La ONU lanzó advertencia por cientos de casos de lepra en Colombia: “No es cosa del pasado”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que Colombia reporta entre 280 y 300 nuevos casos de lepra cada año y advirtió que “no es cosa del pasado”.

Durante una visita oficial, Beatriz Miranda-Galarza, relatora especial de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por lepra y sus familiares, señaló que dicha enfermedad sigue presente en el país.

La experta recorrió Sincelejo, Bogotá y Cundinamarca durante ocho días, donde identificó obstáculos persistentes para quienes conviven con esta patología. Según lo reportado, la transmisión no se ha detenido y afecta a adultos y niños, principalmente en comunidades rurales y zonas históricamente marginadas.

Miranda-Galarza explicó que la lepra “es una enfermedad que está vigente, pero no solamente como enfermedad, sino que está vigente como un problema de derechos, de discriminación, de exclusión”. Añadió que la discriminación, el estigma y el desconocimiento sobre la lepra continúan siendo barreras para la atención oportuna y la inclusión social de quienes la padecen.

La relatora sostuvo que la lepra no puede entenderse solo como un problema médico o epidemiológico. El fenómeno está vinculado a la pobreza, la discapacidad, la desigualdad de género, la migración, la violencia, el envejecimiento y la exclusión rural.

Las personas afectadas enfrentan, además, desconocimiento entre los profesionales de la salud, pues la enfermedad ha dejado de ser parte central de los currículos en la formación médica. Esto contribuye a diagnósticos incorrectos y a retrasos en la identificación de casos.

Durante su visita, la experta constató que, aunque existe tratamiento gratuito para la lepra, no siempre llega a tiempo a los pacientes debido a la falta de diagnóstico temprano y seguimiento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) provee el tratamiento a los países que reportan casos, pero en Colombia persisten obstáculos para su distribución efectiva.

Miranda-Galarza indicó que el Estado colombiano ha mostrado poca disposición para reconocer que la lepra sigue presente. Las organizaciones sociales, como la Federación de Personas Afectadas por la Lepra, han asumido tareas en materia de atención, educación y acompañamiento que corresponderían al Estado. El acceso a servicios de salud, empleo y educación sigue siendo limitado para quienes han sido diagnosticados.

El reporte de la relatora resaltó que la invisibilización de la lepra ha impedido que figure como prioridad en las políticas de protección social e inclusión. Según su análisis, este ciclo solo se romperá si se les da voz a las personas afectadas y se les reconoce como actores fundamentales en el diseño de políticas públicas.

El documento presentado por la ONU subrayó la existencia de una deuda histórica con las personas afectadas por la lepra en Colombia, en especial por las violaciones de derechos humanos ocurridas en antiguos leprosarios como los de Agua de Dios y Contratación. En estos lugares, durante décadas, se restringieron libertades y se separaron familias.

Miranda-Galarza advirtió que cerca del 39 por ciento de los casos anuales reportados en el mundo presentan discapacidad severa, debido a diagnósticos tardíos o a la falta de acceso oportuno al tratamiento. En Colombia, las cifras oficiales estiman entre 280 y 300 nuevos diagnósticos anuales, aunque organizaciones de personas afectadas sostienen que el número real podría ser mayor.

La relatora insistió en la necesidad de reconocer públicamente las violaciones históricas sufridas por las personas con lepra y de adoptar medidas de reparación acompañadas de garantías de no repetición. “El reconocimiento y la memoria histórica son esenciales para la justicia y la reconciliación. Las personas afectadas por la lepra deben ser reconocidas como titulares de derechos cuya dignidad, voces y experiencias vividas deben estar en el centro de cualquier respuesta”, afirmó.

Entre las recomendaciones, la experta propuso que Colombia aborde la lepra con un enfoque integral basado en derechos humanos, que incluya igualdad, accesibilidad, no discriminación, protección social, atención en salud mental, rehabilitación, educación pública y participación activa de las comunidades afectadas en la formulación de políticas públicas.