Defensoría del Pueblo y Procuraduría repudiaron el asesinato del líder social Steven Portillo Gómez en Manizales: “Llamado urgente”

La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación rechazaron el asesinato de Steven Portillo Gómez, defensor público de la Regional Caldas, ocurrido en Manizales el 7 de junio de 2026.

El crimen de Steven Portillo Gómez, de 30 años, fue confirmado por la Defensoría del Pueblo, institución que informó sobre el hecho y expresó su solidaridad con la familia, los allegados y los colegas del funcionario.

“Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales, Caldas”, comunicó la Defensoría del Pueblo. En el mensaje, la entidad expresó: “No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la defensa pública”.

Iris Marín, líder de la Defensoría del Pueblo, publicó: “Nos asesinaron un defensor público: Steven Portillo Gómez, de 30 años, en Caldas. Duelo en la Defensoría del Pueblo”.

La Procuraduría General de la Nación, dirigida por Gregorio Eljach, también se pronunció sobre lo ocurrido.

El procurador expresó: “El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, repudia el crimen del defensor público, Steven Portillo Gómez, perpetrado en la ciudad de Manizales”.

Además, transmitió su solidaridad con los familiares y el equipo de la Defensoría y exigió resultados en la investigación: “El jefe del Ministerio Público expresa su solidaridad con su familia y colegas de la Defensoría del Pueblo, y exige resultados: captura y sanción a los responsables de este lamentable hecho”.

La Defensoría expresó su agradecimiento a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales por las acciones de investigación emprendidas y realizó un llamado para que el esclarecimiento del crimen se priorice y se avance con rapidez en la identificación y judicialización de los responsables.

Según información de Indepaz, Steven Portillo Gómez se desempeñaba como servidor público en defensa de los derechos humanos y estaba vinculado a la Defensoría del Pueblo de la seccional Caldas.

Indepaz reportó que la víctima residía en el municipio de Chinchiná, donde trabajaba para la comunidad y el departamento. Además, señaló que el asesinato se produjo en el sector de La Violeta, cuando hombres en motocicleta le dispararon y perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con Indepaz, algunas versiones de medios locales mencionan que Steven Portillo habría recibido amenazas en días recientes. Asimismo, Indepaz indicó que la Defensoría del Pueblo había emitido la AT 013/25, que incluye a Manizales y solicita observación permanente.

Este informe advierte que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo constante para los derechos de la población.

En otro documento, la AT 041/20 y su informe de seguimiento 009/22, la Defensoría advierte que Manizales actúa como refugio y zona de repliegue para integrantes de estructuras criminales y grupos armados regionales. Además, la ciudad es utilizada para el desarrollo y administración de economías ilícitas, como el tráfico de estupefacientes y préstamos informales conocidos como “gota a gota”. Indepaz resalta que esta dinámica favorece el fortalecimiento de redes criminales y sus fuentes de financiación.

Indepaz identificó la presencia de grupos como el Clan del Golfo y bandas de carácter local en la zona. También especificó que Manizales está bajo la jurisdicción de la Quinta División del Ejército colombiano.

Con el homicidio de Steven Portillo Gómez, Indepaz reportó que asciende a 67 el número de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2026 en Colombia.

La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, señalando el impacto de este crimen en la institución y en la comunidad. El Ministerio Público insistió en la importancia de la captura y sanción de los responsables.

Las entidades estatales y de la sociedad civil coinciden en la necesidad de avanzar en la protección de los defensores de derechos humanos y en la respuesta institucional frente a los riesgos que enfrentan en zonas donde operan estructuras armadas y redes delictivas.