Actualización del impuesto predial haría que dueños de fincas paguen más de la cuenta: “La solución no puede perjudicar al ciudadano”

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó la actualización masiva de los avalúos catastrales rurales que planteó el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Según el gremio que preside José Félix Lafaurie, la aplicación de la Ley 2294/2023 lleva a aumentos exorbitantes a millones de predios, sobre todo, a los que tienen menos de 100 hectáreas.

Fedegán rechazó la actualización automática de los avalúos catastrales porque considera que impone cargas injustas a pequeños y medianos propietarios rurales, lo que genera un aumento importante del Impuesto Predial Unificado (IPU). La organización sostiene que la solución debe incorporar la progresividad de acuerdo con el rezago catastral, que, según cifras del gremio y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), llega en promedio a 15 años. Así, la Federación afirmó, por medio de un comunicado, que “la solución no puede perjudicar al ciudadano, sino considerar, como mínimo, una progresividad en el reajuste de los avalúos igual a los tiempos de incumplimiento por parte del Estado”.

Auditoría técnica y externa

De acuerdo con el documento, el proceso amparado en la Ley 2294/2023 no toma en cuenta la gradualidad necesaria y traslada la responsabilidad de la inacción estatal a los propietarios rurales. Por eso, pidió que se haga “una auditoría técnica y externa a la metodología desarrollada en la Resolución 1912 de 2024”, cuestionando la validez y legalidad de los procedimientos adoptados por el Igac.

Asimismo, expresó estar en desacuerdo con la aplicación de la Resolución 2057 de diciembre de 2025. Solicitó que se suspenda hasta que se haya hecho una revisión técnica sobre la adecuación de la metodología a las realidades del campo colombiano. Así las cosas, la actualización afecta, en especial, a los productores más vulnerables y a la clase media del sector agropecuario, ya que “el ajuste en 533 municipios –527 finalmente– afecta a 1.639.140 predios, de los cuales el 98,6% son menores de 100 hectáreas”.

La organización apuntó que la realidad contradice la versión oficial según la cual las alzas impactarían principalmente a los grandes terratenientes.

Además, el gremio denunció que el origen del problema es estatal y criticó el intento de trasladar la responsabilidad a los alcaldes y a los Concejos municipales, por lo que enfatizó en que solo estos órganos tienen la facultad de establecer tarifas. Considera fundamental que las políticas tributarias sean apropiadas y reflejen la dinámica productiva de cada territorio, por lo que advirtió sobre los riesgos de cargar a las autoridades locales con obligaciones que corresponden al Estado central.

Por último, Fedegán insistió en que toda modificación a la metodología debe cumplir el artículo 9 de la Ley 101/1993, que exige que los avalúos de fincas agropecuarias se basen solo en la capacidad productiva y rentabilidad de la tierra, sin aplicar otros criterios externos.

Mesa Nacional de Concertación sobre el Catastro Multipropósito

El Gobierno nacional anunció la creación formal de la Mesa Nacional de Concertación sobre el Catastro Multipropósito para coordinar el diálogo institucional referente a la actualización catastral. Entre los participantes se encuentran el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Alta Consejería para las Regiones, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Igac.

La misma tiene como objetivo articular las observaciones de autoridades e instituciones y recibir los aportes de organizaciones sociales y territoriales. Según el Igac, en estas mesas se recogen inquietudes, se identifican casos críticos y se revisan inconsistencias derivadas de la actualización catastral.

Se desarrollaron jornadas técnicas en Santander, Norte de Santander y Boyacá. Está programada una jornada de asistencia técnica para el 24 de abril en Santander, coordinada por el DNP y el Ministerio de Hacienda, cuyo propósito es apoyar a los entes territoriales en la gestión del IPU y la administración de los nuevos datos catastrales.

El Igac advirtió que solo los espacios convocados oficialmente poseen legitimidad dentro del proceso y que cualquier otro tipo de reunión o grupo de interlocución no tiene validez respecto a los acuerdos alcanzados desde el 14 de abril. Pidió a la ciudadanía informarse a través de los canales oficiales para evitar interpretar o consultar información no certificada.

Postura y acciones del Igac y del Gobierno nacional

Asimismo, el instituto defendió la legalidad y la solidez técnica de los procedimientos de actualización catastral y remarcó la transparencia en la articulación de la Mesa Nacional de Concertación.

La entidad explicó que el cronograma de mesas técnicas comenzó el 15 de abril en departamentos priorizados. Los operativos se despliegan tanto en municipios que presentan rezagos como en aquellos donde el proceso ya está en marcha o completado.

Remarcó que estos encuentros institucionales facilitan la participación ciudadana, permiten detectar situaciones complejas y revisar posibles errores. Al mismo tiempo, el Gobierno se mostró dispuesto a proveer asesoría a las administraciones locales para garantizar el uso efectivo de la información actualizada y la correcta aplicación del IPU.