Tras el levantamiento del paro campesino el martes 14 de abril en Santander, Boyacá y Norte de Santander, se mantienen las reacciones a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que un día antes emitió un mensaje en su cuenta de X en el que responsabilizó a alcaldes y concejos municipales de ajustar las tarifas del impuesto predial y les dio un plazo para presentar soluciones.
El pronunciamiento del jefe de Estado, divulgado el lunes 13 de abril en medio de las protestas por la actualización del avalúo catastral, incluyó amenazas dirigidas a los mandatarios locales, lo que generó respuestas desde distintos sectores, entre ellos el ámbito jurídico.
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“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mia”, señaló Petro.
Como contexto, el mandatario explicó que el incremento de los avalúos catastrales obedece a disposiciones legales y compromisos derivados del acuerdo de paz, y reiteró que la definición de las tarifas del impuesto predial corresponde a las autoridades municipales, a través de los concejos. Asimismo, se dirigió a sectores políticos y a quienes participaban en las protestas, señalando: “Le solicito a la militancia uribista que organizó el paro retirarse, sino actuaré como ordena la ley”.
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En ese escenario, el abogado constitucionalista Mauricio Gaona respondió señalando que “El mandato de un funcionario elegido popularmente pertenece a los electores, no al gobierno. Su revocatoria revela el sistema aplicable: la dictadura acata la voluntad del gobernante; la democracia, el debido proceso y una sentencia judicial”. Además, agregó: “No habrá dictadura constitucional”.
Respaldo de gobernadores y debate sobre la autonomía territorial
En medio de la controversia, la Federación Nacional de Departamentos (FND) reafirmó el 13 de abril su respaldo a los alcaldes del país y advirtió sobre la necesidad de preservar la autonomía territorial frente a las declaraciones del presidente.
La entidad indicó que la coordinación con el Gobierno nacional debe realizarse sin afectar la legitimidad democrática de las autoridades locales y dentro del respeto al marco legal. En ese sentido, precisó que “los alcaldes son jefes de la administración local elegidos por voto popular, sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional”.
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La FND también advirtió que “cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la remoción inmediata de los alcaldes carece de fundamento legal e ignora que su permanencia está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades definidos por la ley”.
Asimismo, recordó antecedentes en los que decisiones sobre autoridades electas han sido revisadas para proteger derechos políticos y la autonomía territorial: “Es particularmente relevante recordar que incluso decisiones adoptadas por órganos de supervisión respecto de autoridades electas por voto popular han sido revocadas, en garantía de la protección de los derechos políticos y la autonomía territorial”.
La organización insistió en la necesidad de mantener el diálogo institucional, señalando que “la coordinación entre la Nación y los territorios es fundamental, pero siempre respetando la autonomía, la legalidad y el orden constitucional que nos rige”.
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Respuesta de Petro a la FND
Tras el pronunciamiento de la Federación, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X, donde sostuvo que la posibilidad de destituir alcaldes tiene sustento en la Constitución y en normas vigentes.
En su mensaje, el mandatario escribió: “Constitución y ley estatutaria y decreto de estado de conmoción interior, se destituyen de acuerdo a la ley y lo hace el presidente. Orden público es una causa por Constitución y donde el alcalde cometa delito la convención americana de DDHH permite destituir alcaldes (sic)”.
El intercambio de declaraciones se produce en medio de un debate sobre las competencias entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales, así como sobre los alcances legales frente a la permanencia en el cargo de funcionarios elegidos por voto popular.
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