La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley Jornada Laboral Sin Desigualdad, presentado por la representante María Fernanda Carrascal, que impulsa la reducción gradual de la jornada laboral en el sector público en Colombia.
La medida busca equiparar las condiciones laborales de los servidores estatales con las del sector privado, donde la reducción de la jornada ya ha sido implementada mediante la Reforma Laboral de 2025, según explicó la congresista del Pacto Histórico.
De acuerdo con los detalles de la propuesta, la reducción discriminaría a empleados públicos de trabajadores oficiales. Los primeros tendrán una reducción de las 44 horas semanales actuales a 42 horas semanales en dos etapas: de 44 a 43 horas, y luego de 43 a 42 horas.
Por su parte, los trabajadores oficiales tendrán una reducción desde las 48 horas actuales a las 42, en cuatro etapas, respectivamente.
La diferencia radica en que los empleados públicos son quienes trabajan en entidades estatales como ministerios, superintendencias e instituciones, mientras que los trabajadores oficiales están vinculados al sector público, especialmente en construcción, mantenimiento y conservación de obras, empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de economía mixta.
El proyecto también contempla unas excepciones para cargos directivos (ministros, alcaldes, gobernadores, congresistas, el presidente, etc.) y algunos puestos de asesoría de alto nivel. Estas personas no se verán afectadas por la reducción, dada la naturaleza permanente de sus funciones.
En el abecé del proyecto se indicó que esta transformación no implica recortes salariales ni afectaciones a los derechos adquiridos. De hecho, la representante Carrascal explicó que la propuesta responde a un principio de igualdad: “No es justificable que en el sector privado se trabaje menos que en el sector público”.
Según Carrascal, desde el Departamento Administrativo de la Función Pública se estima que la iniciativa beneficiaría a 1.324.866 servidores públicos, y se promovería el equilibrio entre la vida laboral y personal, así como la “creación de ambientes laborales saludables y productivos en la administración estatal”.
De la misma manera, la propuesta incorpora un enfoque de modernización, con programas de capacitación orientados a fortalecer competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e inteligencia artificial. Estos programas buscan preparar a los funcionarios para los desafíos tecnológicos actuales y futuros en la gestión pública.
Carrascal, a su vez, destacó que la medida también apunta a atraer y retener talento en el Estado: “Necesitamos a las y los mejores profesionales en lo público. Esta propuesta también apunta a un sector competitivo que garantice servicios de calidad a la ciudadanía”.
El plan de reducción de jornada se implementaría de forma gradual, con mesas técnicas encargadas de asegurar la calidad en la prestación de los servicios públicos. Además, la iniciativa establece que el Gobierno nacional evaluará periódicamente el impacto y el cumplimiento de la medida, manteniendo intactos los acuerdos colectivos vigentes y evitando cualquier desmejora en las condiciones laborales.
El articulado se alinea con estándares internacionales, como el Convenio 47 de 1935 y la Recomendación 116 de 1962 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueven la reducción progresiva de la jornada laboral.
En Colombia se estima que hay, al menos 1.324.866 servidores públicos en todo el Estado colombiano, distribuidos así: en la Rama Ejecutiva hay 172.724 (sin incluir docentes o personal uniformado), a nivel territorial, 285.267; en la Rama Judicial, 60.696; y en la Rama Legislativa, 3.277.
La reducción en el sector privado con nuevo decreto
El Decreto 223 de 2026 impone a las empresas de Colombia la obligación de organizar jornadas laborales de 30 horas para ciertos perfiles, con estándares de seguridad social y condiciones de bienestar y protección. Esta reforma, basada en las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro, introduce una estructura diferenciada para estudiantes, menores de edad y jóvenes en formación.
La reducción de horario ya implementada es gradual: desde 2023 la jornada semanal disminuyó de 48 a 47 horas; bajó a 46 en 2024; se recortará a 44 en 2025 y alcanzará 42 en 2027.
Estas modificaciones obedecen a la Ley 2101 de 2021, que prevé un descenso progresivo en los próximos cinco años. La normativa aseguró que “la reducción no implica una disminución del salario del trabajador, así como tampoco una desmejora en las condiciones, prestaciones legales y extralegales con las que cuentan los empleados”.
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