Problemas en multimillonaria licitación para comprar camionetas 4x4 para la Policía: con cuatro tutelas buscan frenar el proceso

Una licitación de la Policía Nacional de Colombia para adquirir camionetas 4x4 por cerca de un billón de pesos enfrenta cuestionamientos judiciales luego de que varias empresas presentaran cuatro acciones de tutela para intentar frenar el proceso.

Las demandas alegan posibles restricciones a la competencia y presuntos favorecimientos a determinados proveedores.

Aunque los jueces descartaron, por ahora, suspender el proceso de contratación, ordenaron analizar los argumentos presentados por las partes antes de emitir una decisión de fondo, según informó El Tiempo.

Además, solicitaron la participación de entidades de control como la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para hacer seguimiento al proceso.

La contratación, identificada como CCENEG-092-01-2026, se adelanta mediante un acuerdo marco con la Colombia Compra Eficiente y está catalogada como un proceso relacionado con la seguridad nacional. El plazo para presentar ofertas vence a la medianoche de este viernes 12 de junio.

Las tutelas fueron presentadas por empresas interesadas en participar en la licitación, entre ellas Alfa AM SAS, Carrocerías Innova SAS y Miaga SAS. Los demandantes cuestionan varios requisitos incluidos en el pliego de condiciones, al considerar que podrían limitar la participación de algunos competidores, según el medio citado.

Uno de los puntos más controvertidos es la exigencia de que la marca del chasis ofertado tenga una antigüedad mínima de 25 años en el mercado colombiano y esté registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según los reclamantes, esta condición podría excluir a fabricantes más recientes que cuentan con capacidad técnica para cumplir el contrato.

La Policía busca adquirir vehículos destinados al transporte de personal en servicio, traslado de personas capturadas y apoyo a diferentes actividades operativas en todo el país. Los automotores deberán ser modelo 2026, contar con determinadas especificaciones técnicas y garantizar servicio de mantenimiento en al menos 32 ciudades.

Paralelamente, la Procuraduría recibió una solicitud de vigilancia especial por presuntas irregularidades y posible direccionamiento del proceso. Frente a las críticas, la Policía aseguró que revisará las observaciones formuladas por los oferentes y reiteró su compromiso con la transparencia, de acuerdo con el diario bogotano.

Por ahora, la licitación continúa su curso mientras la justicia estudia las reclamaciones y los organismos de control evalúan las denuncias presentadas sobre uno de los contratos más importantes del año para la institución.

Las inversiones en movilidad policial

La controversia alrededor de la millonaria licitación para adquirir camionetas 4x4 se produce en un momento en el que distintas regiones del país han impulsado inversiones para fortalecer la movilidad de la Fuerza Pública mediante la entrega de vehículos y equipos tecnológicos.

Uno de los casos más releveantes ocurrió en enero de 2026 en Santander, donde el gobernador Juvenal Díaz Mateus entregó 49 motocicletas a la Policía y al Ejército con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas rurales, especialmente en el Magdalena Medio.

El mandatario anunció además la adquisición de 24 drones de vigilancia permanente, que estarán conectados con las autoridades para monitorear corredores viales y áreas de difícil acceso.

En marzo de este año, la administración de Medellín informó la entrega de 120 motocicletas de alto cilindraje a la Policía Nacional, como parte de una estrategia para ampliar la capacidad de reacción frente a hechos delictivos.

La inversión superó los 8.800 millones de pesos y permitió la creación de nuevos grupos motorizados de respuesta rápida. Según la Alcaldía, durante el actual gobierno se han entregado más de 700 vehículos a la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Sin embargo, también han surgido cuestionamientos sobre el aprovechamiento de los recursos ya adquiridos. En marzo, el concejal Samir Bedoya Piraquive denunció que cerca de 300 motocicletas compradas para la Policía Metropolitana de Bogotá permanecían fuera de servicio por retrasos en trámites administrativos, matrículas y revisiones técnicas.

La situación se suma a una advertencia realizada meses atrás por la concejal Diana Diago, quien reveló que 1.178 vehículos de la Policía Metropolitana, equivalentes al 24 % de la flota disponible, se encontraban fuera de operación por problemas de mantenimiento, documentación o afectaciones derivadas de siniestros.