
El crecimiento de los carros eléctricos en Colombia ya dejó de ser una promesa y empezó a exigir reglas claras. Con más vehículos conectándose a la red y una demanda creciente por estaciones de carga, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) alista una hoja normativa para acompañar esa transformación.
La entidad proyecta expedir en junio de 2027 una resolución enfocada en movilidad eléctrica, con la que busca ordenar el mercado, dar señales a inversionistas y facilitar la expansión de esta tecnología en el país. Antes de llegar a esa meta, el regulador diseñó una ruta de trabajo que comenzará a mostrar resultados desde este año. El proceso incluirá documentos técnicos, consultas públicas y mesas de concertación con empresas, ministerios y usuarios.

Ángela Álvarez, una de las seis comisionadas expertas de la Creg, explicó que en marzo de 2026 ya se realizó una primera reunión con actores del sector energético y empresarial. En ese espacio participaron compañías como Terpel y Vanti, además del Ministerio de Minas y otros representantes vinculados al tema.
El propósito de esos encuentros es construir una regulación ajustada a la realidad del mercado, capaz de responder al ritmo con el que avanza la electrificación del transporte en Colombia. Según el cronograma planteado, el primer documento sería publicado en junio de 2026. Después de esa divulgación, se abriría una etapa de consulta para recibir observaciones, comentarios técnicos y propuestas de mejora.
Meses más tarde, en noviembre, se conocería un segundo texto también sujeto a discusión pública. La intención es recoger consensos suficientes para que la norma final nazca con respaldo institucional y viabilidad operativa. La comisión considera que el momento es decisivo. El mercado de vehículos eléctricos viene creciendo a una velocidad que ya impacta no solo al sector automotor, sino al sistema energético nacional.
Entre enero y marzo de 2026 se matricularon más de 9.000 vehículos de este tipo en Colombia. Esa cifra representó un aumento de 171,3% frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

El salto en ventas confirma una tendencia: cada vez más consumidores y empresas ven en la movilidad eléctrica una alternativa real frente a los combustibles tradicionales. Sin embargo, ese cambio también plantea nuevos desafíos técnicos. Más carros eléctricos significan mayor presión sobre redes de distribución, nuevas exigencias de capacidad energética y necesidad de ampliar la infraestructura de carga pública y privada.
Por eso, la Creg convocó una mesa de trabajo con varias entidades del Estado. En las conversaciones participaron los ministerios de Transporte, Ambiente, Vivienda y Comercio, además del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme).
La idea es que la regulación no se diseñe de forma aislada. El objetivo consiste en articular decisiones energéticas, urbanas, ambientales y económicas para que el crecimiento del sector sea sostenible. Durante esas discusiones se abordaron temas como la futura demanda de energía, la reducción de emisiones contaminantes, el fortalecimiento del tejido empresarial que opera este negocio y la expansión de puntos de recarga.
También se promovió la participación de distintos actores del ecosistema, entre ellos los usuarios. Para la comisión, escuchar a quienes finalmente compran, cargan y utilizan estos vehículos resulta clave para evitar normas desconectadas de la experiencia real.

Álvarez agregó que durante el segundo semestre de 2026 se presentará el diagnóstico consolidado del sector. Más adelante, hacia el cierre del año, estaría listo el documento con alternativas regulatorias que luego pasarán a consulta. Ese paso será determinante porque allí se definirían las opciones concretas sobre tarifas, operación, condiciones de acceso e incentivos para el desarrollo de la movilidad eléctrica.
La apuesta regulatoria también responde a la política pública del Gobierno Nacional. El Plan de Desarrollo contempla impulsar este mercado como parte de la transición energética y del reemplazo gradual de combustibles fósiles como gasolina y diésel. En términos prácticos, eso implica que el país necesita más que ventas récord de vehículos eléctricos. Requiere reglas modernas, redes preparadas y seguridad jurídica para atraer inversión.
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