El Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional anunció el jueves 4 de junio que mantendrá la recolección de firmas para promocionar este mecanismo, pese a la suspensión de la propuesta de asamblea constituyente impulsada desde el Gobierno nacional y sectores del Pacto Histórico. El motivo: la pausa oficial, a su parecer, no equivale a una renuncia definitiva a esta iniciativa, que buscaba modificar la Carta Magna de 1991.
En la declaración, se afirmó que el referendo no nació para responder a un episodio puntual ni a un momento electoral, sino para fijar una garantía institucional duradera frente a futuros intentos de alterar las reglas del sistema democrático colombiano. Lo anterior, en respuesta al anuncio de los promotores de la constituyente, que desistieron de la iniciativa, que era defendida por el presidente Gustavo Petro, para no perjudicar la campaña del senador Iván Cepeda.
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Sergio Bueno, miembro de este grupo que defiende el referendo, planteó que la decisión de frenar la idea de una constituyente sería positiva solo si se mantiene en el tiempo. “Valoramos profundamente que se haya descartado la idea de una asamblea nacional constituyente. Si esta decisión se mantiene en el tiempo, es sin duda una buena noticia para la estabilidad institucional y la seguridad jurídica de nuestro país”, expresó el abogado en su pronunciamiento.
Para este colectivo, del cual también hace parte el abogado Mauricio Pava y cuenta con el respaldo del abogado Ramiro Bejarano Guzmán, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); el expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas y el exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Luis Guillermo Vélez Cabrera, es claro que la retirada temporal de la iniciativa no desactiva la campaña.
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De hecho, en su pronunciamiento, la organización entiende que el problema no fue un anuncio aislado, sino una visión política que, durante cuatro años, puso en cuestión los límites institucionales fijados por la Constitución Política. En ese sentido, Bueno sostuvo que el retiro de la constituyente no cierra, en consecuencia, el conflicto que motivó la proposición del referendo, pues al contrario, siente que “valida nuestra razón de ser”, la defensa de la Carta Magna.
Los argumentos para mantener el referendo en defensa de la Constitución
En su pronunciamiento, el integrante del comité pro referendo vinculó la continuidad de la campaña con un pedido directo al Ejecutivo para que desista de esta iniciativa. “Invitamos formalmente al Gobierno a asumir un compromiso claro, público, verificable, con el respeto, cumplimiento y fortalecimiento de nuestra Carta Magna. La Constitución no es el problema, es la solución, es la garantía que nos une y nos permite construir el futuro en democracia”, afirmó.
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En su pronunciamiento, el comité remarcó que no existe hasta ahora un compromiso “público, inequívoco y verificable” de abandonar de forma definitiva la idea de una constituyente. Bajo esa lectura, lo suspendido, a juicio de sus miembros, solo sería una estrategia política coyuntural, con el fin de obtener respaldos de los sectores de centro a la campaña de Cepeda a la presidencia, y no una convicción de fondo ya corregida por el Gobierno Petro.
De esta manera, el comité presentó esta razón para seguir adelante con todas las etapas previstas de la iniciativa ciudadana. Frente al revuelo que causó el tema, los promotores de este mecanismo democrático afirmaron que las constituciones democráticas no se resguardan con promesas políticas sujetas a cambio, sino con reglas, instituciones y decisiones ciudadanas con vocación de permanencia, que en el caso particular de Colombia no estaría ocurriendo.
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Para sustentar su posición, el colectivo describió un patrón de tensiones institucionales acumuladas durante el actual ciclo político y señaló que cuando las reformas no avanzaron en el Congreso apareció la constituyente; cuando las decisiones judiciales resultaron incómodas, se cuestionó a las altas cortes, como el Consejo de Estado; y cuando el Banco de la República ejerció su autonomía constitucional, fue presentado como un obstáculo para el gobierno.

En este pronunciamiento, también se incluyó a las autoridades electorales y a los organismos de control, como ejes del diagnóstico del comité, pues cuando esas entidades adoptaron decisiones contrarias a los intereses del Gobierno, también fueron objeto de descalificaciones públicas; como aconteció con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, del mismo modo, con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, que fueron blanco de críticas.
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En resumen, el grupo promotor remarcó que la defensa de la Constitución de 1991 no puede quedar atada a anuncios de oportunidad, ya que el problema de fondo no ha sido rectificado ni retirado y que, por eso, la iniciativa sigue siendo necesaria. Así pues, confirmó que continuará con la recolección de firmas en todo el territorio nacional y lo hará con independencia de quién gane las elecciones y de cuáles sean las mayorías políticas del momento en el órgano legislativo.
“Estamos entusiasmados porque la ciudadanía organizada logra resultados y por eso mismo, hoy más que nunca, continuamos vigilantes”, dijo el comité, que reiteró la defensa de la Constitución no pertenece a un sector político, sino al conjunto de los ciudadanos, que se han movilizado en respaldo de la Constitución y la institucionalidad, frente a lo que consideran son los embates del Gobierno a través de propuestas como la mencionada constituyente.
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