El ELN exige mecanismos humanitarios para frenar desplazamientos en el Catatumbo, Norte de Santander

El Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció tras el llamado del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien pidió a los grupos armados reducir la confrontación en el Catatumbo.

El comunicado surge en un contexto de violencia que, según el ELN, ya suma 16 meses de enfrentamientos con la disidencia del Frente 33 de las Farc y ha provocado desplazamientos masivos y temor en las comunidades rurales.

En el documento difundido por el grupo armado, se alerta sobre el aumento de las acciones militares en la región y la frontera, atribuyendo este incremento tanto a las Fuerzas Armadas estatales como al “grupo narco paramilitar del 33”.

El ELN asegura que existe una “clara y evidente coordinación” entre ambos actores, y sostiene: “Así, las FFAA bombardean con aviación y artillería pesada lanzada desde el batallón de Tibú, para despejar y abrirle paso a los narcoparamilitares, quienes incursionan en estos territorios, para atentar contra la población civil y liderazgos sociales”.

La organización armada afirma haber repelido algunos de estos operativos, pero reconoce la gravedad de las consecuencias para la población. El comunicado advierte: “Es muy preocupante la afectación causada sobre la población civil, pues el lanzamiento de estos artefactos no discrimina las zonas pobladas, aumentando el terror y el desplazamiento; de hecho, está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario”.

El grupo armado también abordó hechos recientes en territorio venezolano, específicamente en el municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia. Allí, denunciaron la muerte de cinco civiles durante operativos armados realizados en la frontera, atribuyendo estos hechos a las dinámicas del conflicto binacional.

El grupo relata: “La ofensiva enemiga del Ejército Nacional y la banda del 33 ahora traspasa fronteras, afectando territorio del hermano pueblo venezolano, donde el día 10 de mayo con el apoyo de militares colombianos incursionaron en el Consejo Comunal, Playas del Socorro, Municipio Jesús María Semprum, asesinando a cinco civiles, entre ellos dos dirigentes comunales”.

Los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Frente 33 originaron una crisis humanitaria en el Catatumbo, caracterizada por desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios. El llamado de las autoridades locales busca disminuir la violencia y generar vías de diálogo, pero hasta el momento las partes armadas mantienen posiciones enfrentadas.

Llamados institucionales y sociales para frenar la violencia

El ELN critica la respuesta del gobierno nacional, asegurando que los llamados de alerta de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han sido ignorados.

No obstante, el grupo considera fundamental que estos actores sigan visibilizando y denunciando la situación: “A pesar de ello, consideramos necesario que continúen visibilizando y denunciando la grave situación que el Estado colombiano y el gobierno de Gustavo Petro, viene generando en esta región.”

El ELN solicitó la intervención y acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales de derechos humanos y la Gobernación de Norte de Santander. El objetivo, según el comunicado, sería promover mecanismos humanitarios que brinden algún alivio a las comunidades golpeadas por la violencia.

Además, lanza una acusación directa al Estado colombiano: “Atacar a la población civil es un crimen de Estado, que se viene impulsando desde el gobierno a través del grupo paramilitar Frente 33″.

En el cierre, el Frente de Guerra Nororiental reivindica su permanencia y resistencia en la región del Catatumbo: “Seguiremos defendiendo el territorio del Catatumbo y confrontando los planes contrainsurgentes, ordenados por el imperio de los Estados Unidos, tal y como lo hemos hecho desde hace 62 años”.

En este escenario, la petición de gestionar mecanismos humanitarios y la intervención de organismos nacionales e internacionales busca disminuir el impacto del conflicto sobre la población civil. La situación se agrava con las recientes denuncias de muertes de civiles en la zona fronteriza con Venezuela y la sospecha de operaciones conjuntas entre fuerzas estatales y actores armados ilegales, según lo expresado por el ELN.

Mientras tanto, la región sigue esperando respuestas efectivas y acciones concretas que permitan atenuar las consecuencias de un conflicto prolongado, que ha puesto en riesgo la vida y la estabilidad de miles de familias en el noreste colombiano.