
El presidente Gustavo Petro hizo acusaciones de fraude luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda. Aseguró tener pruebas que demostrarían un presunto fraude electoral. Según su versión, el “software electoral fue modificado dos veces el 26 de mayo de 2026”, una a las 1:21:35 y otra a las 7:21:13.
Afirmó que esos cambios afectaron el censo y el número de puestos y mesas. Sostuvo que “el censo oficial era de 41.421.973 electores y fue cambiado en el software a 42.307.373” cinco días antes de los comicios. Además, señaló que la alteración se habría hecho en la plataforma Divipol y que el diario El Tiempo solo detectó la modificación de las mesas.
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Dichas afirmaciones provocaron un fuerte enfrentamiento con los gremios empresariales, que salieron a rechazar sus afirmaciones, defender la gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y exigir respeto a la institucionalidad.

Los representantes de los empresarios respondieron al indicar cifras verificables que confirmó la entidad: el escrutinio judicial coincidió en un 99,98% con el preconteo, hubo más de 400.000 testigos electorales y más de 1.200 observadores internacionales estuvieron encargados de vigilar el proceso.
Rechazo gremial a las denuncias de fraude electoral
La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, afirmó que “la institucionalidad funciona y los hechos hablan: escrutinio al 99,98%, coincidencia del 99,94% con el preconteo y sin novedades relevantes”.
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Lacouture defendió la labor de la Registraduría y advirtió: “No coman cuento. El voto se protege con reglas, jueces e instituciones independientes”. También cuestionó los efectos políticos de las denuncias. “Hay quienes, cuando no pueden controvertir los resultados, intentan controvertir las instituciones. Eso también dice mucho. Téngalo presente”, agregó.
Además, urgió a que “si el Presidente dice tener pruebas, su deber es entregarlas de inmediato a las autoridades competentes, no convertir una denuncia en espectáculo político desde el poder”.
Resaltó que “Colombia no puede normalizar que quien ocupa la Presidencia use su cargo para sembrar dudas sobre el proceso electoral mientras las instituciones han reportado resultados verificables. Defender el voto también es respetar los canales legales. Las denuncias se prueban ante las autoridades, no se administran desde X”.
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La líder empresarial concluyó al decir que una cosa es pedir transparencia y otra muy distinta es usar la desconfianza como estrategia política. Además, recordó que “en democracia el poder tiene límites”.
Defensa de la institucionalidad y llamado al respeto democrático
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, sostuvo que “los hechos derrotaron la estrategia politiquera de sembrar sospechas infundadas. Presidente Gustavo Petro: si respetara las instituciones, ya habría corregido las declaraciones con las que quiso poner en duda el proceso electoral tras la derrota del candidato con el que aspira a continuar con este descalabro de gobierno”.

El dirigente insistió en la obligación de imparcialidad. “La Constitución y la ley que juró cumplir y la dignidad del cargo le exigen imparcialidad. La investidura presidencial es incompatible con la búsqueda de atajos para ser más ‘vivo’ que las reglas y vulnerar las garantías electorales”.
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Cabal recordó además que “el Consejo de Estado le exigió la semana pasada guardar imparcialidad” y subrayó que “la democracia y la Constitución triunfaron. Respete sus resultados”.
Entretanto, el vicepresidente nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Jairo Pulecio, convocó a todos los sectores a “preservar la institucionalidad, actuar con responsabilidad y fortalecer la democracia a través del respeto por la voluntad expresada”.
La institucionalidad frente al reto de las denuncias electorales
Pulecio lamentó que “el presidente de la República esté poniendo en tela de juicio el proceso electoral que celebramos el día de ayer. Un proceso electoral que tiene al Consejo Nacional Electoral como organismo rector, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hizo un trabajo impecable en todo el país, a la Procuraduría General de la Nación, que se encargó de blindar el software”.
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Además, resaltó la magnitud del control ciudadano en las urnas, ya que hubo más de 400.000 ciudadanos como testigos electorales, se tuvo el mayor número de observadores internacionales y más de 1.200 personas estuvieron acompañando el proceso.
Agradeció a la Registraduría y a los que se involucraron en las elecciones. “Ahora, quedará en manos de los jueces de la República el proceso final de escrutinio. Pero la única realidad que tenemos en este momento es que hay dos personas que pasan a segunda vuelta”, agregó.
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