Por incrementos en el avalúo catastral, directores del Departamento Nacional de Planeación y del Igac serán citados a debate de control político

El más reciente llamado de atención en el Congreso de la República ha puesto en el centro del debate el aumento del impuesto predial que afecta a familias de diversas regiones.

En respuesta a la preocupación social, el representante Alejandro Ocampo, junto a otros congresistas del Pacto Histórico y el Partido Liberal, impulsó una citación formal a funcionarios clave para esclarecer las causas y consecuencias de esta situación.

El foco del debate se dirige al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y al Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuyos directivos deberán explicar ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes los detalles de la actualización catastral y los criterios técnicos empleados en la fijación de los nuevos valores prediales.

Los congresistas buscan que estos funcionarios presenten un informe detallado sobre el proceso y respondan por el impacto que ha tenido en los bolsillos de los contribuyentes dicha medida.

La principal inquietud de los legisladores es la posibilidad de que la actualización catastral haya llevado a incrementos abruptos y poco justificados en el impuesto predial.

“No podemos permitir que decisiones técnicas terminen golpeando de manera desproporcionada a las familias colombianas, especialmente en sectores populares y rurales”, comentó Ocampo.

El representante también advirtió sobre la necesidad de transparencia y pidió al Gobierno que aclare la situación ante la opinión pública.

La sesión de control político, prevista para el 28 o 29 de abril, pretende determinar si existieron errores o irregularidades en la implementación de la política catastral. El objetivo es identificar si estos problemas han derivado en alzas excesivas en el tributo y, de ser así, proponer alternativas que eviten nuevos abusos contra los ciudadanos.

Ocampo puntualizó que “la culpa no sería de la resolución expedida por el Gobierno Nacional, sino de los alcaldes y de los concejos municipales”, sugiriendo que la responsabilidad podría estar en la aplicación local de los lineamientos generales.

Argumentos y propuestas de los congresistas

El representante Ocampo explicó que el Igac únicamente entregó rangos y tablas aproximadas para la actualización catastral. No obstante, consideró necesario abrir el debate para corregir posibles anomalías, tanto en el ente nacional como en los municipios.

Los legisladores pretenden involucrar a asociaciones de usuarios, alcaldías y concejos municipales en la discusión, con la finalidad de alcanzar una solución equitativa y evitar que se repitan situaciones que perjudiquen a los contribuyentes.

La convocatoria al debate surge en un contexto donde numerosos ciudadanos han denunciado incrementos abruptos en sus recibos del impuesto predial, lo que ha generado malestar e incertidumbre en comunidades urbanas y rurales.

La Comisión busca respuestas concretas sobre el proceso de actualización catastral y exige medidas para garantizar que las futuras revisiones no afecten injustamente a las familias colombianas.

La decisión se toma después del paro campesino que paralizó durante seis días los corredores estratégicos de Santander y Norte de Santander y que concluyó tras la firma de un acuerdo entre los voceros de los manifestantes y el Gobierno nacional.

Este entendimiento, surgido luego de intensas gestiones y reclamos por el ajuste de los avalúos catastrales, permitió la reapertura de las principales rutas y marcó el inicio de una revisión exhaustiva del catastro rural en la región.

Según Eduard Achila, portavoz de los campesinos, la medida responde a la preocupación generalizada por presuntos incrementos desproporcionados en los avalúos, lo que, en palabras del representante, llevó a que “el cierre de vías se convirtiera en la única herramienta de presión” frente a la Administración nacional, según recogió Noticias Caracol.

Según lo señalado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de su cuenta oficial en X, el consenso contempla “ajustar los avalúos catastrales en cada uno de los municipios afectados en Santander, mesas técnicas con los alcaldes y voceros, entre otros puntos”. Aunque el acta inicial no incluía la firma de Benedetti, los voceros indicaron que la suscripción formal se concretaría muy pronto.