Álvaro Uribe vinculó al columnista Yohir Akerman con escándalo de corrupción en España

En los últimos años, la relación entre el expresidente Álvaro Uribe y el columnista Yohir Akerman ha estado marcada por la confrontación pública. Esta tensión se originó a raíz de la columna Hechos, publicada por Akerman el 17 de mayo de 2020, en la que se atribuían al exmandatario supuestos beneficios derivados del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

Uribe, al considerar que estas afirmaciones afectaban su reputación, decidió presentar una denuncia penal por injuria y calumnia, argumentando que la publicación era falsa y afectaba su derecho al buen nombre y la honra. Por su parte, la defensa de Akerman sostiene que lo expuesto en la columna se fundamenta en hechos y pruebas materiales, por lo que solicitaron el archivo del proceso.

La controversia resurgió tras una nueva publicación de Uribe en su cuenta de X, donde reiteró sus señalamientos contra Akerman. En ese mensaje, Uribe mencionó actuaciones atribuidas a Akerman en España y relató un episodio de 2021: “Akerman se presentó como abogado ante la testigo Miriam Serrano, en 2021, para la que fue el primer contacto con la trama, bajo la propuesta de ayudarla a reabrir el caso contra el fiscal Grinda, al que había acusado por acoso, y para manifestarle que en la denuncia estaba implicado el excomisario José Manuel Villarejo”.

Uribe añadió que de acuerdo con el material incautado por la UCO y en poder el juez Santiago Pedraz, Akerman trabajaba en conjunto con otra persona llamada Vytenis. Vytenis”También es la corrupción de España".

Caso Uribe contra Akerman

La Fiscalía General ha citado a una audiencia clave el 5 de agosto de 2022 dentro del proceso penal por injuria y calumnia que enfrenta el columnista Yohir Akerman, tras una denuncia presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2020. El caso, que avanzó hasta una instancia poco habitual para este tipo de denuncias, encendió alarmas sobre el posible uso del sistema judicial como herramienta para restringir la libertad de prensa y de opinión.

En el centro de la controversia se puso la columna titulada Hechos, publicada el 17 de mayo de 2020. En ese texto, Akerman afirmó que Uribe se benefició de subsidios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). El expresidente calificó esa información como falsa y aseguró que vulnera sus derechos al buen nombre y la honra, motivo por el cual inició la acción penal. Por su parte, la defensa del columnista sostiene que lo publicado está “sustentado en hechos y evidencia material”, y ha solicitado el archivo del caso.

La citación judicial a Akerman representó un caso inusual en el contexto colombiano, donde rara vez este tipo de denuncias llegaba a audiencia formal de acusación. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa advirtieron que el avance de ese proceso podría provocar censura y limitar el debate democrático, ya que generaba un efecto inhibidor sobre el trabajo periodístico.

En términos concretos, la situación planteaba el riesgo de que el ejercicio del periodismo quedara condicionado por el temor a sanciones penales y económicas. En su momento, si el columnista hubiera sido hallado culpable, habría enfrentado penas de prisión de hasta 72 meses y multas que podían alcanzar los 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la judicialización de periodistas, mediante acusaciones de injuria y calumnia, constituía una forma de intimidación y autocensura, lo que representaba una amenaza directa contra la libertad de expresión.

La defensa del columnista argumentó que someterlo a un proceso penal por informar sobre hechos de interés público constituía acoso judicial. Según esta posición, se vulneraban los derechos fundamentales a la libertad de prensa y de expresión, al exigirle responder penalmente por un trabajo de veeduría legítimo sobre una figura pública.

El historial de tensiones entre Uribe y Akerman no era nuevo. Entre 2016 y 2017, el expresidente realizó publicaciones en X en las que estigmatizaba al columnista, asociándolo con grupos armados y descalificándolo públicamente. Estos antecedentes mostraban una escalada en los enfrentamientos del exmandatario contra sectores de la prensa que lo investigaban o criticaban.

En los últimos cinco años, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) registró al menos siete acciones judiciales iniciadas por Uribe contra periodistas, incluyendo un caso en Estados Unidos. La organización advirtió que este patrón de denuncias contribuía a saturar el sistema judicial y afectaba tanto el ejercicio individual como colectivo de la prensa.

Diversos sectores solicitaron a la Fiscalía que archivara el proceso contra Akerman y pidieron a funcionarios y figuras públicas que renunciaran a la vía judicial como método para censurar opiniones desfavorables. El caso puso a prueba los límites de la libertad de expresión y la independencia del periodismo en un contexto donde el debate público dependía de la protección efectiva de estos derechos.