Aún sin abrirse la licitación, el futuro del principal aeropuerto del suroccidente del país ya tiene un calendario sobre la mesa. Si no hay cambios en los tiempos previstos, la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón podría quedar adjudicada antes de que termine el año, marcando un nuevo capítulo para esta terminal aérea clave en la región.
La hoja de ruta fue confirmada tras un encuentro entre autoridades nacionales y departamentales. Allí se revisaron los avances técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha el proceso, que dependerá de varios filtros institucionales antes de su apertura formal.
Desde la Gobernación del Valle del Cauca, la expectativa es que el cronograma se cumpla sin contratiempos. “Si el cronograma se mantiene como está, en diciembre estaría adjudicada la concesión. Si hay un tercero que quiera entrar a la concesión, pues se demoraría más o menos hasta abril. Depende de las aprobaciones de Hacienda, de las aprobaciones de Planeación, para que de esa manera puedan abrir la licitación y adjudicarla”, indicó la mandataria Dilian Francisca Toro.
El proceso, sin embargo, no parte de cero. Durante el último año, la Aeronáutica Civil adelantó una intervención clave para estabilizar la operación del aeropuerto, luego de asumir nuevamente su administración en 2025. Ese periodo inicial se concentró en recuperar condiciones básicas que garantizan la seguridad y continuidad del servicio.
En seis meses de trabajo, la entidad priorizó ajustes técnicos que impactan directamente la operación diaria. Entre ellos, la revisión de sistemas eléctricos y la optimización de ayudas visuales para la navegación aérea, elementos esenciales para mantener estándares adecuados en el tráfico de vuelos.
A la par, se ejecutaron inversiones importantes en distintos frentes de infraestructura. Más de $13.399 millones se destinaron a mantenimiento de pista, calles de rodaje y plataformas, así como a la torre de control y sistemas electromecánicos. También se intervinieron áreas clave para los pasajeros, como muelles de abordaje y bandas transportadoras.
Estos trabajos no se limitan al pasado reciente. Para los próximos meses ya están previstas nuevas inversiones que buscan consolidar lo avanzado. Se estima que hasta mediados de 2026 se destinen cerca de $2.050 millones adicionales, mientras que en el segundo semestre la cifra ascendería a $31.080 millones.
El objetivo es claro: sostener condiciones operativas óptimas mientras se define el modelo de concesión. En otras palabras, asegurar que el aeropuerto funcione con normalidad durante la transición hacia una eventual operación privada o mixta. En paralelo, la Aeronáutica Civil avanza en una apuesta de mayor alcance. Se trata de un paquete de proyectos de modernización valorado en $215.657 millones, que se ejecutaría entre 2026 y 2030. Estas iniciativas buscan llevar la infraestructura del aeropuerto a estándares más competitivos a nivel nacional e internacional.
Entre las obras contempladas se incluyen la construcción de una nueva subestación eléctrica y la implementación de un sistema automatizado de manejo de equipajes (BHS). A esto se suma la instalación de puentes de abordaje y el mejoramiento integral de pista, calles de rodaje y plataforma.
Más allá de las cifras, el reto de fondo está en responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en la región. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón no solo conecta al Valle del Cauca con el resto del país, también es una puerta de entrada para viajeros internacionales y carga aérea. Por eso, la eventual concesión no se limita a un cambio administrativo. Implica definir cómo se gestionará la operación, qué inversiones se priorizarán y bajo qué condiciones se garantizará la calidad del servicio en el mediano y largo plazo.
El proceso, además, estará sujeto a la participación de distintos actores. Si aparecen nuevos interesados en la concesión, los tiempos podrían extenderse, lo que añadiría nuevas etapas de evaluación antes de la adjudicación final. En ese escenario, las decisiones del Gobierno nacional serán determinantes. Las aprobaciones de entidades como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación marcarán el ritmo de un proceso que combina aspectos técnicos, financieros y regulatorios.
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