propuesta “plantea un cambio estructural más radical hacia un modelo donde la salud no es un negocio, proponiendo la eliminación de la intermediación financiera y el fortalecimiento del giro directo”.

El informe identifica además desafíos asociados a la implementación de la reforma. Según la organización, el programa requiere capacidades operativas que actualmente presentan limitaciones en distintos territorios del país. La ACSC sostuvo que “el problema no está en la coherencia ideológica, sino en la brecha entre ambición estructural y capacidad real de ejecución”, al considerar que la propuesta exige disponibilidad de talento humano, infraestructura, conectividad, transporte sanitario, interoperabilidad tecnológica y redes de atención que todavía no están plenamente desarrolladas.

Asimismo, el análisis señala que la propuesta contempla un plan de emergencia para los primeros 100 días, pero afirma que este no incluye metas verificables, cronogramas detallados, indicadores de cumplimiento ni fuentes presupuestales inmediatas claramente definidas.

Sobre el componente financiero, la asociación indicó que “no se dispone de datos técnicos cuantitativos en el contexto de origen para analizar la dimensión financiera específica de la propuesta de Iván Cepeda” y agregó que, de acuerdo con los protocolos de auditoría financiera, no era posible realizar inferencias sin soporte documental suficiente.

Riesgos y recomendaciones del análisis

La organización también formuló varias recomendaciones técnicas, entre ellas incorporar el reajuste de la UPC al Marco Fiscal de Mediano Plazo, acelerar los sistemas de trazabilidad para recuperar ineficiencias del gasto estimadas entre el 20% y el 40%, institucionalizar por ley una mesa técnica para la fijación de la UPC y formalizar la participación de las sociedades científicas y del talento humano en salud en los procesos de discusión y toma de decisiones.

Finalmente, la ACSC reiteró que el análisis se realizó con base en criterios técnicos, financieros y operativos, con el objetivo de aportar insumos al debate electoral sobre el futuro del sistema de salud colombiano y la viabilidad de las propuestas planteadas por los candidatos que disputan la Presidencia para el periodo 2026-2030.