Presidenta de la Corte Constitucional hizo fuerte llamado al Estado por crisis del agua en Colombia: “Es una vergüenza nacional”

La presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, instaló el viernes 17 de abril los Diálogos Constitucionales desde Barichara, Santander, con un llamado directo al Estado colombiano para emprender cambios estructurales frente a la crisis del acceso al agua potable en distintas regiones del país.

En su intervención de apertura, la magistrada enfatizó que el acceso al agua potable no puede seguir siendo tratado como un asunto secundario o exclusivamente técnico, sino como un derecho autónomo cuya garantía resulta esencial para la dignidad humana. “El derecho al agua es un derecho autónomo; sin su garantía, la dignidad no es posible”, afirmó.

Desde el inicio de su discurso, Meneses contextualizó el escenario en el que se desarrolló el encuentro, destacando que Barichara, pese a su reconocimiento como uno de los municipios más representativos del país, también refleja una lucha histórica por el acceso al agua. Señaló que el objetivo de estos diálogos es acercar la justicia constitucional a las realidades concretas de las regiones.

Un llamado frente a la crisis estructural

Durante su intervención, la presidenta de la Corte advirtió que la situación del agua en Colombia trasciende el debate académico y se configura como una problemática que afecta directamente la vida de millones de personas. En ese contexto, hizo referencia a la situación en La Guajira como uno de los casos más representativos.

“Nos indigna La Guajira. Y lo digo sin matices: es una vergüenza nacional que, en pleno siglo XXI, la falta de agua potable sea la excusa para que la corrupción haga un festín con el hambre y la sed de nuestros hermanos wayúu”, expresó.

La magistrada también cuestionó la gestión institucional en torno a este recurso, señalando que las fallas no responden únicamente a limitaciones presupuestales o técnicas, sino a problemas estructurales asociados a la corrupción y la falta de planeación.

En ese sentido, lanzó una de las afirmaciones más contundentes de su discurso: “La corrupción que trafica con la sed es la forma más baja de violencia contra la dignidad humana”, al referirse a prácticas irregulares como la contratación ineficiente, la inexistencia de obras reportadas o la pérdida de recursos destinados al abastecimiento de agua.

Brecha entre decisiones judiciales y realidad territorial

Otro de los puntos centrales abordados por Meneses fue la distancia entre los avances jurídicos en materia de reconocimiento del derecho al agua y su materialización en los territorios. Recordó que la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial que reconoce este derecho como fundamental, pero advirtió que su impacto sigue siendo limitado en la práctica.

“Soy la primera en reconocer una realidad dolorosa: la jurisprudencia ha avanzado mucho más rápido que las tuberías y las plantas de tratamiento”, afirmó.

En esa misma línea, señaló que el éxito de la justicia constitucional no debe medirse por la calidad de las sentencias, sino por su capacidad de transformar las condiciones de vida de la población.

“De nada sirve que en Bogotá firmemos sentencias suficientemente robustas si en las regiones a la apertura del grifo no le sigue la de la vida”, agregó.

La magistrada explicó que la falta de acceso al agua potable impacta de manera directa otros derechos fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, y que su ausencia se ha convertido en uno de los indicadores más críticos de pobreza en el país.

Exigencia de transformaciones estructurales

En el cierre de su intervención, Meneses insistió en la necesidad de que el Estado adopte medidas estructurales que permitan garantizar el acceso equitativo y sostenible al agua. Indicó que no son suficientes las soluciones temporales y que se requiere una transformación en la forma en que se planifica, se invierte y se ejecutan los recursos públicos.

“No más soluciones temporales. Necesitamos que el Estado entienda que el agua no es un favor que se le hace al pueblo; es la obligación primaria de cualquier sociedad que se pretenda civilizada”, sostuvo.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la transparencia en la contratación, proteger las fuentes hídricas y priorizar el gasto público en función del impacto real en la vida de las personas. También destacó que la discusión sobre el agua debe incorporar dimensiones ambientales, sociales y territoriales, así como el conocimiento de las comunidades rurales y étnicas.

Finalmente, la presidenta de la Corte reiteró que el acceso al agua es un elemento central para la construcción de paz y justicia social en Colombia. “No habrá paz en los territorios mientras persista la sed. No habrá justicia social mientras el agua potable sea un lujo que solo algunos pueden costear”, concluyó.