Encuesta Invamer marca el pulso electoral en Colombia: la violencia lidera las preocupaciones rumbo a las presidenciales

A casi una semana de que Colombia vuelva a las urnas para elegir presidente, la preocupación por la violencia volvió a instalarse en el centro del debate público. Ya no se trata únicamente de discusiones sobre economía, salud o empleo. El temor por el deterioro del orden público, la expansión de los grupos armados y la incertidumbre frente al futuro de la seguridad del país se convirtió en una de las mayores inquietudes de los ciudadanos.

Esa sensación quedó reflejada en la última encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, realizada entre el 13 y el 20 de mayo de 2026 en 152 municipios del país. El estudio, construido con 3.800 encuestas, muestra un ambiente marcado por el escepticismo hacia la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro y por la percepción de que el conflicto armado volvió a ganar terreno en distintas regiones.

Uno de los datos que más llamó la atención del sondeo tiene relación directa con la seguridad. El 40,8% de las personas consultadas aseguró que el principal problema que enfrenta actualmente Colombia es el orden público. La cifra deja atrás otras preocupaciones históricas como el desempleo, la corrupción o incluso las dificultades económicas de los hogares.

La encuesta también reveló que la inseguridad aparece como uno de los temas que más debería priorizar el próximo presidente. El 61,8% de los encuestados la mencionó entre los asuntos más urgentes que deberá enfrentar el nuevo gobierno. Solo la salud se ubicó por encima, con 71,9%. El resultado refleja un giro importante en el estado de ánimo del país. Durante buena parte de los últimos años, las conversaciones públicas estuvieron dominadas por el costo de vida, la inflación y las reformas sociales. Ahora, las noticias relacionadas con ataques armados, confinamientos, extorsiones y disputas territoriales volvieron a modificar la percepción ciudadana.

En ese escenario, la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro llega desgastada a la recta final de su mandato. Según el estudio, el 62,1% considera que esa estrategia “va por mal camino”, mientras apenas el 32,6% cree que avanza de manera positiva. La percepción negativa también se refleja en la sensación de seguridad. Mientras el 64,5% afirmó sentirse más inseguro con la implementación de la paz total, apenas el 29,8% respondió que la política del Gobierno le genera mayor tranquilidad.

El panorama se vuelve todavía más complejo cuando se pregunta por el control territorial del Estado. El 73,8% de los encuestados considera que las Fuerzas Armadas y las instituciones perdieron presencia en zonas donde operan grupos ilegales. Solo el 22% piensa lo contrario. La encuesta aparece además en medio de un contexto especialmente delicado para varias regiones del país. Durante el último año, organismos humanitarios y entidades de seguimiento al conflicto han advertido un aumento de las afectaciones a la población civil.

Organizaciones como la Defensoría del Pueblo, Indepaz y el Comité Internacional de la Cruz Roja alertaron sobre desplazamientos masivos, confinamientos y enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales. Uno de los episodios más graves ocurrió en Catatumbo, donde los choques entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias provocaron una fuerte crisis humanitaria.

El temor ciudadano no solo gira alrededor de la violencia cotidiana. También existe preocupación por una eventual interferencia de grupos armados en las elecciones presidenciales. De acuerdo con la medición, el 60,3% cree que en ciertas regiones sí hay presiones ilegales para influir en el voto de los ciudadanos.

La inclusión de ese punto en la encuesta no es casual. En distintas zonas del país se conocieron denuncias relacionadas con restricciones a campañas políticas, amenazas y dificultades para ejercer actividades electorales. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió recientemente que 386 municipios presentan algún nivel de riesgo por violencia, desplazamiento forzado o afectaciones a la libertad de prensa. De ellos, 139 están catalogados en riesgo extremo.

Cauca y Antioquia encabezan la lista de departamentos con mayores alertas. También aparecen municipios de Norte de Santander, Chocó, Nariño y Vaupés, territorios donde persisten disputas entre organizaciones ilegales y economías criminales. Incluso el mismo trabajo de campo de Invamer se vio afectado por problemas de seguridad. La firma informó que tuvo que reemplazar 13 municipios inicialmente seleccionados debido a restricciones de acceso, recomendaciones de las autoridades o presencia de actores armados.

En medio de ese panorama, la encuesta también mostró señales de pesimismo sobre el rumbo del país. El 52,2% considera que Colombia va por mal camino, frente a un 43,3% que mantiene una visión favorable. La aprobación del presidente Gustavo Petro sigue igualmente dividida. Mientras el 50,4% desaprueba su gestión, el 45,8% la respalda.