
Un grupo de exministros, académicos y personalidades del centro político divulgó un manifiesto con los principios que, según su visión, debería asumir el próximo presidente de Colombia.
El pronunciamiento, firmado por más de 30 referentes, surge previo a la segunda vuelta presidencial, que tendrá lugar el 21 de junio y en la que compiten Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
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El documento, de 15 puntos, propone replicar la experiencia uruguaya en la que las principales fuerzas políticas lograron un acuerdo nacional. Según los firmantes, este tipo de entendimiento permitiría reducir la polarización política y contribuiría a enfrentar la violencia que afecta al país.

“Colombia debería replicar esta experiencia excepcional. Este documento contiene una propuesta de los temas centrales de lo que podría contener un gran acuerdo nacional para evitar que nuestro país caiga en la trampa de la polarización política extrema y el agravamiento de la violencia que de manera creciente hoy afecta al país”, indica el texto.
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Los firmantes incluyeron entre sus prioridades el respeto a las autoridades electorales y a sus pronunciamientos. Cuestionaron que se pongan en duda los resultados de los comicios y consideraron que estas acciones afectan la confianza en las instituciones democráticas. También solicitaron la defensa de la Constitución de 1991, aunque reconocen que podría ser objeto de reformas a través de los mecanismos ordinarios.
El manifiesto destaca la necesidad de replantear la política de orden público, la lucha contra la corrupción, la equidad en la distribución de los ingresos y la plena vigencia de los derechos humanos.
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En materia de seguridad, el grupo propuso que el próximo gobierno recupere el control del territorio y fortalezca la fuerza pública. Plantearon que la política de ‘paz total’ debe reformularse, teniendo en cuenta las realidades de los campesinos involucrados en cultivos ilícitos.
“Tenemos alrededor de un millón de campesinos que viven del cultivo de coca. Su suerte no puede sernos indiferente”, señala el manifiesto.

El texto aboga por una nueva política antidrogas y recalca que todos los criminales, salvo que resistan la acción de la autoridad, “deben ser capturados y puestos a disposición de la justicia”, rechazando ejecuciones sumarias.
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En el terreno social, el documento hace énfasis en una revolución educativa, promoviendo la existencia de un sistema mixto y no solo público. Además, insta a que el próximo gobierno asuma un compromiso con la austeridad fiscal y con la atención de la crisis de las finanzas públicas, aludiendo a la importancia de corregir los déficits estructurales del Estado.
“La corrección de los déficits estructurales de las finanzas públicas será menos dolorosa si la economía recupera tasas adecuadas de crecimiento. Si esto ocurre, se producirán efectos virtuosos tanto en la reducción de la pobreza como en mejoras en la distribución del ingreso”, afirma el manifiesto.
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El documento también precisa la necesidad de enfrentar la crisis de la salud, buscar la soberanía energética para evitar riesgos de apagón y proteger la autonomía del Banco de la República.
“Uno de los avances institucionales más importantes de la Carta de 1991 fue haber asignado la regulación monetaria a una entidad autónoma: el Banco de la República. Su primordial obligación consiste en velar por la estabilidad de los precios o, lo que es lo mismo, controlar la inflación”, sostienen los firmantes.
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Entre las propuestas, se pide un cambio en la política exterior, reclamando que las relaciones internacionales se gestionen en función del interés nacional y no bajo alineamientos ideológicos. El texto hace referencia a las intervenciones en asuntos internos de otros países y sugiere regresar a una diplomacia profesional.
El listado de firmantes incluye a Moisés Wasserman, Eduardo Pizarro, Eduardo Lora, José Antonio Ocampo, Luis Carlos Villegas, Arturo Sarabia, Pilar Gaitán, María del Rosario Aguilar, Martha Ardila, Andelfo García, José Luis Ramírez, Paula Ruiz, Litza Mayorga, Raúl Barake, Mónica Fonseca, Juan Camilo Restrepo, Jorge Iván González, Cecilia López, María Teresa Garcés, Andrés Caro, Mauricio García Villegas, Gonzalo Pérez, Rafael Aubad, Pedro Medellín, Guillermo Trujillo, Jorge H. Botero, Santiago Pombo, Francisco Escobar, Viviana Barberena y Paula Ruiz. Ninguno de ellos manifestó inclinación por alguno de los dos candidatos en competencia.
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El manifiesto cierra con un llamado al fortalecimiento de la moral pública, el restablecimiento del valor de la verdad en el debate político, el respeto por los adversarios y la profesionalización del aparato estatal.
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